[:es]La administración del Presidente Donald Trump y la relación con México: a un año de su elección, 2016-2017[:]

[:es]El contexto

El triunfo de Donald Trump en noviembre del 2016 refleja la dificultad de una candidatura demócrata de Hillary Clinton, con propuestas generales de política pública para las comunidades mexicanas, hispanas y en general anglosajonas y afro americana. En general, la ex secretaria Clinton no se acercó totalmente a las principales demandas sociales de esos grupos, en especial en materia de salud, empleo, reforma tributaria, educación y migración. Además, su marketing fue muy limitado, con lo cual no se acercó a los deseos y expectativas de una sociedad heterogénea social y política. No es lo mismo un Berkeley progresista liberal, que Arkansas, conservador y con matices religiosos.

A estas demandas se acercó un candidato Donald Trump pragmático, con un discurso preciso, retórico y cercano a la diversidad social del centro y sur de Estados Unidos. En el transcurso de estos meses como Presidente, Trump ha seguido fortaleciendo sus bases ideológicas de centro, con un discurso que ha dividido a la sociedad estadounidense, en temas tales como control migratorio, seguridad internacional y en parte la influencia rusa en el proceso electoral. Según una encuesta de The Washington Post –citado por El País, 5 noviembre 2017- “el 70% de los encuestados considera, que EEUU vive una división similar a la que generó la Guerra de Vietnam”. Y otro tanto cree que su administración es “disfuncional”. Todo lo cual se refleja en una valoración por debajo del 40%, la más baja de un presidente a un año de su elección. En ese contexto, la economía de Estados Unidos sigue creciendo: el mercado laboral registró 261.000 nuevos ocupados en octubre pasado, frente a los 18.000 empleos en septiembre. La tasa de paro cae una décima, al 4,1%, – la más baja desde el año 2000-. Además, la tensión generada con Corea del Norte en los últimos meses, puede dar pie a algún tipo de respuesta estratégica del gobierno de Trump, que fortalecería el nacionalismo y su hegemonía internacional.

Las implicaciones de las políticas del Presidente Trump

Uno de los principales países que se ha visto afectado en sus relaciones con los Estados Unidos ha sido México. Entre las principales propuestas de la administración Trump están la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. Tolerancia cero para inmigrantes que cometan crímenes en Estados Unidos. Otra iniciativa es  bloquear los fondos federales para las ciudades que no reporten la presencia de inmigrantes irregulares en sus comunidades. También el Ejecutivo ha propuesto revertir las órdenes ejecutivas sobre inmigración decretadas por Barack Obama y también ha planteado una reforma del sistema de inmigración que beneficie a los estadounidenses, en particular aquellos con bajos salarios.[1]

Estas iniciativas han polarizado tanto la relación con el gobierno mexicano y con las principales ciudades estadounidenses en donde se concentra la mayor parte de la población mexicana irregular y regular –cerca de un 70 por ciento-. En el caso de estas ciudades sus demandas judiciales han impedido que la administración renueve la implementación de la política de Comunidades Seguras, que implica una mayor colaboración con las autoridades migratorias federales para detener y deportar a los migrantes irregulares. El Ejecutivo propuso de nuevo su implementación en el Memorándum de febrero de 2017 donde se restablece el programa 287g.[2] La suspensión ha impedido las expulsiones masivas de migrantes que se esperaban en los primeros meses del gobierno de Trump. Otra de las políticas de la administración Trump ha sido la Suspensión DACA (Acción Diferida para Arribos en la Infancia) hasta el 5 marzo 2018. De esta manera, el Congreso deberá legislar sobre algún mecanismo que permita legalizar a cerca de 800 mil migrantes irregulares que arribaron a edad temprana a Estados Unidos. Finalmente, el gobierno de Trump ha propuesto al Congreso la contratación de 370 jueces migratorios, mil abogados migratorios para el Servicio de Aduanas, 10 mil agentes para Inmigración y aduanas (ICE) y 300 fiscales federales para asuntos migratorios.

La política actual de seguridad fronteriza de Estados Unidos ha fortalecido los enfoques de control fronterizo y de criminalización hacia los migrantes. El fundamento legal de dicha política es la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1101 et seq.) (INA), la Ley del Cerco Seguro de 2006 (Ley pública 109367) (Ley del Cerco Seguro), y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Ley pública 104208 Div. C) (IIRIRA), orientadas a garantizar la seguridad y la integridad territorial de Estados Unidos.

En materia de narcotráfico, la administración Trump ha asociado la construcción del muro como una alternativa para reducir el tráfico de drogas procedente de México, en especial cocaína, metanfetaminas y heroína. En este sentido, el Ejecutivo ha reiterado su preocupación por las miles de muertes de consumidores habituales de heroína en los últimos años. Adicionalmente el gobierno estadounidense ha expresado su interés por atender el problema del tráfico de armas y lavado de dinero en las fronteras.

