Recientemente la virtual candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota (JVM), hizo unas declaraciones interesantes pero que no recibieron la atención debida, sin duda debido a que hubo otras que las opacaron: aquellas donde se refirió erráticamente a la conformación de los gabinetes de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.
Dijo JVM que, de ganar, invitaría a los más capacitados para ocupar los cargos, independientemente de su militancia. Es decir, que a diferencia de lo que han hecho sus antecesores, conformaría un gabinete plural con la condición de que sus integrantes fueran capaces. Insisto, no es una declaración menor: en caso de ganar, podríamos atisbar la posibilidad que después de 12 años de gobiernos panistas, no sea el certificado de pureza ideológica, el que determine el acceder a un cargo de responsabilidad pública. Esa sí sería una novedad en el panorama nacional.
Tanto Vicente Fox, como de manera más clara, Felipe Calderón, no estuvieron dispuestos a incorporar en cargos de alta decisión, mandos superiores de la administración pública sería la denominación técnica, a cuadros no panistas. En la mayoría de los casos prefirieron la lealtad a otro tipo de virtudes y trayectorias. Esa decisión de que su administración no se contaminara de otros colores, es lo que una analista como Soledad Loaeza ha calificado como la “colonización de la administración pública”. Efectivamente ese ha sido el sello de los gobiernos de Acción Nacional, tanto a nivel federal como en el ámbito local. Se trata de administraciones públicas impermeables a quienes no comulgan con el credo panista.
¿Cómo ha sido posible que desde el primero al último escalón los partidos políticos colonicen a la administración pública? En gran medida la respuesta parece provenir de la ausencia de servicios profesionales o de carrera en los tres órdenes de gobierno. Aunque formalmente el 10 de abril de 2003 el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México, su aplicación se ha reducido a ciertas áreas; sin embargo a nivel estatal y municipal el panorama luce desolador. Sabemos que es práctica común que cuando llega un nuevo gobierno, sea federal, estatal o municipal, prácticamente son cesados todos los mandos medios y superiores de la administración predecesora. Pero también aquellos que no están sindicalizados. Esa aparente acción lógica deja fuera una gran cantidad de funcionarios con costos económicos muy altos y sobre todo en pérdida de capital humano. Cada tres o seis años se reinventan los gobiernos. Pero, insisto, esto es posible porque en nuestro país, a diferencia de otros, no existe el servicio profesional de carrera. De existir, habría seguridad laboral y carreras administrativas basadas en el mérito. Todos peligran cada cierto periodo de tiempo. Por ello, lo que funciona para ingresar al servicio público son las relaciones personales y políticas, antes que otro tipo de activos como la formación profesional o la escolaridad, es decir, los méritos.
Un verdadero avance sería que quien resultara ganador de las elecciones del próximo 1 de julio se comprometiera a una verdadera reforma en el servicio público, impulsando la obligatoriedad de la carrera administrativa. Nos ahorraríamos cantidad de recursos y la lucha encarnizada por el poder. Los nuevos gobernantes podrían nombrar a sus mandos superiores, pero no a toda la estructura. La administración pública dejaría de ser un botín político. Pero además, si conformaran gabinetes plurales, todos ganaríamos. Qué bueno que abundaran los funcionarios capaces de un solo color. Pero me temo que no es así; no en este momento.
