El 1 de noviembre inicia un nuevo gobierno estatal en Baja California. Estamos a dos semanas de inaugurar el quinto gobierno panista. Fenómeno inédito en el país: 6 gobernadores panistas sin alternancia despachando en el Centro Cívico (uno más por la muerte de Héctor Terán Terán a mitad de su sexenio). Salvo en Guanajuato y en Baja California, en todos los casos donde ha ganado la gubernatura Acción Nacional ha alternado con el PRI.
El dato relevante es que el nuevo gobierno llega en medio de la elección más competida de la historia política de la entidad: la diferencia con el candidato priista fue de apenas 2.6 por ciento; en 2007 había sido de más de 6 puntos. Dicha competencia queda reflejada con el empate en el número de diputados (siete) de los dos principales partidos en la entidad: PAN y PRI. Pero además, muestra la pluralidad de la nueva Legislatura (XXI) donde se encuentran representados 9 partidos políticos. Si sumamos los diputados de la alianza ganadora, Unidos por Baja California, se confirma la situación de Gobierno Dividido con 12; para la alianza encabezada por el PRI, Compromiso por Baja California, fueron 11 diputados y 2 más para el Movimiento Ciudadano. El PAN no alcanza la mayoría absoluta, 13, para poder hablar de un Gobierno Unitario. La situación exige mucha capacidad negociadora.
Como fruto de la reciente reforma política en la entidad, una de las salidas que le ofrece al nuevo gobierno para generar mejores condiciones de gobernabilidad es el “Gobierno de Coalición”. Para concretarse resulta indispensable que el Ejecutivo opte por ello dentro de los primeros 90 días siguientes a la instalación de la nueva legislatura, es decir, a partir del 1 de octubre. Se deberán establecer las políticas que impulsaría un gobierno de estas características, debiéndose registrar en el Congreso. Ello le exigiría al Ejecutivo someter a ratificación (en el Congreso) todas las propuestas (por separado) de titulares de las dependencias, mismas que pudieran ser aprobadas por mayoría simple.
Si no hay propuesta de gobierno de Coalición, los cargos sujetos a ratificación serán únicamente los de Secretario de Desarrollo Social y Contralor General. Veo muy difícil que el nuevo gobierno se incline por un gobierno de coalición, que significaría repartición de responsabilidades y, de puestos, desde luego.
Precisamente el tema de los cargos trae preocupados a bastantes tiradores; hay más pretendientes que puestos a repartir. Muchos se truenan los dedos y se encomiendan a su santo de predilección. Lo cierto es que los rumores van y vienen y cambian las quinielas. La especulación es una de las actividades predilectas de los mexicanos. Ya veremos quienes son los agraciados. Al parecer el anuncio se hará a partir del próximo día 20.
Pero más allá de los nombres, yo esperaría capacidades. Lamentablemente, los gabinetes se constituyen a partir de los compromisos de campaña o de las lealtades y amistades. La formación y trayectoria idónea para el puesto es secundario. Mal haría el nuevo gobierno en no modificar ese patrón. Los tiempos son muy complicados y los problemas lejos de resolverse se han multiplicado.
El nuevo equipo de gobierno, lidereado por Francisco Kiko Vega deberá partir de un diagnóstico objetivo para poder hacer frente a los múltiples problemas que enfrenta la entidad. No puede conformarse con la visión idílica que por estrategia publicitaria le hereda el gobierno que concluye. A la administración que se va le interesa que los ciudadanos la evalúen positivamente. Pero puede ser un arma de dos filos si el nuevo gobierno “compra” esa ilusión. Una vez que tome posesión los problemas y carencias surgirán por doquier y la ciudadanía considerará que la responsabilidad es de la nueva administración porque la que terminó le heredó una situación de bonanza y con todo resuelto. Se requieren funcionarios con mucha capacidad para afrontar los nuevos y viejos desafíos. Pronto sabremos el camino escogido.
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