Por: Xavier Oliveras González
Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Matamoros
A medida que avanzan las elecciones primarias en Estados Unidos, cada vez es más probable que Donald Trump se convierta en el candidato republicano y, quizá, en el 45º presidente. A la misma velocidad crece la preocupación en México por una de sus propuestas estrella, la construcción de un muro fronterizo, los costes del cual deberían ser pagados por México.
La construcción de un muro no es una idea nueva. Recordemos que actualmente ya existe; no continuo a lo largo de toda la línea fronteriza (3 mil 145 km), sino solo en algunas porciones, que suman la friolera de mil 078 km. Tampoco a lo largo de estos kilómetros el muro presenta las mismas características, siendo en algunos lugares un tendido de alambre y en otros una doble pared metálica equipada con alambre y videovigilancia.
La idea tampoco es exclusiva del partido republicano; recuérdese que fue bajo el mandato de Bill Clinton, demócrata, cuando se inició su construcción en 1994, coincidiendo –quizá irónicamente– con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Aunque, ciertamente, fue George Bush, republicano, quien lo extendió con la famosa Secure Fence Act de hace diez años.
Los detalles de su propuesta todavía no son claros; en ocasiones se ha referido a un muro que cubra la totalidad de la frontera y en otras a unos emplazamientos específicos. También ha expresado que se trataría de “un muro de verdad, no como el que tenemos ahora”, poniendo de ejemplo el que Israel construyó en Palestina.
Lo más novedoso es, sin lugar a dudas, quién debe asumir el coste de su construcción. Se calcula que el actual muro costó unos 2 mil 400 millones de dólares, pagados por el sector público, aunque los más beneficiados fueran las empresas privadas de seguridad. Según algunos analistas, la construcción del muro de Trump costaría 25 mil millones de dólares (sin incluir la compra de terrenos, el mantenimiento ni la vigilancia por parte de la Border Patrol) que, en esta ocasión, no asumiría el gobierno estadounidense; ni, dicho sea de paso, el sector privado.
Desde México se ha tachado la propuesta de absurda y hay quiénes, sacando pecho, claman “¿Cómo cree? ¿Cómo nos hará pagar?”. La respuesta está en su programa, donde señala “varios mecanismos para obligar a México”. El primero consiste en impedir que los mexicanos que residen indocumentadamente en Estados Unidos puedan enviar remesas. Debe tenerse en cuenta que la economía de México depende en gran medida de éstas, de las cuales una gran parte –según Trump– proceden de trabajadores indocumentados.
El segundo mecanismo propuesto es establecer tarifas comerciales a las mercancías exportadas por México y endurecer los tratados comerciales. En otras palabras, se trataría de eliminar total o parcialmente el Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que –para Trump– este ha sido más beneficioso para México que para Estados Unidos; de aplicarse, ambos países perderían, dice, pero más el primero que el segundo.
Los dos últimos se refieren a la cancelación de las visas por turismo y trabajo, y el aumento de las tarifas para obtener las visas. Según los cálculos de Trump, solo con lo que se recaudaría de más se podría pagar el muro, a la vez que sabe que por mucho muro que haya y costoso que sea entrar a Estados Unidos, los mexicanos continuarán queriendo ir, tal y como se demostró en 1994 y 2006.
Más allá de lo grotesco, estas medidas y sus consecuencias merecen ser atendidas seriamente. No solamente vienen a completar la refronterización geopolítica (la restricción de los movimientos de las personas), sino que también, y por primera vez, revertir la desfronterización geoeconómica (la relativa a los flujos de mercancías y capitales).
