Al terminar la revolución mexicana, y ante la evidente debilidad de las clases sociales, el Estado mexicano decidió que con el fin de sostener y hacer crecer a las clases propietarias, se transferiría plusvalía hacia las mismas. No solo se trató de un fenómeno contrario a la historia del capitalismo mundial, sino que es la base de la explicación del paternalismo social y económico que padecen las clases sociales en México.
Las clases propietarias (para no hablar de la burguesía y evitar que me lluevan descalificaciones) se formaron al amparo del Estado. Es más, los grandes capitales de este país surgieron como fruto de las políticas de transferencia gubernamentales. Recientemente, a partir de la implantación del modelo neoliberal, y merced a las privatizaciones, surgen los grandes capitales que nos suenan tan familiares: el ejemplo más emblemático es el de Carlos Slim, que se benefició por la venta de Telcel en condiciones sumamente ventajosas para el empresario, sin beneficios para el Estado mexicano.
Estamos ante una clase empoderada desde el gobierno, donde su divisa es ganar-ganar y ello explica su nula cultura filantrópica en comparación con lo que sucede en otros países, donde la labor social es parte del proyecto empresarial. Tampoco se encuentra en su horizonte el invertir en ciencia y tecnología. En el caso mexicano, disfrazan el escaso apoyo social con ganancias abrumadoras. El caso típico es el del Teletón, que representa un enorme negocio para Televisa.
Esta semana, un nuevo caso de transferencia de recursos ha quedado al descubierto. En un país con tantas necesidades, resulta inmoral, amen de illegal (que es lo que se habrá de investigar), que recursos destinados para la investigación científica y desarrollo tecnológico hayan ido a parar en manos de grandes empresas nacionales y del extranjero. La nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, ha denunciado que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se transfirieron 50 mil millones de pesos a dichas empresas.
Según un documentado reportaje del periódico La Jornada, la directora: “Afirmó que en el sexenio pasado se transfirieron cerca de 50 mil millones de pesos a empresas para realizar proyectos de investigación. Explicó que no sólo fue a través del PEI (Programa de Estímulos a la Innovación), sino también de otros rubros como becas y diversos fondos”. Todavía más, “entre 2009 y 2017, el Conacyt destinó recursos públicos a fondo perdido por más de 24 mil 448 millones de pesos a empresas mediante el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). De ellos, 30 por ciento, es decir, 7 mil 367 millones de pesos, fueron para 512 empresas grandes y transnacionales. Las reglas de operación del PEI abren la participación a micro, medianas y grandes empresas. En el listado de beneficiarios del programa se encuentran compañías cuya matriz está en otros países, como las estadunidenses Ford, General Motors, IBM, Intel y Monsanto, las alemanas Bayer, Continental y Volkswagen, la francesa Sanofi o la japonesa Nissan” (Arturo Sánchez Jiménez y Laura Poy Solano, “Conacyt dilapidó más de 24 mil 448 millones en ‘fondos perdidos’” (www.jornada.com.mx).
Es decir, se cuenta con información que indica que no solo durante el gobierno de Peña Nieto, sino de Felipe Calderón, hubo “huachicoleo” para favorecer a empresas nacionales y del extranjero. Una vez que ha sido puesto al descubierto, debemos exigir se investiguen las administraciones de los directores generales de Conacyt: de Juan Carlos Romero Hicks (2006-2012); José Enrique Villa Rivera (2011-2013) y de Enrique Cabrero Mendoza (2012-2018). Es bajo la administración de este último cuando se recrudece el “huachicoleo administrativo” como lo indica la nueva titular de la institución. A nivel local, incluso hubo denuncias durante el sexenio pasado en las que se señalaba que a través de los Fondos Mixtos, empresas de funcionarios estatales o de sus parientes se beneficiaban con recursos. En el caso de Baja California, el semanario Zeta lo documentó ampliamente.
Insisto, en un país pobre y con tan pocos recursos destinados a la investigación científica y tecnológica, no solo es inmoral el que se transfieran “a fondo perdido” los magros recursos que deberían destinarse al desarrollo nacional. Esto también es corrupción.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza
El Colegio de la Frontera Norte