Finalmente, la semana pasada, el llamado «grupo de los ocho», formado por cuatro senadores estadounidenses de cada partido político, presentó oficialmente una propuesta para una nueva legislación migratoria de Estados Unidos. El presidente Obama, con ligeras reservas, se declaró satisfecho con la presentación bi-partisana del proyecto. A los pocos días de su presentación, hubo la primera audiencia en la que se inició su debate parlamentario y un proceso legislativo que los más optimistas calculan que no pasará del verano de este año sin que se haya aprobado una versión final y se le haya pasado al Presidente para su firma de promulgación. Es muy prematuro para saber si ese propósito se cumplirá. Como estudioso del fenómeno migratorio, yo no estoy en las filas de los optimistas, aunque reconozco que la presentación de la propuesta del «grupo de los ocho» es el paso necesario para una reforma migratoria en el país vecino. Desde que el presidente Obama la ofreció en su primera campaña electoral para ocupar la Casa Blanca, yo asumí una posición en las filas de los pesimistas. Mi razonamiento para fundamentar tal pesimismo era, y sigue siendo, que esa reforma migratoria, como acto del Congreso de Estados Unidos (que tiene la última palabra en la decisión sobre la política migratoria de su país), sería una decisión unilateral sobre un fenómeno bilateral, como lo es en sus causas y en sus consecuencias, el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. En sus causas, porque éstas se encuentran en ambos lados de la frontera. Del lado estadounidense, el fenómeno migratorio está causado por una demanda insaciable de la mano de obra de los trabajadores migratorios. Esa demanda, es algo endógeno que ha sido un factor determinante en la historia de las inmigraciones a ese país. Del lado mexicano, esa demanda endógena estadounidense interactúa con una oferta de mano de obra, también endógena, que ha correspondido históricamente a la demanda laboral estadounidense. Esa interacción de factores de una relación básicamente laboral está en el fondo de la causalidad bilateral, del fenómeno migratorio que pretende ser regulado con una propuesta unilateral, como la del «grupo de los ocho». Es claro, para mí, que una decisión unilateral no puede ser el camino más racional para resolver los problemas (reales o percibidos) asociados a un fenómeno bilateral como lo es la migración de mexicanos a Estados Unidos. Así se ha visto en la ONU cuando se ha recomendado la vía de la negociación bilateral o multilateral para resolver los problemas asociados a las migraciones laborales en el mundo. Durante muchos años el gobierno de México sostuvo esa tesis de la ONU, hasta que llegó a la embajada de nuestro país en Washington el abogado Eduardo Medina Mora (el mismo que aprobó el michoacanazo), quien declaró que el gobierno de México no intervendría en la cuestión migratoria pues «esta es una materia de carácter interno de Estados Unidos». Yo critiqué en este espacio tal declaración, pues me pareció contradictoria con la obligación que las leyes de nuestro país le imponen al gobierno de México, incluyendo al embajador, de proteger y defender los derechos de los mexicanos en el extranjero. Siendo más de 20 millones de ciudadanos mexicanos que residen permanentemente en aquel país como inmigrantes, resulta inexplicable cómo piensa conciliar nuestro embajador su obligación legal de proteger a nuestros paisanos que han inmigrado a Estados Unidos, con su declaración de que no intervendrá en la cuestión migratoria, pues ese es un asunto de carácter interno de Estados Unidos. Como no ha habido un desmentido de tal declaración de nuestro embajador en Washington de parte de sus jefes en la Cancillería o en la Presidencia, cabe la pregunta de si el presidente Peña Nieto ha decidido hacer un cambio de fondo en nuestra política exterior, del cual no se han dado por enterados, ni mucho menos han suscrito públicamente la tesis del embajador Medina Mora, nuestros representantes del Poder Legislativo, quienes, de acuerdo con nuestra Constitución, deberían haber consentido tal cambio. La confusión se agudiza cuando los cónsules de México en Estados Unidos, recientemente aprobados por el Senado, han declarado estar listos para apoyar a los mexicanos que deseen acudir al amparo de una «reforma migratoria» en Estados Unidos. uevo �N en�) �% a y los dos principales partidos de oposición. Son los tiempos electorales los que ponen en tensión los acuerdos precarios. El reto de la alianza Compromiso por Baja California deberá ser contrarrestar la guerra que se avecina con un proyecto de gobierno atractivo, creativo, sólido y viable. Eso y el discurso de la no continuidad le dará más rendimientos que una estrategia basada en responder al arsenal panista que ya ha sido emplazado.
