Mientras el gobierno de México adopta una posición de abúlica pasividad bajo la premisa de que la migración de sus nacionales a Estados Unidos es una “cuestión interna” de ese país, –como lo afirmara el nuevo Embajador de México en Washington– con el asentimiento virtual de la Cancillería, el destino de cientos de miles de ciudadanos mexicanos está siendo debatido entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la central sindical AFL-CIO, según lo informa un artículo de Ashley Parker del New York Times del 22 de febrero titulado: Visas are urged for lower skilled workers (Visas para trabajadores poco capacitados están siendo urgidas). Máximos representantes del capital y del trabajo de Estados Unidos están negociando sobre trabajadores migratorios mexicanos como si se tratara de un “recurso natural renovable” que fuera propio de ese país.
Mientras tanto, el país al que pertenecen esos trabajadores, los trata como si fueran gente de otro planeta con quienes el gobierno de México no tuviera nada que ver. Lo malo es que esa conducta irresponsable y violatoria de las leyes mexicanas que le imponen a nuestro gobierno la obligación de defender los derechos de los mexicanos en el extranjero, ha permeado por todo el Estado mexicano. La prueba está en que nadie del Poder Legislativo ha llamado a cuentas al Poder Ejecutivo por la violación a la Ley Mexicana que implica la desasociación expresa que ha hecho nuestro gobierno al calificar al fenómeno migratorio de mexicanos en Estados Unidos como una “cuestión interna” del país vecino. Es decir, como algo que no nos concierne o que nos es ajeno.
Es evidente que al gobierno del Presidente Peña Nieto no “le ha caído el veinte” de la internacionalidad inherente a ese fenómeno migratorio de mexicanos que responde a la interacción bilateral de una demanda de la fuerza de trabajo de nuestros migrantes que es producida de manera endógena desde Estados Unidos, que interactúa con una oferta laboral producida en México. Esa oferta no es de pepinos ni de zanahorias. Es de seres humanos con derechos –nuestros seres humanos –. Esos derechos están siendo ignorados por el Estado mexicano (tanto por el poder Ejecutivo que se desentiende de nuestros migrantes como de algo ajeno, como del Poder Legislativo por permanecer callado ante tal violación del Artículo primero de la Constitución de nuestro país). Esta violación no debe tomarse a la ligera pues implica un “y yo por qué” que hiciera tan emblemático de un acto de irresponsabilidad un Presidente de cuyo nombre no quiero acordarme.
De persistir tal actitud de nuestro gobierno, poco o nada podemos esperar de su actuación en defensa de nuestros connacionales, cuando Estados Unidos decida sobre su política migratoria. Por ahora, el artículo citado del New York Times sugiere la posibilidad de que el debate en Estados Unidos sobre una “reforma migratoria”, acabe en una propuesta de lo que equivaldría a un nuevo “programa de braceros” –que haría que se revolcara en su tumba el Dr. Ernesto Galarza autor de la historia mejor documentada (Merchants of Labor)– de lo que fue para los trabajadores migratorios mexicanos aquellos “programas” que enrolaron a más de 4 millones de mexicanos de 1942 a 1964. Por cierto, a algunos de ellos aún no se les regresa la parte de sus ahorros que les fuera robado por el gobierno de México de aquel entonces. (Una amplia referencia a esos hechos aparece en mi libro Migraciones Internacionales y Derechos Humanos publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).
Por las razones anteriores y como ciudadano consciente de mis derechos, deseo interponer públicamente una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que debe considerarse una violación constitucional (Artículo Primero) en perjuicio de los trabajadores migratorios de nuestro país. De considerarse procedente mi queja, pido respetuosamente al Presidente de la CNDH que se les hagan respectivas “observaciones” a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado mexicano por las faltas y omisiones antes expuestas, mismas que afectan a 6.5 millones de ciudadanos mexicanos que residen sin documentación migratoria en Estados Unidos, además de otros 20 millones de mexicanos que residen legalmente en Estados Unidos.
