En su libro La administración del miedo, el filósofo y urbanista francés Paul Virilio afirma que hoy en día es razonable tener miedo, no sólo por la diversidad e incremento de amenazas, sino también porque se ha perdido la esperanza en un Estado que no garantiza más la seguridad personal ni social de la ciudadanía, sino una seguridad “globalizada” que atenta contra la propia democracia.
Por supuesto, las reflexiones de Virilio se remiten a otros contextos, pero muy bien pueden aplicar para entender el miedo que ha predominado entre gran parte de la ciudadanía mexicana, y para comprender la incapacidad que tuvo el Estado mexicano en el último sexenio para garantizar la seguridad de miles de ciudadanos, tanto del país como del extranjero.
Los migrantes son un buen ejemplo de lo anterior, y seguramente aquellos asesinados en San Fernando en 2010 fueron un caso que hizo pública la administración del miedo en el país: cruzar por este pueblo u otros de la frontera, ser levantado por algún grupo, toparse con algún retén pirata, ser asaltado, herido; en suma vivir con el temor o la angustia de poder morir en el trayecto.
El último sexenio también evidenció cómo el miedo fue administrado en territorio nacional y cómo lo vivieron los migrantes. Uno de los personajes que representaron este miedo, entre varios, fue Salvador Martínez Escobedo, conocido como LaArdilla, y según la Secretaría de Marina uno de los presuntos homicidas de los migrantes de San Fernando.
A decir de un reporte de esta institución mexicana, LaArdilla era un hombre que a pesar de su juventud tenía una amplia trayectoria dentro del crimen organizado: fugas, secuestros, tráfico de armas y asesinatos no sólo de migrantes mexicanos y centroamericanos, sino también de un ciudadano estadunidense. En suma se trataba de un hombre que administraba el miedo.
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI en 2011 y 2012, son una prueba de lo anterior: la ciudadanía dejó de confiar en sus instituciones ante el miedo prevaleciente; los reportes emitidos por algunos medios de comunicación electrónica también evidenciaron casos de migrantes asesinados o desaparecidos en diferentes ciudades y pueblos fronterizos, además de San Fernando.
Ante panoramas como el anterior, la Caravana de la Esperanza, un grupo de centroamericanas que son madres y hermanas de migrantes, creada en el 2001, han pisado el territorio nacional exigiendo al gobierno, a sus instituciones, el alto a la violencia contra los migrantes, contra sus hijos y hermanos, pero sobre todo, demandando justicia por sus muertos asesinados en el noreste.
Su movimiento no sólo ejemplifica las formas de organización social de la sociedad civil ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad, sino también una manera de desenmascarar cómo opera el miedo y la necesidad de hacerle frente a través de la justicia social y penal, de la confianza y de la esperanza en un mundo mejor.
Sin duda, LaArdilla y La Caravana representan dos caras: una que emite miedo y otra que lo enfrenta; una que asesina migrantes y otra que clama justicia para ellos. Y como si no fuera suficiente, en noviembre pasado la PGR incineró los restos de aquellos asesinados en San Fernando, según un artículo de la revista Proceso (No. 1886), lo cual deja entrever otra forma de miedo entre las instituciones y hacia la ciudadanía. Sólo nos queda la esperanza en el 2013.
