Actualmente en el país, entre muchos asuntos que constantemente ocurren, está sucediendo en el Alto Golfo de California una crisis que abarca el contexto social, ambiental y el económico; y el riesgo de que se agrave es alto. Es una crisis que se ha ido construyendo desde hace décadas. La región norte del Golfo de California, inicia en el delta del Río Colorado, y se localizan tres comunidades emblemáticas, San Felipe en la costa de Baja California, y en la costa de Sonora se ubican Puerto Peñasco y El Golfo de Santa Clara. Estas comunidades tienen su origen en la pesca, y se han forjado a base de esta actividad, por lo que es imposible explicar la historia de estas comunidades sin la pesca.
El gobierno ha impuesto limitaciones a la pesca en la región, tales como regulación en los métodos de pesca y designado áreas de no pesca con el propósito de proteger a la vaquita marina y al pez totoaba. Estas políticas de regulación y restricción han estado vigentes por más de cuarenta años, y desde 1994 se decretó la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado lo que implica áreas de no pesca. Sin embargo, las fallas en la gestión de los recursos marinos son persistentes y se han agravado, ya que el riesgo de extinción de la vaquita marina es latente y presuntamente la pesca ilegal de la totoaba continúa.
La situación actual en la región puede ser descrita en el significado puro de lo que una crisis implica, y que es ineludible una mayor inestabilidad. Están sucediendo eventos que pronostican empeoramiento de las circunstancias, partiendo del hecho que el sector pesquero, es decir todas las actividades relacionadas con la pesca, están prácticamente en total abandono, y el golpe de gracia fue el anuncio por parte del gobierno federal a principios de este 2020, de eliminar el estímulo fiscal a la gasolina para pesca ribereña y al diésel marino. Este anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda es un grave daño a la principal actividad económica de la región que ya ha sido bastante afectada por el embargo pesquero impuesto por Estados Unidos desde agosto de 2018, y el cual fue ratificado y extendido el pasado abril de este 2020. Este embargo prohíbe la exportación de productos pesqueros capturados en la región norte del Golfo de California y con límites al sur hasta Puerto Lobos en Sonora y Puertecitos en Baja California, representa para las comunidades costeras pérdida de empleos, perjuicio económico de 900 millones de pesos al año aproximadamente, esta es una cantidad significativa y esencial para la región, además del impacto en las cadenas de valor. En esta región el desarrollo de actividades alternativas a la pesca enfrenta muchos obstáculos pues se debe considerar que existe déficit en infraestructura urbana, elevado nivel de migración, alta dependencia en actividades económicas del sector primario, estrés hídrico, uso de suelo con deficiente control y regulación. En general, esta región ha padecido de un sistemático abandono.
Las restricciones de pesca en el área implican para los pescadores incremento en los insumos utilizados en la pesca, por ejemplo, se requiere mayor gasto en gasolina, ya que deberán navegar en promedio 120 km al sur hasta estar fuera de la región, pero además deberán usar redes aprobadas por la CONAPESCA y el INAPESCA denominadas ecológicas, pues se supone no representan riesgo para la vaquita marina. Estas políticas son económicamente ineficientes en la pesca, pero también es prácticamente inviable la posibilidad de salir a pescar considerando las distancias y el riesgo que representa por la falta de autonomía de las pangas.
Es lamentable la debacle de una actividad que en el pasado fue objeto de políticas de fomento para impulsar el aprovechamiento de los recursos marinos en nuestros mares y océanos, además en una región donde el cooperativismo tuvo auge y se crearon cadenas de valor que generaban la mayoría de los empleos, todo esto fue principalmente a partir de la pesca del camarón que ha sido una pesquería emblemática y que favoreció el desarrollo en las tres principales comunidades.
La realidad actual es que está prohibida la comercialización del camarón y otros productos pesqueros hacia los Estados Unidos y todo indica que así se mantendrá, salvo un acuerdo casi a nivel personal entre los presidentes de ambas naciones, el cual es difícil que ocurra.
No es fácil explicar de manera directa como se ha llegado a la actual situación. Esto se remonta desde la década de 1940 cuando la pesca de la totoaba estaba en su auge, y los niveles de explotación según los reportes llevaron al recurso a la sobreexplotación y hasta poner en peligro la existencia del pez. Además, las prácticas de pesca que se usaban afectaban a la población de la vaquita marina, que es un mamífero marino endémico de la región. A pesar de que se impusieron normas y regulaciones para la protección de la totoaba estas no fueron siempre ejercidas, vigiladas o eran reglas sujetas a negociación. Por consiguiente la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en 1976, enlistó a la totoaba como especie en peligro de extinción, lo cual fue determinante para la declaración de la veda total por tiempo indefinido de esta especie, también se prohibieron las redes denominadas totoaberas, afectando directamente a las cooperativas de El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora y San Felipe en Baja California, por ser lugares donde tradicionalmente se capturaba la totoaba. El otro acontecimiento relevante fue que la población de la vaquita marina se estimó entre 200 a 300 individuos y una mortalidad de hasta 10 individuos por día. Esta estimación fue el inicio de una serie de esfuerzos por contener la mortalidad de esta especie relacionada con redes totoaberas y camaroneras.
