En las últimas semanas hemos visto escenas de militares siendo humillados, despojados de sus armas y hasta retenidos. Los pobladores que cometen dichos actos reclaman se les devuelvan armas de uso exclusivo del ejército y la liberación de presuntos halcones del crimen organizado, entre otras causas. Los militares, ante la orden de no defenderse, simplemente apuntan sus armas al suelo y reciben todo tipo de agresiones.
Estas escenas son el resultado de una política presidencial en materia de seguridad que prefiere sacrificar a la tropa antes de gastar capital político con escenas de militares ejerciendo el uso legítimo de la violencia para defenderse. El presidente se equivoca. Las becas y los programas sociales ayudan a atender las causas de la violencia, pero no son suficientes. Ante la emergencia de inseguridad que vive el país, se requiere atender los síntomas a la par que se atienden las causas. De poco sirven las campañas para prevenir la adicción al cigarro en un paciente que ya tiene cáncer. Ante un paciente que se desangra, es imperativo frenar la hemorragia primero, para después atender las causas del problema. El país requiere atender las causas de la violencia, pero también requiere, hoy, de un ejército capaz de garantizar condiciones de seguridad en territorios como Michoacán o Tamaulipas. Por supuesto, hay reformas necesarias que permitirán a las instituciones civiles ser mas efectivas en la reducción de la impunidad, la violencia y la inseguridad. Entre ellas destacan la creación de un Código Penal Único, darle mayores facultades de investigación a las policías y reformar la normatividad en lo relacionado a prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, existen zonas muy puntuales del país en donde es imperativo primero recuperar el control del Estado para después implementar exitosamente los mecanismos civiles.
La postura presidencial es extremadamente ingenua o extremadamente mezquina en términos políticos. A través de años de estudio en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, la humanidad ha aprendido la importancia de usar el castigo de forma inteligente. Se ha demostrado que la celeridad y la certidumbre del castigo son cruciales para modificar el comportamiento. Incluso, se ha demostrado que la severidad del castigo es irrelevante y hasta contraproducente, mientras haya celeridad y certidumbre. Hoy, la llamada política presidencial de no represión no genera esa certidumbre. Las imágenes de militares derrotados manda la señal al crimen organizado de que incluso la máxima institución de seguridad del Estado es incapaz de garantizar celeridad y certidumbre de castigo ante conductas delictivas.
En particular, lastima ver a la tropa desmotivada y frustrada ante los efectos negativos de la mal llamada política de no represión. El Secretario de la Defensa no ha metido las manos por sus elementos, al menos en público. La máxima autoridad de la SEDENA ha dejado a su suerte a la tropa. No es posible exigir a los elementos encargados de cuidarnos si como Estado no cuidamos de dichos elementos. Es cierto que algunos elementos del ejército han cometido abusos en el pasado, pero el extremo de no permitirles defenderse daña al estado de derecho, afecta la imagen de la institución y pone en riesgo la vida de seres humanos.
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez
El Colegio de la Frontera Norte