Ante el contraste entre los países que han intervenido y los que no, en las ventajas concedidas en favor de los migrantes en la conformación del proyecto legislativo sobre inmigración del llamado «grupo de los ocho», uno se pregunta qué fue lo que México obtuvo a cambio de sustraerse expresamente de intervenir en esa gestación de la política migratoria de Estados Unidos por considerarlo un «asunto interno» de ese país. Resulta que el país con mayor número de sus nacionales viviendo allá de manera permanente es México. No obstante, el gobierno de nuestro país decidió ignorar las leyes mexicanas que lo obligan a proteger a sus nacionales en el extranjero, haciendo un brusco cambio de política exterior desde la Presidencia de la República, definiendo a la cuestión migratoria como «asunto interno» de Estados Unidos o como algo ajeno a los intereses de nuestro país. Esta nueva manera de ver al fenómeno migratorio, virtualmente, inhibe a los representantes del gobierno de México en Estados Unidos a actuar en defensa y protección de nuestros nacionales en aquel país, pues no hay manera de hacerlo sin «entrometerse» en asuntos internos de Estados Unidos. Dado este reciente «golpe de timón» de la política exterior mexicana, la protección consular de los mexicanos en el país vecino podrá aparecer como contraindicada por una decisión del jefe de la política exterior mexicana como lo es, constitucionalmente, el presidente de la República. Esto no sólo es una aberración jurídica de urgente corrección, sino en directa contradicción con las leyes de nuestro país que obligan al Poder Ejecutivo a proteger a nuestros nacionales en el extranjero. Algo tendrá que redefinirse para no seguir haciendo el ridículo en el que está quedando México frente los países como Corea del Sur, Irlanda, Canadá, El Salvador, la India y Polonia que ya han «intervenido» exitosamente en la política de inmigración de Estados Unidos para obtener ventajas para sus respectivos nacionales, ya aprobadas por el «grupo de los ocho», frente a cero ventajas para los mexicanos cuyos representantes allá se vieron inhibidos por el cambio de la política exterior ordenado por el presidente de México.
Hay muchas razones y datos objetivos para no considerar a la migración entre México y Estados Unidos como una «cuestión interna» de Estados Unidos, ergo ajena a los intereses nacionales de México. El dato más contundente es el del número de ciudadanos mexicanos que residen de manera permanente en Estados Unidos. Son más de 20 millones, contando a los indocumentados más los que residen allá legalmente. Su protección como sujetos de derecho es una obligación del gobierno de México establecida en nuestras propias leyes y permitida por el derecho internacional. Estos datos hacen insostenible la tesis de que los derechos, tanto como su defensa y protección, puedan ser sólo una cuestión interna de Estados Unidos, pues este es un concepto que en derecho internacional alude a una exclusividad que deja en la ilegalidad cualquier intervención extranjera. Particularmente en el caso de la migración laboral, la Organización Internacional del Trabajo ha incluido en su normatividad la necesidad de ver a ese fenómeno migratorio como algo que se debe plantear y resolver con negociaciones bilaterales o multilaterales, según sea el caso. Esto es algo en lo cual el gobierno de México ha insistido ante Estados Unidos sin éxito, por décadas. Es entendible que, frente a esos fracasos diplomáticos, se busquen nuevas estrategias. El hecho es que el gobierno de México no ha explicado cuáles son o serán las ventajas para los migrantes mexicanos que resulten de ese cambio de política. Lo que se sabe es que los únicos que han comentado muy favorablemente ese cambio de política han sido tres ex embajadores de Estados Unidos en México.
Está documentado que esa definición de lo migratorio como exclusivo de la política interna de Estados Unidos fue una propuesta de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos en el contexto de las reuniones preparatorias a la visita del presidente Obama. El que la haya tomado como suya el presidente Peña Nieto, no es la más clara muestra de independencia, más bien se parece a un gesto servil, en espera de ser explicado y corregido.