La situación actual en la región ha sido descrita en diferentes ámbitos como una crisis ambiental, lo cual es una realidad, pero la crisis ambiental en esta región tiene origen económico y social que se ha construido a partir de los procesos de gestión y manejo de los recursos pesqueros. Es necesario mencionar y señalar que la pesca en México es deficientemente administrada, padece de problemas estructurales que se han perpetuado en lo conceptual. Hay deficiencias en lo esencial como son bases de datos irregulares, y a partir de ello se generan deficientes políticas de manejo. A pesar de que existen en el país muchos y valiosos recursos científicos y técnicos, parece que los responsables de la gestión ignoran o no saben interpretar lo que los científicos y técnicos promueven. La literatura académica es abundante en el tema del Alto Golfo de California, se han generado numerosos estudios que abarcan diversas disciplinas y han descrito con detalles la problemática, pero no se refleja en las políticas de gestión.
La situación actual en el Alto Golfo de California se ha explicado desde la postura proteccionista radical hasta la perspectiva de desarrollo sostenible, pero la tendencia conservacionista ha prevalecido sobre la de desarrollo sostenible, aun cuando en los discursos y textos oficiales sucede lo contrario. Tal es el caso de la reserva de la biosfera Alto Golfo de California, que como política pública contiene los elementos constitutivos básicos: se identifica a la sobreexplotación de especies endémicas como problema, y se demanda la intervención del Estado dada la necesidad de proteger especies enlistadas en peligro de extinción debido presuntamente a las prácticas de captura.
El plan de manejo presentado en el 2007, expresa los objetivos en los mismos términos que el decreto de 1993, que son conservar y proteger los ecosistemas de la región, y enfatiza la protección de las especies endémicas en peligro de extinción. De manera particular, proyecta regular las actividades productivas para hacerlas compatibles con los objetivos de conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Así mismo promover actividades económicas y administrativas que eleven la calidad de vida de las comunidades en un marco de sustentabilidad. En ambos planes se menciona la necesidad de conocer e incluir los aspectos sociales y económicos de las comunidades colindantes en el área de reserva, pero en la actualidad los problemas ambientales, sociales y económicos se han agravado
Durante los primeros años esta reserva fue administrada conforme a los objetivos específicos del plan de manejo y las regulaciones acordes con la zonificación. Posteriormente, en el transcurso del periodo de 1996 a 2018 se declararon nuevas áreas de no pesca, zonas de restricción, se prohibieron equipos de pesca y se excluyó a los pescadores en áreas donde habitualmente pescaban, entre otras reglas. Por esta razón, se han generado continuamente decretos resultando una amalgama de regulaciones y normas, lo que ha suscitando desacuerdos con el sector pesquero. Esto se refleja en el deterioro de las condiciones socioeconómicas y los conflictos entre pescadores y autoridades, así como con organizaciones internacionales ambientalistas.
En la región del Alto Golfo de California han intervenido organizaciones de todo tipo, desde las que van y se toman la foto como fue el caso de un actor que editó un video y nunca más apareció en el área. También están algunas organizaciones ambientalista internacionales con gran capacidad financiera y mediática, que han ido ganando protagonismo al asumir la vigilancia y denuncia, además han generado animadversión por sus posturas radicales. Algunas de estas organizaciones no han tenido la sensibilidad de acercarse a los pescadores y entender las necesidades locales, al contrario, han generado señalamientos incriminatorios que han derivado en enfrentamientos entre grupos. No han desarrollado sinergia con los habitantes de las comunidades para buscar opciones de desarrollo local sostenible, y atenuar la presión sobre los recursos pesqueros. Cabe recordar la experiencia en el pasado cuando ocurrió el embargo atunero a México por parte de los Estados Unidos, y la intervención y desempeño de las organizaciones ambientalistas internacionales que obtuvieron financiamiento por parte de empresas interesadas en la protección del mercado interno de atún en ese país.
Es lamentable que el tema se vuelve “serio” para las autoridades mexicanas hasta cuando ocurren comunicados como el que hace el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en donde anuncian el embargo.
National Oceanic and Atmospheric Administration en el Federal Register / Vol. 85, No. 46 / Monday, March 9, 2020 / Notices:
Under the authority of the Marine Mammal Protection Act (MMPA), the NMFS Assistant Administrator for Fisheries (Assistant Administrator) is revoking the comparability findings for the following fisheries authorized by the Government of Mexico: Upper Gulf of California shrimp trawl fishery for both small and large vessels; Upper Gulf of California shrimp suripera fishery; Upper Gulf of California sierra purse seine fishery; Upper Gulf of California sierra hook and line fishery; Upper Gulf of California chano trawl fishery, for small vessels; Upper Gulf of California curvina purse seine fishery; and Upper Gulf of California sardine/curvina purse seine fishery for both small and large vessels. The Assistant Administrator continues the determination to deny a comparability finding for the El Golfo de Santa Clara curvina rodeo-style gillnet fishery. Compliance with the import restrictions and Certification of Admissibility described in this document is required beginning April 3, 2020, and will remain in effect until notice is published in the Federal Register indicating otherwise
Se debe entender que el embargo se mantendrá por largo plazo, pues no hay indicios por parte del gobierno mexicano por intervenir y cambiar la situación. No hay señal de que se pretenda cumplir con la comparabilidad que demanda la Mammal Marine Protection Act, y aunque el tiempo es crítico por el presunto riesgo de extinción de la vaquita también es crítico para los pescadores. Entonces se debe retomar y repensar el complejo problema sin separar la conservación del desarrollo, es decir, no excluir a los pescadores y al sector en general de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos de manera sostenible, los pescadores forman parte del entorno del Alto Golfo, y cualquier propuesta de solución tendrá implicaciones complejas.
