Hasta hace algunos días, la sequía que afectó al 70 por ciento del territorio del país era una de las principales notas periodísticas, sin embargo, después de unos días de lluvia la preocupación desaparece. Lamentablemente nuestro uso del agua parece importante solamente en situaciones extremas que ahora serán cada vez más frecuentes e impredecibles; como las lluvias e inundaciones que afectaron a 14 estados del país en 2011 o la sequía de principios de este año.
Sin embargo, la respuesta usual del Gobierno consiste en medidas temporales o emergentes que se traducen en fuertes cantidades de dinero que no llegan a quienes son afectados y alimenta la corrupción; mientras que las medidas para una gestión sostenible del recurso se dejan de lado.
El Gobierno Federal implementa un Programa Integral para la Atención Estructural de la Sequía, con un monto de más de 33 mil millones de pesos que se utilizarán en partidas para el abasto de agua, programas de protección social, de apoyo al empleo y de protección al ingreso familiar. Esta propuesta se justifica como una necesidad para enfrentar el problema de la sequía que afectó varios de los estados y regiones más pobres del país como Zacatecas, San Luis Potosí, la Sierra Tarahumara y el sur de Nuevo León. Aunque parecen medidas razonables y muy necesarias, el problema está en el enfoque. Por ejemplo, se aplicarán 900 millones de pesos para la construcción, equipamiento y reposición de 258 pozos profundos. El gobierno federal ha dado el visto bueno para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no solamente autorice, sino impulse la perforación de pozos, aunque se trate de zonas que tienen sobrexplotación en el acuífero. Para mitigar temporalmente los efectos de la sequía se recurrirá entonces a generar condiciones para futuros problemas en la disponibilidad de agua.
Por otro lado, la asignación de grandes partidas de dinero para enfrentar los efectos de la sequía puede incentivar la corrupción. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas el padrón de beneficiarios de los apoyos destinados al campo, 122 millones de pesos, no se publica completo y se han beneficiado con esos recursos a funcionarios del Gobierno, diputados y ex alcaldes. Es claro que los problemas de la gestión del agua no se resolverán asignando más dinero para que lo manejen los políticos.
Una gestión sostenible del agua, que permita reducir los efectos del uso irracional que hacemos de este recurso, requiere de medidas en distintos ámbitos: en general un cambio de modelo de desarrollo tanto urbano como rural que implica medidas necesarias como controlar el crecimiento disperso de las ciudades, el reuso del agua, la selección de cultivos apropiados para cada región de acuerdo a su disponibilidad de agua, la rehabilitación de cuencas y acuíferos. Pero sobre todo, cualquier medida será irrelevante si no se logra crear una consciencia ambiental para valorar el agua y los recursos naturales a partir de una educación que incluya al medio ambiente.
