Joseph Biden llegó a la presidencia en una coyuntura de tensiones que, si bien no son nuevas, han asumido una nueva urgencia ante la pandemia de Covid-19. Me refiero, en particular, al resurgimiento del conflicto racial, en sí un reflejo de profundas desigualdades e injusticias que ponen en jaque la gobernanza, la economía y el tejido social mismo de la nación. Para hacer frente a esta situación el presidente ha dado una serie de vueltas políticas, si no ideológicas –un poco sorpresivas, dada su trayectoria como miembro moderado (a veces conservador) del partido Demócrata– que son de tinte progresista, algunas alienadas con el ala más radical dentro de su partido, si no de la nación.
La historia del Covid-19 en el país todavía no se escribe, pero es probable que uno de los hechos que saldrá a relucir en ese recuento será el papel que jugó en la apertura a una crítica del proyecto neo-liberal y a un ajuste de cuentas del pasado de desigualdades e injusticias en EEUU. No es exagerado proponer que la llegada de la pandemia derrotó la apuesta de Donald Trump por un segundo término y abrió paso a un giro en la economía política del país. Aunque todavía está por verse, existe la posibilidad de que ese giro dé lugar a ajustes en los cimientos en que ha estado asentado EEUU desde su inicio y que, en épocas más recientes, se fortalecieron, empezando con la presidencia de Ronald Reagan. Recordemos que el régimen de Reagan marcó el abandono de los vestigios del New Deal del presidente Franklin Roosevelt (1933-1945), basado en la regulación gubernamental de la economía y en el balance de los múltiples intereses y grupos que componían el entorno nacional, y la imposición de manera hegemónica del modelo neo-liberal asentado en el mercado libre y la ideología laissez-faire.
Como “la gota que derramó el vaso” la pandemia reveló el rol que jugó el neo-liberalismo en crear las condiciones que aceleraron la propagación del virus e impidieron una eficaz respuesta al mismo, convirtiendo a EEUU, durante una temporada, en el epicentro mundial de la pandemia, con altísimas tasas de contagio, enfermedad y muerte. En particular, al arrasar con las poblaciones y comunidades negras, latinas e indígenas y, en general, con los sectores más pobres, la pandemia resaltó la enorme vulnerabilidad social que el modelo había fomentado a lo largo y ancho del país. El asesinato de George Floyd en mayo de 2020 y las protestas subsecuentes solo vinieron a recalcar la profundidad de esa inequidad e injusticia.
Ante tal escenario, al llegar a la Casa Blanca, y siguiendo el ejemplo de Roosevelt, Biden propuso una serie de medidas enfocadas en responder y solventar las apremiantes necesidades de las poblaciones más vulnerables. Con ese fin estableció el Health Equity Task Force, encargado de expandir los programas de vacunación entre poblaciones en mayor riesgo de enfermedad y muerte, proveer mayor información (sobre medidas preventivas, por ejemplo) y hacer más accesible el servicio médico a personas de menores ingresos, un reto formidable.
De manera paralela, y reconociendo las raíces estructurales de la inequidad, el plan de infraestructura de Biden, la más grande en más de una generación, se lanzó con el fin de crear y expandir oportunidades laborales, invertir en comunidades de color de bajos ingresos, reconectar esas comunidades y barrios a centros de oportunidad económica y llevar a cabo programas de limpieza de desechos tóxicos, concentrados de manera abrumadora en comunidades económicamente marginales. Otros ítems incluidos consisten en: expandir el servicio de internet a comunidades rurales marginadas, apoyar el cuidado en casa de personas de tercera edad y deshabilitadas e invertir en universidades que concentran estudiantes de minorías étnica-raciales.
Obviamente, la injusticia racial, doliente rezago nacional, acaparó la atención de Biden desde el inicio. De hecho, en una de sus primeras declaraciones al llegar a la presidencia, se comprometió con sanar las heridas raciales del país. Así, en enero el recién nombrado Procurador General de la Nación, Merrick Garland, declaró que daría prioridad a la justicia racial y la amenaza de los movimientos extremistas, especialmente aquellos atados a la supremacía blanca. También subrayó la necesidad de enfrentar el racismo institucional en los sistemas de educación, vivienda, finanzas y en las fuerzas de seguridad del país.
Es tentador preguntarse si Biden habría dado este giro si no hubiera sido por la coyuntura en que llegó a la presidencia. Al fin y al cabo, estuvo en otras contiendas presidenciales y sus propuestas fueron moderadas y conservadoras. Pero ascendió al máximo puesto de poder en el país en un instante crítico para el país, de hondas rajaduras en los cimientos del estado-nación, y es un voto a su favor que haya reconocido la gravedad del momento, la incapacidad del modelo existente para solventarlo y la necesidad de encaminar el país en un rumbo distinto de economía política.
Dra. Olivia Ruiz
El Colegio de la Frontera Norte
