La ONU considera que ha habido tortura cuando la confinación al aislamiento forzoso es de duración mayor a 15 días. El diario New York Times del 25 de marzo publica una nota bajo el subtítulo: Aislan semanas a migrantes en EU seguida por el siguiente texto: «Casi la mitad de los detenidos son aislados por 15 días o más -tiempo en el que, de acuerdo con expertos psiquiátricos, se puede provocar un daño mental severo-, mientras que unos 35 son recluidos en soledad por más de 75 días».
Técnicamente, el responsable de esta nueva agresión a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, es el jefe del Poder Ejecutivo de ese país, que próximamente visitará México, bajo cuya administración se está ejecutando la acción destacada por el diario neoyorquino. Como simple ciudadano, yo no estoy de acuerdo en darle la bienvenida a quien es legalmente responsable del diseño y continuidad de esa acción que la ONU califica de tortura. ¡Al contrario! Con la misma calidad de simple ciudadano, exijo que nuestro gobierno no sea indiferente a lo que les está pasando a esos ciudadanos mexicanos que están siendo sujetos de tortura en Estados Unidos. Qué clase de mexicanos tendríamos que ser para no reparar ante una acción recurrente de tortura, contra la cual se pronunció el propio presidente de Estados Unidos mientras estuvo en campaña electoral. Estoy seguro de que muchos estadounidenses estarían en contra de esa práctica si se les hubiera consultado. Mi protesta es en el fondo una exhortación a todos los mexicanos a que manifestemos nuestra indignación y desacuerdo con ese trato institucionalizado, por su recurrencia hasta el presente, en contra de esos mexicanos que tuvieron la inocencia de buscar con su conducta migratoria, el llamado «sueño americano». Ante la falta de respuesta de nuestros representantes en el Poder Legislativo mexicano, a una noticia ampliamente difundida en los principales medios escritos de circulación nacional, como el del régimen de aislamiento forzoso al que estuvieron y siguen estando sujetos varios cientos de mexicanos en Estados Unidos, yo me pregunto hasta dónde ha llegado nuestra insensibilidad e indiferencia ante el dolor que provoca la experiencia migratoria como lo que les está pasando a compatriotas que se vieron en la necesidad de ir a otro país a buscar las oportunidades de sobrevivencia que no pudieron encontrar en el propio. Resulta que el jefe del gobierno que bajo su responsabilidad se ordenó el diseño y ejecución de ese régimen de aislamiento forzoso viene de visita oficial a México. Es posible que el presidente Obama no haya sido consciente de su propia responsabilidad en acciones calificadas por la ONU como tortura, pero lo que me parece imperdonable es que nuestro embajador en Washington haya guardado silencio ante tal violación a los derechos humanos como de cierto lo es, ese régimen de aislamiento forzoso. Su silencio es sólo congruente con su declaración -criticada en este espacio- de que México no debe intervenir en el debate sobre el proyecto presidencial de una «propuesta comprensiva sobre política migratoria, porque ese es un asunto interno de Estados Unidos». Tal error conceptual, no lo exime de su responsabilidad de defender los derechos de los mexicanos en el extranjero, lo que brilla por su ausencia en el caso del régimen de aislamiento forzoso que aquí se comenta. Lo menos que habría hecho cualquier otro jefe de un Estado de Derecho es llamar a su embajador para pedirle información de una acción gubernamental tan claramente violatoria de los derechos humanos de los migrantes originarios del país que representa. Si el presidente Obama tiene la sensibilidad de asociar su visita a México con la dimensión de una violación a los derechos humanos de esos migrantes sujetos a ese régimen de aislamiento forzoso, lo menos que puede hacer es ordenar la suspensión inmediata de esa acción de su propio gobierno y ofrecer las disculpas correspondientes al reconocimiento de su responsabilidad de Estado. Me pregunto cuál será el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si el gobierno de México le da una «bienvenida de Estado» al responsable de una acción gubernamental sistemáticamente violatoria de los derechos humanos de mexicanos en el extranjero.
