Nuestro país, que es reconocido como el segundo bioculturalmente más rico del mundo después de Indonesia, enfrenta un enorme desafío para conciliar su enorme diversidad biológica y cultural con un modelo propio de desarrollo sustentable que deje atrás la idea del crecimiento económico ilimitado, mismo que históricamente ha destruido tanto el medio ambiente como la diversidad cultural. Así, en medio de la llamada «triple crisis planetaria»—cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación masiva— (ONU-PNUMA, 2022); la urgencia por procurar justicia y proteger el patrimonio biocultural se ha vuelto inaplazable. Sin embargo, la distancia entre el paradigma biocultural y su aplicación efectiva por medio de los postulados de la justicia ambiental e hídrica sigue siendo inmensa. El presente texto ofrece argumentos y un posicionamiento crítico sobre los avances, contradicciones y obstáculos estructurales que enfrenta la defensa del patrimonio biocultural en el país.
La idea de la bioculturalidad surgió a finales del siglo XX como un paradigma científico que integraría cultura, biología, antropología y ecología. Como bien señaló el reconocido investigador Víctor Toledo, no podemos comprender el mundo biológico sin atender el contexto sociocultural. Por eso los territorios y regiones de México no son meros espacios físicos, sino escenarios donde se han tejido por milenios conocimientos ancestrales, prácticas agrícolas, lenguas y cosmovisiones enteras. Así, el concepto de bioculturalidad parte de una premisa quizá “revolucionaria”: la diversidad biológica y la diversidad cultural han co-evolucionado a lo largo de la historia. Toledo ha demostrado esta relación con evidencia empírica al analizar las 35 regiones de alta biodiversidad del planeta, donde encontró que en ellas se concentra el 68.5% de las lenguas originarias (indígenas) del mundo. Así que el traslape entre riqueza biológica y cultural es innegable. La bioculturalidad se define entonces por la interacción de tres criterios: biodiversidad, agrodiversidad y etnodiversidad, donde México emerge como uno de los países más ricos bioculturalmente hablando. Esta condición, como ha señalado Toledo, debería orientar toda una visión de Estado: líneas de investigación, políticas públicas y actitudes sociales.
Pero el legado de Toledo y otros como Boege o Barrera-Bassols, quizá trasciende la academia como impulsores del concepto de “memoria biocultural”, porque en su visión la crisis ecológica global tiene un nombre: la enorme y grotesca concentración del capital, que es el precursor más agresivo que atenta contra las formas y estilos de vida tradicionales. Tal vez por ello, el enfoque biocéntrico —que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos— ha comenzado a permear en las instituciones públicas del país, aun con sus cotradiccciones y retrocesos evidentes. Por ejemplo, La Corte (SCJN) ha insistido en adoptar una construcción ecocéntrica del derecho al medio ambiente. Y claro que pasar de una visión antropocéntrica a una biocéntrica no es un cambio menor en un sistema político-legal tan simulador, rígido y legalista; pues implica nada menos que colocar la vida, en todas sus formas, en el centro de las decisiones jurídicas y políticas. Sin embargo, no es ni con mucho suficiente, puesto que el salto del discurso oficial a la práctica cotidiana enfrenta barreras formidables. Y es La propia Corte la que ha reconocido que existen importantes obstáculos procedimentales para acceder a la justicia ambiental: regulaciones complejas, costos elevados y la dificultad de generar evidencia científica. Y no solo eso. Estas barreras afectan desproporcionadamente a las comunidades más afectadas (indígenas y campesinas), quienes precisamente resguardan y protegen la mayor parte del patrimonio biocultural de México. Sabemos también que muchas de las sentencias más “progresistas” de La Corte no se aplicaron o no se aplican y que persisten interpretaciones restrictivas y en ocasiones abiertamente contrarias a los derechos de pueblos y comunidades y también al interés general, donde el poder económico “dobla” una y otra vez la institucionalidad del Estado. Otro día hablaremos de algunas de ellas y de los dispares resultados que han ofrecido.
