México es un país megadiverso. Esta clasificación, se otorga a aquellos países que albergan un índice importante de biodiversidad, el cual, se identifica a través de la cantidad de especies y ecosistemas catalogados dentro de su territorio. Hace dos décadas, del 16 al 18 de febrero del 2002, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el Gobierno de México fue el anfitrión de la primera Reunión de Países Megadiversos Afines, celebrada en la antesala de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Como resultado de la reunión, se adoptó la Declaración de Cancún de Países Megadiversos.
En dicho documento, las naciones firmantes, destacaron la necesidad de actuar sobre una “nueva ética, en la que prevalezca la equidad en las relaciones entre países, entre hombres y mujeres, y actitudes responsables que garanticen la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica”. Esta riqueza natural de los países megadiversos representa un gran valor estratégico, económico y social, aspectos que, evidentemente, ofrecen oportunidades de desarrollo, por lo mismo, es indispensable contar con agendas publicas en común, que fortalezcan la protección de estos recursos.
También resulta indispensable, la formación de recursos humanos y capacidades institucionales, que contribuyan a la gestión, innovación y mejoramiento del marco legal y políticas públicas adecuadas, con las que se concretarán los fines de protección ambiental. Al respecto, en las últimas dos décadas, el panorama jurídico de México ha cambiado considerablemente, entre lo más relevante se encuentra: la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos del 2012; la Reforma a la Ley de Amparo; los principios y criterios interpretativos de la Décima y la Onceava Época de la Suprema Corte de Justicia; la Jurisprudencia sobre la doble naturaleza del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano.
Por otra parte, los desafíos tampoco aminoran. El cambio climático, el crecimiento urbano y los cambios de uso de suelo, la producción de alimentos, la problemática energética, la escasez hídrica, son retos que enfrentamos diariamente. Por ello, es preocupante que las personas que serán nuestras futuras mentes y cuadros jurídicos no tengan acceso a todo el desarrollo sustantivo y procesal que se ha construido en el derecho ambiental mexicano e internacional. Ya que esta materia, el derecho ambiental, no está presente de manera generalizada en los planes de estudio de las facultades de derecho, dentro del sistema de las universidades públicas estatales del país.
Algunas facultades manejan la materia solo de manera optativa, algunos casos son: las universidades estatales de Colima y de Jalisco. En otras facultades, no está presente o se encuentra subsumida dentro de otros rubros, como en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Hay otros casos, en los que se hace un tratamiento especializado del derecho ambiental, por ejemplo, en la Universidad Juárez de Durango estudian derecho forestal, y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudian derecho energético y sostenibilidad. Un enfoque muy interesante es el de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allí, la materia se denomina: tutela del ambiente y sostenibilidad.
Ante los compromisos y desafíos ambientales de nuestro país, es necesario que esta materia permanezca en los panes de estudio universitarios y sea prioritaria en la formación profesional jurídica. De otra manera, ¿cómo esperamos proteger la biodiversidad?
Yeminá Valdez-Samaniego
Investigadora Postdoctoral en El Colef
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