En un ensayo relativamente reciente, Carlos Illades, profesor distinguido en la UAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, afirmó que “es inocultable que el crimen organizado forma parte del entramado político nacional”. Este vínculo por demás documentado en el país, Illades lo resumía con el término “soberanía criminal”. De hecho, lo ilustraba con algunos casos, entre ellos el de Tamaulipas: “entidad estratégica para el trasiego de droga hacia los Estados Unidos, [donde] cuatro de los últimos cinco gobernadores –priístas y panistas- fueron procesados o señalados por nexos con los cárteles”.
El caso no es desconocido: en 2012 la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, en un comunicado afirmó que tres exgobernadores de Tamaulipas estaban vinculados con el crimen organizado: Manuel Cavazos (1993-1999), Tomás Yarrington (1999-2004) y Eugenio Hernández (2005-2010). El Buró Federal de Investigación (FBI) de aquél país también hizo lo propio. Durante aquellos años la violencia criminal en Tamaulipas se desató. El acontecimiento más icónico fue el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado.
A excepción del exgobernador Cavazos, quien nunca fue procesado y por el contrario siguió con una trayectoria política ascendente, el exgobernador Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, y extraditado a los Estados Unidos en 2018. También en el 2017, el exgobernador Hernández fue detenido en Ciudad Victoria, y en el 2018 fue trasladado a un penal del Altiplano, en el Estado de México. En el primer caso las acusaciones fueron por extorsión, contrabando de drogas, lavado de activos y fraude bancario; mientras que en el segundo por delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, en agosto de 2023 el exgobernador Hernández fue liberado de prisión después de que un juez federal autorizó llevar su proceso de extradición a los Estados Unidos en libertad. De inmediato, la Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó la resolución y advirtió de posible fuga. Por otro lado, hace unos días circuló la noticia de que el exgobernador Yarrington sería liberado en noviembre de 2024, y no en diciembre de 2025, es decir, antes de cumplir su sentencia en el centro penitenciario Thompson, en Illinois.
Lo anterior deja entrever un aparente retorno de espectros de la soberanía criminal que gobernaron Tamaulipas durante aquellos años. A estos se suma un espectro más: el de Osiel Cárdenas, quien lideró el Cártel del Golfo (CDG) desde 1998, después de la captura de Juan García Ábrego y el asesinato de Salvador Gómez, hasta su extradición, en 2007, a los Estados Unidos. Según varios medios, el también otrora fundador de Los Zetas, podría salir de prisión en agosto de 2024. Como se observa, el arco temporal del liderazgo de Cárdenas abarca los años de mandato de los exgobernadores Cavazos, Yarrington y Flores.
No obstante, lo que llama la atención son dos cosas: por un lado, la coincidencia de sus liberaciones penitenciarias y, por otro, el vínculo que las autoridades estadounidenses establecieron entre los exgobernadores y Cárdenas. En este escenario, pareciera como si desde el pasado –o tal vez en el presente- se hubiera definido un plan, o bien, como si a las autoridades estadounidenses y mexicanas se les hubiera salido de control un proceso judicial, a pesar de que ello implique confrontar la soberanía de los Estados y la seguridad binacional, con la soberanía criminal; al menos en un estado específico como Tamaulipas y en su región fronteriza con Texas.
Hay que recordar que, en marzo de 2023, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por el crimen organizado en la frontera de Tamaulipas, lo que suscitó una presión binacional y la liberación expedita de dos de ellos. Tampoco hay que olvidar que, en el mismo año, ante situaciones como la del secuestro, el congresista de Texas, Dan Crenshaw, y el de Florida, Michael Waltz, proponían el uso del ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos. Mucho menos hay que olvidar los señalamientos recientes de la DEA respecto a funcionarios municipales de Tamaulipas vinculados con el CDG, o la aparente preocupación por la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.
Este pareciera ser el contexto de descontrol en el que se inscriben las liberaciones de los exgobernadores y del antaño líder del CDG. El panorama, por supuesto, es más complicado, pues aunque los espectros de la soberanía criminal del pasado parecen resurgir, hay que tener presente que en el 2016 en Tamaulipas hubo una transición en el poder político –pasando del PRI al Partido Acción Nacional (PAN)- y nuevamente en el 2022 –pasando del PAN al partido de MORENA-.
Es por demás conocido que en el 2020, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, por ejemplo, fue acusado por la FGR por presunta comisión de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Hubo orden de aprehensión y solicitud de desafuero que, hasta la fecha, han sido frenadas. A inicios del 2023, por otro lado, algunos medios difundieron fotografías del hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con el senador José Narro Céspedes, así como con Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”; este último presunto líder del Cártel del Noreste (CDN), con predominio en Nuevo Laredo
Hay espectros, como el del exgobernador Egidio Torre Cantú (2011-2016), que poca visibilidad mediática han tenido a pesar de que se trata del hermano del candidato asesinado en 2010, Rodolfo Torre Cantú, o bien de que su entonces tesorero fue acusado por uso de empresas fantasma y desfalco al erario del estado. También espectros como el del exgobernador Cavazos quien, como dato histórico, sucedió en el poder al exgobernador Américo Villarreal Guerra, padre del actual gobernador. Como se observa, los espectros de la soberanía criminal pasada en Tamaulipas son invisibles, intocables, pero también pueden confrontarse con nuevos personajes de una soberanía difusa en la entidad.
Óscar Misael Hernández-Hernández.
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros.
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