Hay en el ambiente una sensación de intranquilidad, de incertidumbre, de visiones encontradas sobre las variadas reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha presentado en las últimas semanas.
Creo que el cálculo político que hizo el equipo presidencial tiene sus riesgos. Es una especie de arma de dos filos. Decidieron aprovechar el bono derivado del triunfo electoral, potenciado porque se trató de una alternancia entre partidos de distinto signo. Normalmente, al inicio de un nuevo gobierno se dan las mejores condiciones para impulsar los cambios planeados. Es el momento cuando la población está dispuesta a otorgar al nuevo gobierno el “beneficio de la duda”. Pero sin duda hay un margen amplio de incertidumbre en cuanto a los resultados previstos. No se pueden controlar todas las variables, sobre todo las reacciones de quienes se sienten afectados. Los beneficiados difícilmente se van a manifestar.
Durante los primeros meses de esta administración, hemos sido testigos de una cascada de reformas. Tres por lo menos centran nuestra atención: la reforma educativa, la energética y la hacendaria. Todas ellas con impactos directos en la sociedad. Las reacciones no se han hecho esperar y empiezan a coincidir en el tiempo y en el espacio.
Hay quien aconseja que pese al escenario optimista, los gobiernos tienen que dosificar sus propuestas reformistas. Eso garantiza, dicen, cambios más profundos. Hace un par de días, escuchaba a un personaje decir que seguramente el aumento del IVA en todo el país, que contemplaba el proyecto original de reforma hacendaria, se había retirado por la reacción social que podría provocar y por la coincidencia con las manifestaciones de los maestros por la reforma educativa.
La apuesta reformista ha sido intensa; pero las reacciones también lo pueden ser. Es jugarse mucho en el arranque del partido. Ya veremos que resulta. En términos partidistas, quien más arriesga es el partido del presidente, el PRI. Lógico, es el gobierno. Sus militantes tienen que cerrar filas en torno a las propuestas, a pesar de lo impopulares que pueden ser algunas de ellas. El margen para disentir es mínimo y quien se atreva a hacerlo públicamente o votar en contra en el Congreso, así sea en torno a alguno de los contenidos, arriesga su capital político.
Un ejemplo claro de esto último tiene que ver con la indignación que ha causado la propuesta de homologación del IVA en la frontera, que se traducirá en un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a lo que hoy los consumidores pagan, pasando del 11 al 16 por ciento. Para el partido en el gobierno, sus dirigentes y militantes es difícil justificarlo; aún apelando a los aspectos positivos que pudiera contener la propuesta de reforma hacendaria, los ciudadanos fronterizos rechazan la medida por las consecuencias directas en la economía doméstica. Es un verdadero galimatías al que se enfrenta el PRI a nivel local. Los costos políticos serán muy altos, sus adversarios se encargarán de utilizarlo de bandera en su momento.
Al contrario, el PAN y el PRD tratarán de capitalizar al máximo la inconformidad: son oposición y su margen de maniobra es mayor. Su camisa de fuerza desde luego es el Pacto por México. Asumieron compromisos con el presidente y su partido de ir juntos por las reformas. El PAN se ha defendido diciendo que su proyecto privatizador es más radical que el del presidente y el PRD que apuesta más por la defensa de los pobres y de las clases medias. Ambos partidos están pensando ya en las próximas elecciones federales de 2015.
Creo que si aumenta la presión social contra las reformas o contra algunos de sus contenidos, los partidos tendrán que definirse o mantener posiciones menos ambiguas. Eso podría significar el fin del pacto y de las reformas. Por eso la premura del presidente, por eso su decisión de correr todos los riesgos. Ya veremos.
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