En días pasados en Estados Unidos se han planteado diversas iniciativas para que el Ejército estadounidense intervenga en México para detener a grupos delictivos mexicanos en el marco de declararlos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El antecedente legal que justificaría tal intervención se fundamenta en la Ley Patriótica del 2001 modificada en el 2015 y ahora conocida como USA Freedom Act. Esta ley ha sido muy cuestionada por limitar los derechos civiles y las libertades de los ciudadanos estadounidenses.
La propuesta planteada por Dan Crenshaw y Mike Waltz, legisladores del Partido Republicano –por Texas y Florida- que el 12 de enero promovieron la propuesta Resolución 18. En el sentido de avalar el uso de las Fuerzas Armadas de su país contra los responsables de traficar fentanilo. La iniciativa tiene que ser avalada por el propio Congreso estadounidense y especialmente de parte del Ejecutivo y en particular por los Departamentos de Tesoro y de Estado.
El antecedente inmediato de una propuesta similar fue el decreto del gobernador de Texas Greg Abbott del 20 septiembre de 2022 de declarar a los grupos delictivos mexicanos como terroristas en su estado y proponerle al presidente Biden tal prioridad gubernamental a los grupos delictivos mexicanos. En el contexto de la crisis del tráfico de fentanilo en las fronteras de estado de Texas.
Las propuestas de congresistas estadounidenses responden al creciente aumento del consumo de opiáceos en la sociedad de Estados Unidos y las escasas acciones del gobierno estadounidense para disminuir tal consumo y las muertes, las cuales se estiman entre 70 a 100 mil muertes anuales. No obstante, de que en el 2021 la política nacional antidrogas de Estados Unidos cambió su enfoque: priorizar un enfoque de salud pública en lugar de una perspectiva policiaca.
Las declaraciones de William Barr ex procurador fiscal con los presidentes Bush y Trump son contradictorias. Cómo ex fiscal pudo haber promovido iniciativas de cooperación con México para erradicar la influencia de los grupos delictivos. Hay que recordar que en el periodo del ex fiscal Barr liberaron al entonces secretario Salvador Cienfuegos a mediados de octubre de 2020 por falta de suficientes pruebas.
En días pasados los responsables de implementar la iniciativa legislativa: la General Laura Richardson, Comandante del Comando Sur y el General Glen VanHerck, comandante del Comando Norte testificaron en una audiencia pública -8 de marzo – del Comité de Fuerzas Armadas en el Congreso estadounidense sobre la participación del ejército estadounidense en territorio mexicano y rechazaron que esa sea mejor vía para reducir el problema del tráfico del fentanilo. El Gral VanHerck reconoció que los cárteles son un reto global y que se debe atender el tráfico de armas y dinero ilegal procedente de Estados Unidos a México. En tal audiencia también participó Melissa Dalton, subsecretaria de defensa para la defensa nacional y asuntos hemisféricos, quien expresó los riesgos en materia de soberanía que eso implicaría en la relación bilateral. En cambio la portavoz Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca mencionó que designar a estos cárteles como terroristas no otorga ninguna autoridad adicional de la cual se carece en este momento, además de la responsabilidad que se tiene, por la dinámica delictiva que existe en territorio estadounidense.
Las acciones unilaterales no son la mejor vía para reducir el problema estructural del tráfico de fentanilo y sus problemas vinculados: tráfico de armas, lavado de dinero y grupos delictivos, dinámicas que también existen en el lado estadounidense y que son un incentivo para que aumente el tráfico de drogas sintéticas. Es una problemática transnacional que data desde la Ley Harrison Act (1914), la cual prohibió el tráfico de estupefacientes como los opiáceos, la cocaína y la marihuana hacia los Estados Unidos, que en la práctica tuvo impactos limitados en la región fronteriza de California y Baja California.
Los legisladores estadounidenses desconocen o marginan que existe un Acuerdo Bicentenario desde diciembre de 2021. Esta iniciativa es la respuesta al fracaso de la Iniciativa Mérida (2008-2018) que en lugar de reducir el tráfico de drogas ilícitas se incrementó.
Es de destacar que el presidente López Obrador recibió a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y responsable del combate contra el fentanilo, a quien presentó –este jueves 9 marzo- un informe de la estrategia mexicana para detener el tráfico de fentanilo.
El tema de las drogas será importante en la coyuntura política estadounidense, pero se considera que la migración irregular tendrá más importancia política por su importancia, impacto y vulnebilidad más generalizada.
Dr. José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