La sinopsis descrita sirve para argumentar que como país corremos el riesgo de quedarnos rezagados y al margen de los beneficios potenciales que existen al planear de manera pragmática el aprovechamiento de los recursos pesqueros.
Considerando que la vejiga natatoria (buche) del pez totoaba del Golfo de California es altamente cotizada en los mercados de Estados Unidos y países asiáticos pues existe alta disponibilidad a pagar por el producto, y así mismo existe la disponibilidad a ofrecer el producto como resultado de los altos precios que se paga.
Además, tomando en cuenta que hace más de 30 años que la totoaba pasó de ser una especie regulada a una especie protegida en veda total. Y en la actualidad no existe un estudio oficial que informe cual ha sido el impacto de esta política o políticas de protección y repoblamiento. Urge generar grupos interdisciplinarios de trabajo entre científicos que describan los aspectos ecológicos de la especie y los aspectos sociales y económicos de los pecadores en las comunidades, además urge conocer esquemas de gestión y manejo, aunado con la estructura de oferta y demanda.
En caso que la población o poblaciones de totoaba estén en condiciones óptimas para su aprovechamiento, esta información debe ser incorporada a los análisis de la estructura de mercado, conocer información técnica que mencione alternativas para generar un producto con valor agregado de tal manera que la explotación no solo sea la extracción del buche o vejiga. También se deben buscar alternativas de mercado que permitan incrementar el impacto económico mediante nuevas industrias, de tal manera que se generen empleos en las cadenas productivas, y así maximizar los efectos multiplicadores de la pesquería en las economías regionales.
Todo lo anterior puede ser posible si y solo si, el estado de la población o poblaciones se encuentra en niveles óptimos, se determine los niveles de esfuerzo pesquero y las artes de pesca que no afecten el medio natural. Se estudien los mercados nacionales e internacionales, se conozca la oferta y demanda, se conozcan las comunidades de pescadores y se estructuren esquemas de asignación de acceso al recurso, para generar beneficios sostenibles de impacto regional mediante la creación de empleos en toda la cadena productiva. Para esto se requiere una seria regulación y disminuir el riesgo de la corrupción tanto de los responsables de gestión, como de los pescadores y comercializadores, desafortunadamente la administración pesquera en este país es insuficiente.
Un importante factor que puede impulsar la corresponsabilidad en la posible explotación racional de la totoaba es continuar con el programa de repoblamiento que ha probado ser exitoso, este puede mantenerse con fondos federales a través de instituciones como Universidades e Institutos, hacer partícipes a los pescadores (permisionarios o concesionarios) como co-financiadores del programa de repoblamiento, mediante el pago de un impuesto o valor del volumen capturado y que este fondo se destine a mantener el programa.
¿Por qué esta propuesta?, con el propósito de reducir la externalidad por pesca, sería socialmente justo que los pescadores o la cadena en la pesquería aporten a los costos sociales para mantener el stock en niveles óptimos internalizando los costos del programa de repoblamiento. Así, la actividad pesquera aportaría al beneficio social, y se reduciría el riesgo de sobreexplotación.
Considerando también que las técnicas de crianza y engorda de totoaba han alcanzado un nivel exitoso en los laboratorios, existen posibilidades de que esta técnica sea adquirida por la iniciativa privada e instalen en otros países áreas de reproducción y engorda en criaderos similares a los que se usan en los ranchos atuneros. Ante tal probabilidad, este producto puede acceder a mercados asiáticos comprobando que proviene de criaderos bajo condiciones controladas con etiqueta de producto ecológico, o amigable con otras especies, así la demanda se satisface y se genera la rentabilidad de manera legal, esto influye de tal forma que con el tiempo el precio del buche de totoaba alcance niveles menos exorbitantes como los que se ha mencionado que existen.
El impacto de ese escenario no óptimo de mediano plazo sería de tal magnitud en el Alto Golfo que nos quedaríamos con los pescadores empobrecidos y lamentando haber perdido una oportunidad de beneficio económico. Tal y como sucedió con la legalización del cannabis en Estados Unidos, allá ya tienen marcas registradas, uso de alta tecnología y un mercado valuado en 12 mil millones de dólares anuales, y aquí nos quedamos con la ilegalidad, los pobres, los desplazados y los muertos.
Dr. Carlos Israel Vázquez León
El Colegio de la Frontera Norte
