A partir del 7 de abril de 2022, el gobernador de Texas Greg Abbott decidió realizar revisiones adicionales a las que hace la Aduana de Estados Unidos, a los camiones de carga que cruzan la frontera de México con Texas, con el argumento de que en dichos camiones se transportan migrantes no documentados y drogas prohibidas.
Esta última acción generó una crisis en los puertos fronterizos entre México y Texas por donde cruzan los traileres, debido al incremento de los tiempos de espera, que en algunos casos llegó a ser de hasta 20 horas. Lo anterior, provocó que a partir del 11 de abril se iniciara en el cruce fronterizo Pharr-Reynosa, una protesta por parte de las empresas de transporte de carga de México y otros sectores de México y Estados Unidos por la implementación de dicha política. Las cuales se extendieron a otros cruces fronterizos entre Texas y México como el puerto fronterizo de Ysleta/Zaragoza que comunica a Ciudad Juárez con El Paso y en el cruce internacional entre Piedras Negras y Eagle Pass.
Para entender los impactos es importante dimensionar la magnitud del comercio que cruza por los puertos fronterizos entre México y Texas. En 2021 el monto fue de 80.4 mil millones de dólares. De ese monto el 87 por ciento se transporta en camiones de carga por los cruces fronterizos terrestres (Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2022). Tan solo por los puertos fronterizos entre Ciudad Juárez y El Paso se exportan en promedio 12.5 millones de dólares por hora (Sotelo, 2022).
Los impactos de dicha decisión han sido múltiples, pero los mayores son de orden político, económico, ambiental y de cooperación transfronteriza.
En la parte política, dicha decisión se enmarca en su segunda campaña de reelección del gobernador Abbott, en la que ha hecho de los temas del tráfico de drogas y la inmigración no documentada el centro de la misma. Así mismo, forma parte del golpeteo de algunos gobernadores republicanos contra la administración del presidente Biden, por la decisión de terminar la orden llamada Título 42 el 23 de mayo de este año. Lo anterior, de acuerdo con el gobernador de Texas atraería a un gran número de migrantes solicitantes de asilo y causaría una nueva crisis en la frontera de Texas con México.
Ambas situaciones han sido utilizadas por el gobernador Abbott para señalar que la frontera sur de Estados Unidos está fuera de control, y que el gobernó federal de Estados Unidos no está haciendo nada, y que él si está dispuesto a intervenir. Por lo anterior, tomó diversas acciones como el envío de la Guardia Nacional de Texas a la frontera a realizar labores de contención migratoria, la participación de los aguaciles del Departamento de Seguridad Pública de Texas en revisiones de los camiones de carga procedentes de México, etc.
Los costos económicos derivados de las demoras en los cruces fronterizos entre Texas y México, en el lado de México se calcularon en 8 millones de dólares diarios (CCE, 2022). En Estados Unidos, se estimó en 9 mil millones de dólares, durante los 10 días que duraron las revisiones adicionales (Perryman, Group, 2022). Lo anterior, debido a que afectaron la cadena de suministros, principalmente en las industrias de ensamblaje, automotriz, de tecnología, etc. Además, de los impactos económicos en el incremento de los precios en productos perecederos en los supermercados (Perryman, Group, 2022).
Las protestas se hicieron sentir en diversos ámbitos del sector privado, funcionarios del gobierno y en el caso de Estados Unidos congresistas y representantes de los condados fronterizos con México.
La solución a la problemática fue la firma de memorándum de entendimiento ente el gobernador de Texas con los gobiernos estatales de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichos gobiernos fueron puestos bajo presión y no les quedó otra opción que aceptar la imposición.
Este hecho también plantea varias interrogantes en materia de los mecanismos establecidos para la cooperación binacional y transfronteriza.
1) La firma de los acuerdos se llevaron a cabo en un marco de asimetría de poder, en donde el gobierno de Texas logró su objetivo imponer sus condiciones mediante la presión económica, y los gobiernos de los estados mexicanos fronterizos con Texas, no tuvieron más que aceptar. Es decir, por lo general este tipo de acuerdos son de buena voluntad y este no fue el caso.
2) Otro elemento a destacar ¿Dónde está el gobernó federal?, encargado de la firma de dichos acuerdos. En la Constitución Política de México, se señala que solo el gobierno federal está legalmente facultado para la firma de acuerdos de cooperación con gobiernos de otro país. Las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores directamente implicadas, solo se limitaron a enviar cartas al gobernador de Texas, y en la firma de los memorándum de entendimiento ni siquiera aparecen como testigos de honor.
3) Algunos gobernadores mexicanos se comprometieron a realizar labores de seguridad fronteriza, como control migratorio y combate al tráfico de drogas, que legalmente no les corresponde, y forman parte de las funciones del gobierno federal.
5) La firma de memorándum de entendimiento, no soluciona del todo el problema, ya que persiste la amenaza del gobernador de Texas de volver a aplicar las revisiones adicionales, si no se cumplen sus demandas.
Dr. César Fuentes Flores
El Colegio de la Frontera Norte
