Es preocupante la aparición cada vez más frecuente de noticias en los medios locales y nacionales que hablan de impactos al medio ambiente, donde invariablemente sale a relucir una falta de observación a las normatividades ecológicas vigentes, ya sea por su supuesto desconocimiento o por acciones discrecionales de los diferentes niveles y actores involucrados.
Situaciones como la destrucción sistemática de las áreas de manglares en el país; el asunto de Sempra Energy en Baja California; el proyecto turístico Cabo Cortés en Baja California Sur; el caso de la minera San Xavier en San Luis Potosí, y aquí mismo en la zona metropolitana el proyecto de construcción de un estadio en el bosque La Pastora, por mencionar sólo algunas, parecen dar cuenta de una grave y progresiva inconsciencia oficial en torno a los efectos que como especie estamos infligiendo a nuestro ambiente natural.
La actual Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene tras de sí un largo historial que se fundamentó en principios muy claros de conservación y protección, en respuesta a los efectos que el modelo de desarrollo vigente estaba generando en los recursos naturales del país, así como a las tendencias y acuerdos globales surgidos en este campo.
En la búsqueda por ampliar y asegurar la protección de nuestro patrimonio natural, los marcos legislativos han experimentado profundos cambios y adiciones. Nadie puede decir que México no cuenta en la actualidad con instituciones en torno al medio ambiente que sean equiparables con los países desarrollados.
¿Qué ha sucedido en estas décadas? Ciertamente en la creación de Semarnat coincidieron factores muy específicos, como la presencia de una generación de funcionarios gubernamentales conocedores y comprometidos con la protección del medio ambiente y los recursos naturales del país. Esta visión, tal vez un poco idílica, se ha ido perdiendo en parte porque la protección ambiental no es un tema fácilmente compatible con otros objetivos nacionales, cuya tasa de retorno es mayor y más rápida.
El enfoque empresarial parece adueñarse crecientemente del actuar de los diferentes niveles gubernamentales, en conjunción con los intereses privados. Las ONG ambientalistas se mueven cada vez más en un terreno poco amigable y solidario, y la desinformación en todos los ámbitos se vuelve el denominador común.
Ante el panorama anterior es difícil pensar en soluciones que no impliquen un cambio drástico en la aplicación de los marcos normativos ambientales a nivel federal. Esa reflexión corresponderá al gobierno entrante en diciembre de este año. Entre tanto, lo poco que se pueda avanzar dependerá en buena medida del papel y esfuerzos tanto de la academia como de la sociedad civil al interior del país, para mantener vivos los principios del desarrollo sustentable.
