Por: Oscar Misael Hernández
Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Matamoros
El tema de los Panama Papers es por demás conocido. La filtración de documentos por The International Consortium of Investigative Journalist, hizo saber que la firma de abogados Mossack Fonseca en aquél país “ayudó” a que algunos Jefes de Estado, políticos, empresarios y demás personajes públicos pudieran evadir impuestos, ocultar propiedades, crear empresas fantasma, o bien entrar a “paraísos fiscales”; esta última una expresión de moda que se refiere a un país que se porta buena onda con empresas o personas extranjeras que invierten, reduciéndoles impuestos y guardando sus secretos bancarios.
Los Panama Papers pusieron al descubierto actos de corrupción y, por default, a gente corrupta en diferentes países, entre ellos México. Personajes del mundo político y económico, incluso de la farándula, salieron a relucir. Entre estos, dos de Tamaulipas: Juan Armando Hinojosa Cantú, sí, el del Grupo Higa que estuvo vinculado con la casa blanca del Presidente Enrique Peña Nieto; y Ramiro García Cantú, un empresario a quien el gobernador Egidio Torre Cantú le acaba de entregar la medalla al mérito, “Luis García de Arellano 2016”, argumentándose sus servicios prestados al desarrollo económico y productivo del Estado.
Tamaulipas, entonces, tiene sus propios Papers, aunque estos no se limitan a personajes como los antes citados ni a paraísos fiscales. Desde mi opinión, los Tamaulipas Papers datan de hace años y remiten a diferentes personas, situaciones y contextos. Uno de ellos es el caso Rodolfo Torre Cantú; el candidato priísta a la gubernatura asesinado en junio del año 2010 por supuestos hombres de un grupo delictivo. Del caso resultaron varias hipótesis, señalamientos de personas involucradas, pero a la fecha no se ha detenido a ningún responsable por la muerte del hermano del actual gobernador de Tamaulipas.
Otro caso es el referente al migranticidio en San Fernando. Los cuerpos de 72 migrantes encontrados en una ranchería de aquél municipio, masacrados por miembros de un supuesto grupo del crimen organizado en agosto del 2010, más los 193 cuerpos encontrados en abril del 2011 en diferentes fosas clandestinas. Fueron varias las detenciones de criminales involucrados, revelándose algunos de los móviles y participación de autoridades locales y regionales, sin embargo, otros siguen prófugos, algunos restos de migrantes no han sido identificados, otros continúan desaparecidos y los familiares continúan demandando justicia.
Un caso más es el relacionado con los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes gobernaron Tamaulipas entre 1999 y 2004, y 2005-2010, respectivamente. Ambos acusados por autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero, defraudación fiscal, narcotráfico y demás delitos federales tanto en México como en Estados Unidos. Ambos prófugos de la justicia, aun cuando congresistas estadounidenses han demandado su detención y extradición inmediata. Por supuesto, no se trata de los únicos políticos tamaulipecos que han sido señalados por Estados Unidos como persōnæ nōn grātæ.
Estos son sólo algunos de los casos que forman parte de los Tamaulipas Papers, además de los altos índices de secuestros y homicidios en la entidad. Sin embargo, mientras que a nivel internacional los Panama Papers han empezado a tener repercusiones, por ejemplo, la renuncia del primer ministro de Islandia, del presidente de un banco austriaco y del presidente de una ONG en Chile, o bien protestas populares en ciudades como Londres, en Tamaulipas no pasa nada, aun cuando es visible que la corrupción y la violencia son los denominadores en común.
