En los últimos cinco años se ha discutido mucho, tanto en México como en Estados Unidos, sobre el muro que el presidente Trump desea en la frontera con nuestro país. Lejos de cumplir su promesa, su mandato terminará sin apenas avances: a día de hoy solo se ha añadido 1 milla de muro al ya existente al inicio de su presidencia. La mayor parte del trabajo se ha enfocado a modernizarlo (elevar la altura, sustituir planchas corrugadas por pivotes, etc.) y en realizar los estudios previos y preparar el terreno donde se prevé el nuevo.
El debate entre defensores y detractores se ha centrado en unos temas muy específicos con relación a la intervención del Estado y a los efectos de la infraestructura fronteriza. Así, se ha debatido sobre la legitimidad del Estado para instrumentarlo al margen de la propia legislación; la eficacia de la infraestructura, es decir en su capacidad para lograr detener la migración indocumentada y el narcotráfico; la eficiencia, es decir en sí los fondos destinados son justificables, ya sea en comparación a otras medidas con los mismos fines o a otras políticas públicas; y los impactos ambientales (en los hábitats naturales, la dinámica fluvial, la erosión, etc.).
Sin embargo, ha sido muy raro llevar a la palestra la intervención de los actores privados, como los contratistas, constructoras y bufetes de arquitectura, sin los cuales el muro no sería una realidad. No creo que sea una sorpresa para nadie el afirmar que la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos supone el trasvase de fondos públicos hacia empresas de capital privado, desde la construcción y mantenimiento del muro al suministro de tecnología de seguridad. Es lo que investigadores como Michael Dear, geógrafo de la Universidad de California, denomina como el complejo fronterizo-industrial.
Dentro de la racionalidad neoliberal, esta privatización tiene por objeto crear puestos de trabajo y generar efectos multiplicadores en las economías locales. En esta lógica, las empresas defienden que su intervención es puramente económica: el muro fronterizo solo es una obra pública más. Por el contrario, puede argumentarse que su participación también es política y ética. Como se les critica, no es lo mismo construir un muro o una prisión que un hospital, una escuela, un parque o vivienda digna y asequible.
Las empresas son bien conscientes de ello, por lo que son pocas las que difunden su trabajo. En parte, lo ocultan para defenderse de boicots y protestas de los colectivos contrarios al muro y pro-derechos humanos, como de la que fue objeto, Gideon Contracting hace un año frente a sus oficinas en San Antonio, Texas. La empresa había sido contratada a fines de 2018 por más de 3 millones de dólares para la construcción de cuatro puertas de servicio en el muro del condado de Cameron, frente a Matamoros.
Menos aún son las empresas que lo defienden con orgullo. Una de las pocas es Fisher Industries, que el año pasado ganó la licitación para construir 31 millas de muro en la frontera de Arizona y Sonora por más de 400 millones de dólares. Pero que además, y ahí lo más sorprendente, ha construido dos muros fronterizos privados –es decir, independientes del proyectado por el gobierno federal– junto con un grupo de extrema-derecha, We Build the Wall; uno en Nuevo México frente a Ciudad Juárez y, el más reciente, en Texas, frente a Reynosa.
Ante ello, colectivos críticos de arquitectura, urbanismo e ingeniería han lanzado campañas de concientización para que profesionales y practicantes no participen en el diseño de espacios de exclusión y detención, como los muros y las prisiones. Con ello reconocen que ellos también son actores políticos y que son igualmente responsables, junto al Estado, en la promoción del bienestar o, por el contrario, en la perpetuación del sufrimiento.
Dr. Xavier Oliveras González
El Colegio de la Frontera Norte
