El pasado abril se dio a conocer el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, a través del cual, el gobierno mexicano reconoce la complejidad del fenómeno migratorio no sólo en sus formas, sino también en la garantía de derecho para quienes migran. Un reto mayor es garantizar que la movilidad se dé en condiciones seguras y documentadas, sobre todo para la migración no autorizada y de tránsito por México.
Sabemos que entre quienes migran, las mayores víctimas de la inseguridad y la violencia son los migrantes de origen extranjero. Y se sabe también, de la dificultad en seguir los pasos –si ello fuera posible– a quienes entran por la frontera sur buscando llegar hasta la frontera norte. En esta última situación, el trabajo de las organizaciones sociales y religiosas, a lo largo de las rutas migratorias, ha sido muy importante no sólo en la asistencia y ayuda humanitaria a migrantes, sino también en situaciones donde se intenta localizar a migrantes desaparecidos. Lamentablemente las tareas del gobierno mexicano en ese sentido son escasas.
En el diagnóstico del programa se reconoce que 23% de los migrantes centroamericanos que transitaron por México durante 2013 afrontó riesgos, y que sólo 25% de ese grupo fue auxiliado. Sin embargo, sólo 5% recibió asistencia del Grupo Beta, un grupo de protección oficial creado originalmente para combatir la delincuencia y los crímenes cometidos en contra de los migrantes en su tránsito por México. Lo que llama la atención, en el programa especial, es que al establecer su objetivo 5, de acceso a la justicia y seguridad de quienes migran, en sus estrategias y líneas de acción resaltan la coordinación interinstitucional entre autoridades migratorias, cuerpos policiacos y grupos defensores de derechos humanos; pero sus indicadores de evaluación se basan fundamentalmente en los resultados que logre Grupo Beta en el futuro. Es posible que se esté pensando en crear nuevos grupos en lugares donde hoy no existen, o modificar sus atribuciones, estructura y procedimientos. Sin embargo, no queda claro.
Desde 1990 la tarea del Grupo Beta ha sido importante en los lugares donde tiene presencia, en mayor medida en la frontera noroeste mexicana. Sin embargo, desde su creación, la situación y problemática han cambiado. Para el caso de Tamaulipas y Coahuila, donde sólo existe un grupo Beta en cada entidad, los contextos de inseguridad han limitado sus tareas porque se han dejado de realizar rondines, vigilancia y auxilio en puntos importantes para el cruce indocumentado a Estados Unidos. Hoy esos territorios pertenecen a los grupos criminales.
Nuestra inquietud tiene que ver con el éxito efectivo a mediano plazo de este programa y la pertinencia de que los resultados de Grupo Beta sean referencia de evaluación del programa. En todo caso sería más pertinente primero revisar o replantear este mecanismo de protección y auxilio a migrantes en términos de su cobertura, atribuciones y estrategias de acción.
