Concluidos los cómputos distritales hemos entrado a otra fase del proceso electoral. Este jueves sabremos finalmente que tipo de recurso interpondrá el Movimiento Progresista ante al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: nulidad o invalidez de la elección presidencial. La decisión final sobre los recursos de impugnación es de responsabilidad exclusiva del máximo tribunal. Esperamos una decisión fundamentada, legal, a la altura de las difíciles circunstancias por las que atraviesa el país.
Los resultados hasta el momento nos arrojan que la apuesta de los mexicanos fue por un México plural. Acudimos a las urnas una mayor cantidad y proporción de ciudadanos que creemos que las elecciones son el mejor medio para configurar gobiernos; pero también para exigir cuentas a quienes han llegado a los cargos de representación política. Las elecciones constituyen el referente fundamental de la democracia en México; de ahí que las respuestas ante las inconformidades naturales que arroja cada proceso electoral requieren de claridad legal e imparcialidad. No tenemos causes institucionales para quienes obtienen segundos lugares en condiciones de alta competencia. De ahí el encono y la búsqueda del triunfo a cualquier costo y por cualquier vía, aunque sea la ilegal como la compra o coacción del voto. Esto no es exclusivo de un partido; por desgracia es práctica generalizada.
Una de las noticias positivas es el aumento de la participación ciudadana: casi 50 millones de los 79.45 millones fuimos a las urnas; es decir, un 63.14% de los electores potenciales, que representa una diferencia de casi el 5% respecto a la elección presidencial de 2006 que fue del 58.55%. En Baja California logramos detener la caída en el ausentismo a las urnas que nos llevó al último lugar nacional en 2009 con apenas el 30.57% de votantes. Hoy alcanzamos el 53.56%, lo que hace una diferencia del 6.59% respecto a la elección presidencial de 2006.
A partir de 1997 a nivel federal los mexicanos optamos por los gobiernos divididos. Fue, además, el prólogo de la alternancia presidencial. A partir de aquella fecha no hemos vuelto a padecer los gobiernos unificados donde el partido ganador de los comicios presidenciales también obtenía la mayoría absoluta en el Congreso. Serán tres presidentes de la República consecutivos quienes tengan que entablar relaciones de fuerte negociación –a veces muy complicadas- con el Poder Legislativo. Hay quien no está de acuerdo con la composición plural del Congreso y añora los tiempos del partido hegemónico. La cantaleta es que la falta de mayoría absoluta en el Legislativo por parte del partido gobernante ha impedido las “reformas estructurales”. Más bien se trata de una justificación ante la incapacidad de una operación política madura, consecuente e inteligente; pero además, ha servido para encontrar explicaciones fáciles para la incapacidad de gobernar y la falta de iniciativas de fondo para atacar los problemas, esos sí estructurales, que padece nuestra sociedad.
Producto de este proceso electoral, y a reserva de los datos definitivos, la Cámara de Diputados quedaría compuesta por 207 legisladores del PRI; 33 del PVEM; 136 del Movimiento Progresista (101 PRD, 19 PT y 16 Movimiento Ciudadano); 114 del PAN y 10 de Nueva Alianza. Esto significaría, que de ratificarse el triunfo de Enrique Peña Nieto, su partido en alianza con el PVEM llegaría a 240 diputados, faltándole 11 para lograr la mayoría absoluta. En el caso del Senado, de los 128 representantes de las entidades, el PRI alcanzaría 52 escaños y el PVEM sumaría otros 9, para un total de 61 en alianza. El PAN se queda como segunda fuerza con 38, mientras que para el Movimiento Progresista serían 28 curules (22 PRD, 4 PT y 2 Movimiento Ciudadano). Finalmente Nueva Alianza alcanzaría un asiento. Tampoco en este caso la alianza ganadora lograría las 65 senadurías requeridas para la mayoría absoluta.
Mientras no avancemos a una forma de gobierno distinta (semipresidencial o parlamentaria), considero que son preferibles los gobiernos divididos que permitan un contrapeso al desmedido poder del presidencialismo bajo gobiernos unificados. Son más tortuosos los procesos de negociación y requieren de mayor operación y capacidad política; no importa, siempre será más democrático que la simple imposición autoritaria.
