Opinión de Jorge A. Bustamante Fernández Fundador e investigador emérito de El Colegio de la Frontera Norte y Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 14 de marzo de 2013

Enorme frustración me causa leer las noticias de la semana pasada sobre el crecimiento de la violencia en contra de los inmigrantes centroamericanos. Ha aumentado en el sureste el número de secuestros, de violaciones, de homicidios y de abusos en general en contra de quienes cruzan el territorio nacional en busca de lo que carecen en sus lugares de origen. Es frustrante seguir escribiendo sobre el sufrimiento de mujeres, de niños y niñas con referencia a los hechos que trascienden a los medios cada semana sin oír siquiera un eco. Es frustrante leer sobre nuevas declaraciones de servidores públicos con referencia a acciones gubernamentales con las que se combaten esos abusos; sin que estos disminuyan. No es que sea necesariamente mentira lo que se dice que se está haciendo. Lo cierto es que no cambia nada. Al contrario. El crimen está aumentando. Varios sacerdotes católicos, incluyendo al padre Solalinde, recipiendario reciente del Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente de la República, anuncia en una audiencia en el Senado que se pondrá en huelga de hambre en protesta por el crecimiento reciente del número y violencia de secuestros, extorsiones y violaciones en contra de los migrantes. También la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer acciones de protección hacia los migrantes. Quisiera saber cómo generar conciencia pública de la culpa en que incurrimos al conformarnos con que el gobierno no encuentre la forma de hacerse responsable de tanta impunidad.

No tengo la menor duda de que esas acciones de las que informó la CNDH la semana pasada son ciertas pero, tampoco tengo dudas de que el padre Solalinde está recurriendo a un último recurso: una huelga de hambre que pondrá en riesgo su vida, después de haber agotado todos los recursos para hacer que la autoridad de este supuesto Estado de Derecho detenga el drama de ese crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Es frustrante encontrarse con dos definiciones de la realidad tan contrastantes. Por un lado, la que denuncia con un gesto de angustia el padre Solalinde; por otro, la del anuncio de la CNDH que de hecho niega esa realidad dando a conocer acciones que implican que algo se está haciendo. En teoría, al Poder Legislativo le correspondería dar un golpe en la mesa y decir ya basta. Pero no hay ni tradición, ni interés ni voluntad política en llamar a cuentas a quienes sostienen la impunidad como consecuencia de su ineficacia en el desempeño de sus responsabilidades de gobierno. Véase lo que ha ocurrido solo en Aguas Blancas, Veracruz. Se han registrado de octubre a la fecha, al menos seis plagios masivos de 50 a 100 migrantes, según una nota de Henia Prado publicada por este diario el 6 de marzo. El padre Solalinde y su gente hicieron la denuncia acompañada con fotografías y con los nombres de los secuestradores. No pasó nada. No solo los secuestros continuaron sino que se agravaron. La modalidad es el cobro de 100 dólares por cabeza que hacen los que se identifican con cinismo como del grupo Zeta al subirse al tren en el tramo de Ixtepec a Aguas Blancas. Quien se resiste a ese cobro es simplemente arrojado del tren en marcha. No solo hay secuestros en Aguas Blancas, también ocurre lo mismo en Coatzacoalcos, en Palenque, en Tierra Blanca, en Orizaba, en Apizaco y Huehuetoca. Prácticamente en toda la ruta que siguen los migrantes. El padre Solalinde da pelos y señales de todo esto que mantiene a México en el triste campeonato mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Mientras tanto el general Ardelio Vargas, comisionado del INM, sigue sin avanzar del cómodo lugar de esa promesa que hiciera en su discurso de toma de posesión hace dos meses, de que «antes de un año» se verían resultados de su gestión. Frente a los cientos de mujeres migrantes que son violadas a su paso por México, mientras yo escribo estas líneas, resalta la ausencia de un mínimo de congruencia entre lo que dijo el presidente Peña en Los Pinos al enaltecer los méritos del padre Solalinde como defensor de los derechos humanos de los migrantes y esa realidad que avanza en su injusticia y su crueldad y que hace cada vez más difícil creer en la sinceridad del Presidente.