Mis actividades de este año empezaron con las reuniones de dos órganos colectivos de asesoría, uno por membresía y otro por invitación. El primero fue la reunión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, el segundo fue una reunión «de análisis, discusión y propuesta» sobre la educación superior, ciencia, tecnología e innovación (ESCTI) organizada por el CONACYT, la SEP, el Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia de la República (CCC) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. (a esta última reunión me referiré en mi próxima colaboración). En la primera reunión, aprobamos el informe anual que presentará ante los poderes Ejecutivo y Legislativo el presidente de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva. En ese informe se destaca un incremento de lo que se interpretó como una creciente confianza del público mexicano en el papel que juega la CNDH en la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de parte del gobierno de México en todos sus componentes, medida por el creciente número de quejas presentadas y resueltas, que se presentaron ante la CNDH en 2011, comparadas con las de 2010. Ese informe consta de más de 500 páginas difíciles de resumir, que pronto estará disponible en la página web de la CNDH: www.cndh.org.mx A reserva de completar la lectura de ese voluminoso documento que nos fue presentado a los miembros del Consejo Consultivo de manera sucinta, mis comentarios principales fueron dos: el primero fue de felicitación por la oportuna investigación y presentación de resultados sobre los hechos del pasado 12 de diciembre, mientras se desarrollaba una manifestación de protesta por estudiantes desarmados en la que resultó la muerte de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron asesinados a tiros disparados por policías estatales y ministeriales del gobierno de Guerrero que, gracias a las investigaciones de la CNDH, ya quedaron plenamente identificados. Ahora se sabe que por la trifulca de ese día resultó muerto un trabajador de una gasolinera de nombre Gonzalo Rivas Cámara, que falleció a causa de las graves quemaduras que sufrió al tratar de evitar la explosión de los tanques de almacenamiento de gasolina. La CNDH fue la primera autoridad del Estado mexicano que proporcionó datos concretos sobre esos reprobables actos de represión y sobre el heroico comportamiento del trabajador de la gasolinera que evitó, a costa de su vida, lo que pudo terminar en una tragedia de mayores proporciones. Mi segundo comentario fue sobre la necesidad de precisar la conceptualización de «vulnerabilidad» que aparece en el informe como si solo se tratara de los problemas asociados a la discapacidad. Propuse que, en consistencia con la definición de «grupos vulnerables» que hace la ONU, con implicaciones administrativas de distribución de recursos y acciones legales a favor de los derechos humanos, se entienda por «vulnerabilidad» la condición de ausencia de poder que el Estado y la sociedad civil de los países de acogida de los migrantes internacionales, impone a estas personas como sujetos de derechos humanos. Esta condición de «ausencia de poder» es la que está detrás de la definición de vulnerabilidad bajo la cual la ONU trata a varios grupos de población que, a nivel mundial, requieren de la protección de la ONU para su sobrevivencia, tales como las mujeres, los niños y niñas, las minorías nacionales y, últimamente, los migrantes. Se tomó en cuenta mi comentario y se ofreció aplicarlo a las definiciones de derechos humanos sobre las cuales actúa la CNDH. A propósito de esta definición de «vulnerabilidad» que usa la ONU, la CNDH informó también sobre el caso de 68 familias guatemaltecas que fueron expulsadas («desplazadas») del país, desde la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco, el pasado día 10 de enero en un «operativo» de varias fuerzas policiales encabezadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación. La CNDH había ya constatado con anterioridad a esta acción policial las condiciones deplorables en las que vivían estos guatemaltecos en nuestro país, por lo cual el doctor Plascencia, titular de la CNDH, había ordenado varias medidas cautelares a favor de esa comunidad de guatemaltecos, además de ordenar una investigación de la manera en que fue realizado ese «operativo», a lo cual, daré seguimiento.
