Por fin, el presidente Obama anuncia que, «Este es el mejor tiempo para emprender una reforma migratoria». En mi opinión esto no es noticia, pues Obama ha prometido varias veces sin haber cumplido esa reforma migratoria. La noticia, por ser algo nuevo, es el acuerdo bipartidista, de ocho senadores, cuatro de cada partido, respecto de una propuesta legislativa sobre migración.
Aun el presidente Obama está celebrando el anuncio de esta propuesta y su carácter bipartidista, pues esto último no se había logrado desde hace ocho años, cuando los senadores Kennedy y McCain presentaron la última propuesta bipartidista sobre migración, misma que fracasó ante furiosos desacuerdos entre los legisladores de ambos partidos. Lo noticioso, pues, es el nuevo acuerdo bipartidista. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la política migratoria de Estados Unidos no la decide el Presidente sino su Poder Legislativo. Lo malo es que de aquí surgirá una decisión unilateral que no resolverá un fenómeno bilateral, tanto en sus causas como en sus consecuencias, como lo es el fenómeno migratorio de México a Estados Unidos. No es en vano que la ONU haya recomendado las vías bilaterales y multilaterales como las más racionales para resolver los conflictos laborales entre los países miembros. Aun el presidente Obama no ha salido de darle un enfoque unilateral a su idea de una reforma migratoria. Lo que le ha faltado es reconocer el carácter internacional del fenómeno migratorio. Es decir, que una decisión unilateral de su Congreso no podrá aplicarse fuera de las fronteras territoriales de Estados Unidos; en tanto que el fenómeno migratorio entre los dos países va más allá de sus fronteras, tanto en sus causas como en sus consecuencias.
Ese fenómeno resulta de la interacción de una demanda endógena de la fuerza de trabajo de los migrantes, con una oferta de esa mano de obra, también endógena, producida en México. Todos nos daremos cuenta de la virtual imposibilidad de que los políticos de ambos partidos lleguen a un acuerdo sobre la legalización de los 11 millones de indocumentados que hay en su país, cuando el debate sobre esa posibilidad llegue a la Cámara de Representantes que, como se sabe, está dominada por una mayoría de legisladores del Partido Republicano. Esto ocurrirá muy pronto. Muchos ahora optimistas por el anuncio presidencial caerán entonces en cuenta de que el tema de la legalización de los indocumentados es tan divisivo en Estados Unidos como lo fue en el siglo XIX el tema de la erradicación de la esclavitud de los negros. En ambos temas ha estado en juego la baratez de la mano de obra.
Algo que muchos estadounidenses están dispuestos a jugársela con las armas antes que perder las ganancias derivadas de la baratez de la mano de obra, tanto como lo fue bajo el régimen de la esclavitud de los negros, como lo es ahora bajo el régimen de pagar lo mínimo por la fuerza de trabajo de los indocumentados mexicanos. En el fondo, la disponibilidad de la fuerza de trabajo de millones de indocumentados es vista por los que se oponen a su legalización como un recurso que les pertenece, por cuya disponibilidad están dispuestos a luchar hasta el grado que se haga necesario antes de dejar que se pierda. El encono al que llegará esta lucha apenas se vislumbra.
