El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, inició el 12 de enero y se ha prolongado hasta hoy en día (21 de febrero) se ha convertido en un laboratorio de la reconfiguración de las relaciones laborales en México. Como lo argumenté en el Correo fronterizo del 7 de febrero, los factores determinantes de la movilización han sido el entrecruce de una historicidad laboral y los nuevos cambios gubernamentales en materia laboral y sindical. Matamoros es un laboratorio, no solo para vislumbrar el fortalecimiento laboral en tiempos de cambio sino de los excesos en los que se puede incurrir cuando esta libertad no se enmarca en la legalidad. A continuación enumero algunos puntos que pretenden invitar a los actores laborales, el gobierno, los activistas y sociedad en general a reflexionar en torno al futuro laboral que se está construyendo.
1.- El conflicto puede ser dividido en varios períodos: El inicio de paros laborales, del 9 al 24 de enero. El estallamiento de la huelga, del 25 de enero, y su culminación, mediante la firma de convenios con las 45 plantas Ainvolucradas, el 9 de febrero, ambas acciones con una participación continua del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) como representante legal de los trabajadores.
Paralelamente, aunque no articulados como estrategia laboral, sino como contraposición o presión hacia el sindicato, se registraron marchas, mítines en la plaza pública y en los parques industriales, encabezados por la abogada Susana Prieto. Una tercera etapa, se abre a finales de enero, principios de febrero, cuando el movimiento se extiende a otros sectores laborales de Matamoros, particularmente maquiladoras afiliadas al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME), segundo sindicato más importante de las maquiladoras, así como en empresas locales y en los comercios, en donde el activismo adquiere una mayor relevancia. Esta última etapa ha sido denominada como “Movimiento 20/30” en alusión a la demanda del 20% de aumento salarial y el bono anual de 32,000 pesos, demandados por el SJOIIM.
2.- El movimiento 20/32 y el desbordamiento de la libertad laboral. Mientras que en los movimientos de huelga del 25 de enero al 9 de febrero, las exigencias fueron enmarcadas dentro del cumplimiento del contrato colectivo y por lo tanto con un sustento legal. En la fase denominada 20/32, se evidencia un desbordamiento de los canales legales dado que se desconocieron acuerdos que ya habían sido firmado por el líder del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME), se agitaron a plantas que aún no estaban en períodos de negociación contractual, se llevaron a cabo paros ilegales y, lo más preocupante, se impusieron aumentos salariales y pagos de bonos a las empresas que no estaban en sus contratos colectivos. A pesar de estas violaciones, las plantas tuvieron que aceptar firmar dado su inserción en esquemas de exportación en donde no se puede dejar de producir. Los “triunfos” laborales de esta manera dejan un sabor agridulce porque se obtuvieron a través de la presión mediática, actos ilegales, como obstrucción de la entrada a las empresas de trabajadores que deseaban entrar a trabajar, y exigencias laborales fuera del contrato colectivo, más que como producto de una lucha laboral enmarcada en la legalidad.
3.- Las redes sociales: verdades a medias, coacciones y amenazas. La participación de las redes sociales ha jugado un papel relevante tanto para los que siguen el movimiento desde fuera como para los trabajadores que participan localmente. Las redes, a través de un estructurado trabajo de comunicación, han subido videos que exaltan la acción obrera y el protagonismo de su lideresa, la abogada Susana Prieto, aunque también han sido borrados o cuestionados todo lo que no abona a la imagen que se quiere dar del movimiento. En ese sentido, seguir el movimiento por las redes puede brindar una imagen parcializada de la realidad. Empero, quizá lo más preocupante son dos aspectos: primero, las redes sociales, especialmente las creadas ex profeso para dar visibilidad al movimiento, dieron paso a una conducta laboral no negociadora, sino voluntariosa, a través de un grupo de trabajadores, recibiendo indicaciones alejadas de la situación real de sus plantas, enmarcados en las indicaciones por la red y de su dirigente, llegando al extremo de cuestionar lo escrito en su contrato, mediante la expresión “eso no dice en el face”, lo que resulta inaceptable. Segundo, las redes también han sido canal de movilización, sanción, coacción para los trabajadores y contra los mismos sindicatos por no conducirse de acuerdo a lo solicitado por su lideresa. Recientemente, las redes se han convertido en fuente de amenazas en contra de la lideresa, lo que resulta preocupante. La irracionalidad y el efecto de las redes sociales en movimientos son puntos no solo de reflexión teórica sino que los actores involucrados habrán de enfrentar y resolver.
4.- La actuación de las autoridades: ¿libertad o irresponsabilidad? Es evidente que el conflicto ha escalado niveles desproporcionados, debido a la inacción de la mayor parte de autoridades. La municipal y la estatal, por los supuestos “costos políticos” en las próximas elecciones, el federal por la libertad que debe existir en las relaciones laborales. En el caso que las autoridades han actuado, como la llamada de un senador para romper la huelga o el uso de la fuerza pública, muestra la ausencia de medidas para impulsar la legalidad en lugar de acentuar y favorecer la confrontación. En una sociedad que se abre al cambio, ningún interés político debería estar por encima del bienestar social de un espacio local y regional, y la inacción también puede favorecer, como lo dijo la abogada Prieto en un mitin: “el que el gobierno federal no actúe ya es una ayuda para lograr los objetivos de este movimiento”.
Finalmente, en Matamoros ¿se inicia una etapa de democracia sindical, una primavera laboral? Los triunfos obtenidos, las manifestaciones obreras vistas por Facebook para distintos analistas pueden evidenciar un fortalecimiento laboral. Sin embargo, los factores enunciados parecen cuestionarlo. En la primera etapa del conflicto, era evidente el objetivo de derrotar al sindicalismo cetemista por todo lo que representa históricamente, y el impulso a un nuevo sindicalismo, sin embargo, como lo apunté, éste no es el impulsado por el sindicato minero sino uno de corte más independiente, y en mi parecer más de confrontación que de conciliación. No hay una definición clara de este nuevo tipo sindical que el movimiento 20/32 impulsa, sin embargo la forma de inicio del mismo, a través del llenado de un formato en internet con datos personales, credencial de elector y delegando el poder absoluto a la abogada Susana Prieto para cualquier asunto laboral por parte del trabajador, no parece ser el camino más adecuado para iniciar un sindicato independiente y realmente representativo de los trabajadores.