Un ejemplo reciente de incumplimiento, entre muchos otros, ilustra esta brecha. En 2025, la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, obtuvo una sentencia favorable de la Corte que le restituía territorios ancestrales. Sin embargo, la ejecución del fallo ha enfrentado amenazas contra defensores, violencia, dilaciones judiciales y la negativa de privados y autoridades locales a cumplirlo. Este caso revela claramente que el reconocimiento jurídico no garantiza justicia efectiva cuando el poder económico y la inercia burocrática se interponen. En contraste, las comunidades originarias de Wirikuta, en San Luis Potosí, lograron detener megaproyectos mineros gracias a la movilización social sostenida y al acompañamiento de organizaciones civiles, demostrando que la presión organizada puede inclinar la balanza cuando el aparato judicial resulta insuficiente.
Pero en 2026 el país entero sigue dependiendo de un modelo económico depredador, caracterizado ampliamente desde hace décadas como extractivista. Proyectos mineros, energéticos y de infraestructura continúan avanzando sobre territorios y regiones, muchas veces con la complacencia o descarada participación activa de agentes del Estado. Así que la concentración del capital que denuncia Toledo no es una abstracción: se materializa en concesiones mineras que cubren más del 25% del territorio nacional, en megaproyectos turísticos o industriales que despojan a comunidades costeras (La Bahía de Ohuira, en Sinaloa, es un claro ejemplo) y en monocultivos que destruyen o desplazan sistemas agroecológicos milenarios como la milpa. Así que la contradicción es evidente, pues mientras en el discurso se abraza la bioculturalidad, desde la política económica se permite el despojo y/o la contaminación y destrucción ambiental. Y este desfase no es un accidente, sino una característica estructural del modelo de “desarrollo” que se sigue desde hace décadas. ¿Hasta dónde están dispuestas las instituciones públicas a incomodar a los actores económicos que sostienen el supuesto crecimiento del país? Por lo demás, sabemos que los conflictos ambientales en México suelen resolverse —cuando se resuelven— después de años o décadas de litigios. Para entonces, el daño será quizá irreversible o las comunidades habrán sido desplazadas, donde además la impunidad en delitos ambientales (como en todos los demás) es la norma y no la excepción. Sensibilizar y formar a más jueces y defensores-as en estas materias es necesario, pero también insuficiente si no hay amplio consenso y voluntad social para prevenir el daño ambiental. Se comprenderá entonces que el acceso a la justicia ambiental sigue siendo casi un privilegio, donde los pueblos y comunidades que logran litigar exitosamente suelen hacerlo gracias al acompañamiento de organizaciones civiles y no por la eficacia del sistema institucional, por lo que la protección del patrimonio biocultural requeriría una transformación profunda de las reglas procesales, los plazos y los costos del litigio. También sabemos que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defender el medio ambiente y el territorio asociado, porque activistas, líderes indígenas y periodistas son asesinados con alarmante frecuencia, donde la violencia no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática de criminalización de la defensa territorial. Las comunidades que resisten a los megaproyectos son acusadas de delincuencia organizada; sus líderes son encarcelados o asesinados y sus territorios militarizados. El paradigma biocultural se enfrenta así a la lógica del capital y el poder, que no parece detenerse ante argumentos éticos. Por eso la participación ciudadana es fundamental para que el paradigma biocultural sea una genuina herramienta de cambio y transformación social, pues corre el riesgo de ser desactivado por discursos demagógicos de todo tipo de políticos, empresarios o activistas ambientales que simulan cambios sin traducirlos en hechos. Por eso la verdadera prueba está en los territorios donde pueblos y comunidades enfrentan la violencia del despojo.
Podemos decir entonces que la obra de Toledo y otros nos ha legado un marco conceptual muy poderoso para comprender la crisis civilizatoria en la que vivimos y aprender que las alternativas viables están ahí: surgen desde los pueblos y comunidades que aún conservan su relación con la tierra, donde los 68 pueblos originarios de México representan una reserva fundamental de conocimientos, resiliencia y alternativas para enfrentar las numerosas crisis. Pero no podemos confundir el avance del paradigma con la transformación de la realidad. La justicia ambiental seguirá siendo quizá una lejana aspiración colectiva mientras el extractivismo, la impunidad y la violencia contra defensoras prevalezcan. Por eso quizá el mayor cambio pendiente no está en los discursos ni en los marcos conceptuales, sino en el desarrollo de capacidades colectivas para que las comunidades defiendan con éxito sus territorios, así como en la voluntad efectiva del Estado mexicano (respaldada en hechos y no en discursos) para proteger a pueblos y comunidades del despojo y de la creciente violencia ambiental.
Enrique F. Pasillas Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Estancia postdoctoral.
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