En el tema de la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), igualmente se han polarizado las posiciones del gobierno de Estados Unidos, argumentado que los bajos salarios en México han implicado la fuga de industrias estadounidenses, con lo cual, no se generan empleos en Estados Unidos.

¿Cuáles son los escenarios en el corto plazo?

En este aspecto, se mantendrá la negociación política entre el Ejecutivo y el Congreso a pesar de las dificultades de generar acuerdos del Presidente Trump; se concederá un presupuesto limitado para seguir construyendo muros en las fronteras de mayor cruce de migración irregular hacia Estados Unidos; y se considera que se mantendrá un DACA limitado. A cambio de estos apoyos,  el Congreso estadounidense  apoyaría el resto de las iniciativas de seguridad fronteriza (personal y tecnologías) y finalmente, no se restringirán derechos o sus competencias a las  ciudades santuarios para colaborar con autoridades federales en materia de control migratorio.

En materia del TLCAN, se espera que se restringa y se plantee la necesidad de fortalecer el empleo y las políticas de bienestar en la región. Estas iniciativas se limitarán, porque el Congreso tiene otras prioridades federales (salud, reforma fiscal y generación de empleos).

Las iniciativas de seguridad fronteriza del gobierno estadounidense implican la integración de agendas de seguridad nacional, seguridad pública, terrorismo, narcotráfico, derechos humanos, criminalización y desarrollo.[3] Por ende, las respuestas implican un modelo de gobernanza estratégica transversal y con políticas interinstitucionales.

El debate sobre la construcción del muro fronterizo ha fortalecido las diferencias con México, en un marco en que es difícil su total construcción, por limitaciones presupuestarias, otras prioridades y las diferencias políticas entre republicanos y demócratas. Contexto que se distingue de la administración Obama, ya que su gobierno promovió mecanismos de cooperación, de diálogo, de flexibilización de la frontera para el tránsito regular de personas y para la circulación de bienes económicos.

¿Cuáles son las opciones para México?

México debe definir una agenda de colaboración en los problemas centrales planteados por la administración Trump: seguridad fronteriza integral, control de armas y narcotráfico y lavado de dinero. Se requiere una nueva gobernanza de la frontera, con base de una política que implique una eficaz seguridad fronteriza del lado mexicano y de fortalecimiento del Estado de derecho y de políticas transversales en el tejido social fronterizo. Los logros en Ciudad Juárez son un ejemplo a replicar, según contextos diferenciados. El próximo proceso electoral mexicano da pie a redefinir la relación con el Presidente de Estados Unidos, en donde los temas de corrupción, transparencia, rendición de cuentas y eficacia antidrogas, deben ser parte de una nueva agenda.

Destacar los avances de las iniciativas de la Frontera del Siglo XXI y el Diálogo Económico de Alto Nivel, que han representado logros para el fomento de la competitividad fronteriza y en general, políticas de infraestructura, educación,  desarrollo tecnológico y mayor agilidad en los cruces fronterizos. En general, la Frontera del Siglo XXI ha permitido fortalecer una frontera más segura desde los atentados en septiembre del 2001 y a su vez, han aumentado los flujos  en los cruces fronterizos.

De igual manera, México debe enfatizar en distintos círculos de decisión que el TLCAN ha generado empleos en ambos lados de la frontera y ha incentivado el comercio, la inversión, la infraestructura y ha dinamizado tanto el comercio binacional, las compras fronterizas, así como parte de mercados laborales y comerciales.

El gobierno mexicano también debe adjudicarse el compromiso nacional de reducir el flujo de migrantes con efectivas políticas de desarrollo local y comunitario, en un contexto en que será mucho más difícil y costoso el rubro de la migración irregular –sobre todo de jóvenes- por el control fronterizo en Estados Unidos.

Y en general, fortalecer el papel de los Consulados Generales mexicanos en Estados Unidos con una mayor incidencia en el sistema judicial y migratorio, que permita una política integral de protección de los derechos civiles, derechos humanos, además de enfatizar los aportes de las comunidades inmigrantes mexicanas en los distintos círculos políticos, económicos y culturales en Estados Unidos.

La política exterior mexicana se enfrenta al reto de dar resultados concretos bajo una eficaz coordinación de una  política integral, en la cual se opere una agenda diversa desde seguridad,  migración,  comercio o cruces fronterizos, bajo una eficaz coordinación interinstitucional tanto binacional como transfronteriza.

En suma, los contrapesos en el sistema político estadounidense han dificultado que varias de las iniciativas ejecutivas en materia de migración y seguridad fronteriza no se hayan implementado en este primer año de la administración Trump. De ahí la importancia de seguir impulsando la investigación y el análisis estratégico de los Estados Unidos y sus implicaciones para México y sus comunidades fronterizas.

Dr. José María Ramos García

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