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“La cereza en el pastel”: Índice Global de Crimen Organizado, redes de corrupción transnacional y el colapso del paradigma de “abrazos y no balazos” en la seguridad pública de la 4T

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Opinión de José Alejandro García Galván de El Colegio de la Frontera Norte

viernes 28 de noviembre de 2025

Situación crítica de México en el Índice Global de Crimen Organizado 2025

En el año 2025, México se posicionó mundialmente como uno de los epicentros más alarmantes en materia de criminalidad organizada. El Índice Global de Crimen Organizado (Global Organized Crime Index) ubicó al país como líder absoluto en mercados ilícitos, con una puntuación de 8.27 sobre 10, y como el tercer país del mundo en criminalidad total (7.68/10), solo superado por Myanmar y Colombia. Esta radiografía internacional identifica a México como una nación donde los grandes cárteles, la diversificación de mercados ilícitos y la corrupción sistémica han consolidado un ecosistema criminal robusto.

El puntaje de “resiliencia” del Estado mexicano frente al crimen organizado refleja la incapacidad para contener, investigar y desmantelar estas redes: México apenas alcanzó un 4.5 de 10 en cuanto a robustez institucional, situándose en la parte baja del ranking global en materia de prevención y reacción estatal ante la expansión criminal. Los expertos subrayan que la infiltración del crimen organizado en instituciones gubernamentales y económicas es un factor que fortalece la posición de los actores criminales y condiciona la gobernanza y el desarrollo nacional.

Explosión de redes de corrupción con vínculos internacionales

La consolidación criminal en México está íntimamente entrelazada con la corrupción gubernamental. A lo largo de 2025, investigaciones revelaron la existencia de una vasta red de corrupción que involucra altos funcionarios —incluidos mandos de la Secretaría de Marina— en delitos de enriquecimiento ilícito, manipulación aduanera, robo de combustibles y colaboración directa con cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estas investigaciones no solo sacudieron la política mexicana, sino que tuvieron un alcance internacional, involucrando intereses y actores estadounidenses y evidenciando la porosidad de las redes institucionales frente a la cooptación criminal.

Sectores empresariales y políticos, tanto nacionales como extranjeros, han sido señalados por su complicidad, y la presión internacional, particularmente desde Estados Unidos, se ha intensificado, condicionando la cooperación bilateral, la inversión extranjera y hasta la revisión de acuerdos clave como el T-MEC (USMCA).

Fracaso terminal de la política de “abrazos, no balazos”

La llamada Cuarta Transformación (4T) de México, encabezada primero por López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, apostó en sexenios recientes por una política de seguridad pública denominada “abrazos, no balazos”, cuyo fundamento era privilegiar la contención social y la no confrontación directa frente a los cárteles, así como apostar por programas sociales para prevenir la violencia. Sin embargo, el resultado —según cifras oficiales y análisis de actores internacionales— es devastador: más de 200 mil homicidios, más de 50 mil desaparecidos, expansión de mercados ilícitos y la aparición de al menos 20 nuevos grupos criminales durante el periodo. 

A pesar del discurso oficial, la evidencia indica que las omisiones o la estrategia de no confrontación directa permitió el arraigo, diversificación y expansión territorial de los grandes cárteles. El abandono de las policías municipales, la militarización sin controles efectivos y la apuesta casi exclusiva por transferencias sociales han dejado un país polarizado, con regiones capturadas por economías criminales y un Estado que privilegia la negación estadística de la violencia sobre su combate real. 

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, aunque formalmente se evita el eslogan, el entorno de violencia e inseguridad forzó un viraje: el gobierno retomó acciones militares más directas y promueve reformas constitucionales respaldadas por actores de oposición, que buscan revertir el fracaso evidente de la política anterior y restaurar mecanismos de control institucional y rendición de cuentas. 

Conclusión: El desenlace de la estrategia fallida

El binomio entre cárteles poderosos, mercados criminales en expansión y redes de corrupción transnacional coloca a México en una situación límite que trasciende el paradigma del “abrazos, no balazos”. La coexistencia de políticas blandas, captura institucional y criminalidad transnacional instala “la cereza en el pastel” de una crisis de seguridad pública ya insostenible. Los retos futuros exigen una reforma profunda del aparato de seguridad y justicia, control democrático sobre las fuerzas armadas y reconstrucción de las capacidades civiles de investigación y judicialización, así como una coordinación internacional mucho más efectiva en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Sin esta transformación, los resultados seguirán siendo una criminalidad rampante, el debilitamiento del Estado y el riesgo de exclusión de mercados internacionales clave por falta de gobernanza, legitimidad y resiliencia institucional.

Preguntas de Reflexión

  1. ¿Hasta qué punto la negación estadística de la crisis de seguridad durante la administración López Obrador fue una estrategia deliberada de reconfiguración de prioridades políticas, o refleja más bien una desconexión profunda entre el análisis académico independiente y la retórica oficial del Estado mexicano en materia de seguridad pública?
  2. Si la corrupción de altos mandos de la Secretaría de Marina fue detectada internamente desde 2023-2024 pero tardó meses en procesarse, ¿qué mecanismos institucionales permanecen capturados o debilitados que expliquen esta lentitud en la persecución de delitos de corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad del Estado?
  3. ¿Puede un cambio de paradigma en la política de seguridad (de «abrazos, no balazos» hacia un modelo de inteligencia y control civil) ser efectivo sin una transformación simultánea de la capacidad investigativa y judicial para procesar el acervo de casos de corrupción, desapariciones forzadas y delincuencia organizada acumulado en seis años?

¿Y usted qué opina?

Referencias:

José Alejandro García Galván
El Colegio de la Frontera Norte, Dirección General de Asuntos Académicos.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte.

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