Muy desalentadoras fueron las primeras declaraciones del coordinador de asuntos migratorios, licenciado Arnulfo Valdivia Machuca. Los que estábamos esperanzados en oír algo sobre un refuerzo de los derechos humanos en la política migratoria del nuevo Presidente tuvimos que posponer nuestras esperanzas. En contraste, más bien leímos sobre la inconsistencia entre el contenido de una «carta de intención» suscrita y dada a conocer por el subsecretario de Gobernación, Gustavo Mohar, en la que se compromete el gobierno de México a crear «diversos mecanismos que permitan mejorar la atención y protección de los migrantes en tránsito» (La Jornada, 27/11) y; por otra parte, el coordinador de migración, Valdivia Machuca, del equipo de transición del nuevo Presidente, anunciando la creación de «una patrulla fronteriza, similar a la que existe en Estados Unidos», para funcionar en la frontera sur de México. (La Jornada, 27/11). Como nadie podría pensar en esa patrulla fronteriza como modelo de respeto a los derechos humanos sin recordar a los varios mexicanos asesinados por agentes de esa patrulla fronteriza, aun sin sancionar, no se podría pensar en el anuncio de esa desafortunada emulación de la famosa migra, como algo a tono con lo dispuesto por el nuevo artículo primero de la reformada Constitución de la República. Tal inconsistencia entre el compromiso anunciado por el subsecretario Mohar y el anuncio de la creación de una migra para la frontera sur, hecho por un dizque coordinador de migración del equipo de transición, no sugiere nada bueno para el futuro de los derechos humanos de los inmigrantes en nuestro país. Solo me queda la esperanza de que alguien de la nueva Secretaría de Gobernación aclare que tal inconsistencia entre un funcionario de la anterior administración y otro del equipo de transición del nuevo Presidente fue solo un gazapo y que no se hará tal indignante réplica de la migra.
Lo que se pasa de gazapo es el informe que dio a conocer el anterior titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, en el que, sin decir qué va a pasar con el desprestigiado Instituto Nacional de Migración, nos dice que 500 agentes migratorios fueron cesados por reprobar las evaluaciones de control de confianza de dicha Secretaría -cifra que explica por sí misma el desprestigio alcanzado por el INM en la anterior administración. En el informe citado se incluyen datos sobre los agentes despedidos por habérseles encontrado ligas con las organizaciones criminales más conocidas del país (La Jornada, 23/11). También se encontró que hubo bajas por no haberse acreditado la prueba del polígrafo que virtualmente identifica a los mentirosos, también por abuso de autoridad, por enriquecimiento ilícito. En fin, que dicho informe del anterior titular de Gobernación no solo implica una virtual confesión de su ineficacia como jefe, sino una nueva acreditación de todas las acusaciones que hicieran el padre Alejandro Solalinde y el padre Pantoja, además de las denuncias que fueran ampliamente documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la cuales aun no se desprende sentencia alguna. Algo muy importante que se desprende de ese informe es que contradice la exclusión de responsabilidad de Estado que hicieron tanto el presidente Calderón como su entonces secretario Blake (q.e.p.d.) cuando afirmaron, públicamente, que los únicos responsables de la violencia contra los migrantes era el crimen organizado. Ahora sabemos por el informe de Poiré, del grado hasta el cual los agentes del INM -por lo tanto, representantes del Estado- fueron también responsables de la violencia contra los migrantes, al punto de haber colocado al país en un triste campeonato mundial, pues no hay otro país en el mundo donde se hayan cometido un mayor número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que las que ha dado cuenta en sus informes la CNDH. Ahora sabemos por el informe de Poiré de la enorme participación de agentes del Estado mexicano -nunca antes oficialmente reconocida- en el número de hechos de violencia contra los migrantes de los que solo se sabía por el número de sus cadáveres descubiertos por los medios, de cuya implícita violencia, Calderón y su secretario Blake, habían culpado solo al crimen organizado, ignorando que sus miembros, como particulares, ni siquiera podían ser considerados como sujetos de «responsabilidad de Estado».
