El número de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos ha seguido aumentando. De 13,800 en 2012, a 36,000 en 2013, al finalizar ese último año fiscal del país vecino. Cada solicitud de asilo incluye información sobre hechos de violencia en los que se justifica la petición de asilo. Esos hechos indican la incapacidad del gobierno de México para ofrecer protección a sus ciudadanos, además del grado hasta el cual imperan condiciones de «estado fallido» en gran parte del territorio nacional. Nada de lo que atestiguan esas solicitudes de asilo corresponde a lo que describió el presidente de la República la semana pasada en su mensaje al cuerpo diplomático de nuestro país. Esos miles de mexicanos con derechos para ser protegidos por las autoridades de su país y vivir en paz y sin violencia, derivado de una obligación básica del Estado mexicano, están huyendo del país aduciendo que su vida o la de su familia corre peligro si se quedan donde viven en México. Agrava la situación de esos solicitantes de asilo, el hecho de que apenas al 1 por ciento de ellos, de nacionalidad mexicana, les fue aprobada su solicitud y concedido el asilo en el país vecino en 2012. No es difícil imaginar la angustia del 99 por ciento restante, integrado por quienes tuvieron la esperanza de verse a salvo en Estados Unidos para solo regresar frustrados a su país para continuar una vida en peligro. Cierto que la solicitud de asilo con frecuencia es encontrada fraudulenta por los jueces que las resuelven en el país vecino, pero igualmente cierto es que ese no es el caso del 99 por ciento de las solicitudes que son rechazadas.
No cabe duda que el número de solicitudes de asilo y su tendencia creciente representan dimensiones de vergüenza para el gobierno y para todos los mexicanos, así como también son reflejo de condiciones de un muy limitado respeto a los derechos humanos que impera en el país. Para mí, esos números se agregan a otros, como el de secuestros, discriminación de mujeres e indígenas, pobreza extrema, inflación, calidad del medio ambiente, desempleo etcétera, que hablan de una brecha creciente entre el país del que habla el presidente de la República y la realidad a la que se refieren esos números de los que dan cuenta el INEGI, la CNDH, el Banco de México, entre otras fuentes. La creciente ingobernabilidad de la que están llenas las noticias de todos los días acerca de lo que pasa en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y otras regiones del país, tiene muy poco que ver con el triunfalismo con el que, muy anticipadamente, se habla de los efectos de las reformas recientemente aprobadas. Los mexicanos resentimos que se hable de que bajarán los precios de la electricidad y las gasolinas cuando estas se mantienen subiendo mensualmente a razón de 10 centavos el litro, haciendo su precio más caro que en Estados Unidos, sin explicación alguna y, mientras, siguen subiendo los precios de tantos artículos básicos. El Presidente y los líderes de los organismos empresariales dan la impresión, en sus discursos, de que siguen confiando en el aguante de la mayoría de los mexicanos. Esa confianza deberían mezclarla con mayores dosis del realismo que se desprende de los números arriba aludidos. Es de esperarse que el Presidente les pida a los representantes de México en el exterior que hablen bien de México dentro de sus funciones, pero hay una distancia entre eso y dar por inexistentes los números de variables tan básicas de nuestro país como las mencionadas. No es lo mismo callar las fallas que dar una idea falsa de lo que es México. Sin necesidad de decir mentiras debemos esperar del cuerpo diplomático de nuestro país que defienda con mayor energía y con mayor imaginación los derechos humanos de nuestros paisanos en el extranjero. No están dando una buena imagen nuestros diplomáticos quienes ganaron en el caso Avena el reconocimiento del máximo tribunal de justicia de la ONU respecto con la obligación de todas las naciones que la integran de respetar los Tratados de Viena sobre asuntos consulares. En cambio, ahora se ven tan ineficientes frente a la inminencia de la ejecución de Edgar Tamayo.
Nuestros representantes, tanto del cuerpo diplomático como del Poder Legislativo de nuestro país, no están haciendo bien su trabajo si caen en la inefectividad total respecto de la ejecución de Edgar Tamayo en Texas el próximo 22 de enero.
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