El pasado 23 de junio la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el 26 del mismo mes la Cámara de Senadores ratificó las reformas legales y constitucionales que amparan dicha decisión, y en las cuales se establece que las funciones del CONEVAL serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Independientemente que el INEGI tenga experiencia en recabar la información necesaria para llevar a cabo las mediciones de pobreza, que de hecho lo viene haciendo desde el 2000 cuando se estableció por primera vez por un Comité Técnico una medición oficial de la pobreza, que se basaba en la generación de líneas de pobreza rural y urbana, y a través de los ingresos per cápita de los hogares se establecía quienes quedaban por debajo de esas líneas, es decir, en alguna condición de pobreza (alimentaria, de capacidades o patrimonial). A partir de la creación del CONEVAL en 2005, el INEGI continuó como responsable de recopilar la información, pero tuvo que ajustar sus cuestionarios a la nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza, que fue aplicada por primera vez con datos de 2008.
Si bien es cierto la medición de la pobreza no es un problema técnico difícil de resolver por los expertos del INEGI, el asunto es que el CONEVAL desarrolló por mandato legal otras funciones de muy alta especialidad, como es el caso de la evaluación de políticas y programas sociales. Ambas responsabilidades, la medición y la evaluación, son centrales para mejorar el desempeño de las intervenciones gubernamentales, y con ello alcanzar niveles superiores de bienestar social.
Para el desarrollo de la política social, la medición de la pobreza provee, por un lado, los conocimientos básicos para la elaboración de diagnósticos precisos sobre la situación social en el país, los que a su vez posibilitan el diseño y la instrumentación de políticas y programas orientados a la solución de problemáticas específicas; por otra parte, desde una perspectiva más amplia, las mediciones históricas de la pobreza ofrecen información para cuantificar el impacto global del comportamiento de la economía y de las políticas públicas sobre el ingreso y el bienestar de las familias. En cierto sentido, las tendencias de los indicadores de pobreza a lo largo del tiempo permiten visualizar la panorámica del progreso social en el país.
En este contexto, la evaluación de políticas y programas resulta una tarea complementaria a la medición de la pobreza, tomando en cuenta que proporciona información muy específica que permite valorar cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la ejecución, con la intención de readecuar la intervención gubernamental y con el fin último de potenciar sus resultados e impactos sociales.
En los últimos veinte años presenciamos cambios significativos en el cumplimiento de estas atribuciones por parte del CONEVAL, como la transición hacia la medición multidimensional de la pobreza, lo cual permitió acrecentar el conocimiento sobre este fenómeno, agregando a las líneas de pobreza y pobreza extrema, la cuantificación de los rezagos en el acceso a bienes y servicios sociales considerados como derechos universales. Más recientemente hubo un nuevo avance en este sentido, al poner a disposición una nueva generación de indicadores que buscan medir el acceso efectivo de la población a los derechos sociales a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad social, así como para cuantificar las persistentes brechas de desigualdad de género y las que presentan algunos grupos sociales: mujeres indígenas, población joven, población adulta mayor o con alguna discapacidad.
Para quienes nos dedicamos a la investigación social, la información y los análisis que aportó CONEVAL fueron fundamentales para nuestros estudios y su deseada incidencia social. Sólo nos queda esperar que toda esta acumulación de conocimientos, experiencias e información se conserve y encuentre en el INEGI una plataforma para seguir avanzando.
Gerardo Ordoñez Barba.
Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colef.
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