Los cambios políticos que ha experimentado México han sido producto de un largo proceso de acumulación de reformas. A diferencia de otras experiencias internacionales, no hubo actos disruptivos, ni muertes de caudillos o levantamientos sociales. La nuestra fue una transición votada (Véase Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, FCE, 2003); de ahí la centralidad de los procesos electorales pero también de sus limitaciones.
La democracia mexicana se finca preferentemente en la recurrente presencia de los ciudadanos en las urnas; en una dinámica de va de elecciones a reformas político-electorales y de nuevo a comicios. El vetusto orden autoritario se ha ido desmontando con base en cambios lentos y complejos. No hubo acuerdos de fondo entre los actores políticos para nuestra transición, de ahí las dificultades en señalar el inicio y el fin del desmantelamiento autoritario.
Todavía más, si tomamos los requisitos de la democracia poliárquica según Robert Dahl, podemos afirmar que en términos generales se cumplen en el caso mexicano ¿Cuáles son estos? “Cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones y ciudadanía inclusiva”. Estamos ante una democracia mínima o procedimental, que tiene su momento culminante en los procesos electorales. (Robert Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Ed. Taurus, 1999, p. 99).
Otros autores van más allá de una democracia mínima o delegativa donde la definición ni siquiera alude a procesos comiciales. Hablan de una calidad democrática; efectivamente se trata de una definición normativa, es decir, las dimensiones que debería incluir. Para Leonardo Morlino la democracia de calidad refiere los siguientes ámbitos: “Gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, liberta e igualdad”, (“Calidad de la democracia. Notas para su discusión”, en Metapolítica 39, enero-febrero 2005, p. 50). Es decir, Estado de Derecho, autoridades que rindan cuentas y gobiernos transparentes, y que además cumplan con los deseos de los ciudadanos, y condiciones que propicien la libertad e igualdad política, social y económica.
Si tomamos esas definiciones, tanto la de Dahl como la de Morlino, resultan evidentes los déficits y las tareas pendientes de nuestra democracia política. Todo indica que el camino hacia una transformación del modelo institucional democrático será lento y lleno de dificultades. Sobre todo porque no existe un acuerdo de los actores políticos para iniciar una segunda transición; seguiremos el camino de las reformas para avanzar hacia una nueva institucionalidad.
Si las reformas electorales han sido el eje del gradual cambio político nacional, y ante la falta de pactos para la transformación de la vida pública, se genera un problema cuando le apostamos todo a los comicios. Los procesos electorales permiten que los ciudadanos elijan a sus representantes, es decir, posibilitan el acceso al poder. Los déficits democráticos se encuentran en la esfera de la forma en como se ejerce el poder. No podemos seguir complejizando los procesos electorales y cargando de responsabilidades a los órganos electorales. La sobrerregulación no resolverá los problemas derivados de la ausencia de una democracia de calidad. No podemos exigir a la democracia electoral lo que los actores adeudan: un pacto para una transición institucional.
Dr. Víctor Espinoza Valle
Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte
