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En tiempos del priísmo, el acarreo de los trabajadores, especialmente de los grandes sindicatos, petroleros, electricistas o bien de las grandes centrales como la CTM y la CROC, a los mítines políticos de l@s candidat@s que competían por algún cargo político, era una prác6tica común, lo mismo acontecía en los cierres de campaña, en donde grandes contingentes de trabajadores eran trasladados en autobuses a los mítines. Aparte de la transportación, los trabajadores recibían algún lonche, y en algunos casos se les daba algún artículo como gorra, camiseta u otro producto, su actividad principal era alimentar numéricamente la campaña, aplaudir y gritar. A pesar de estos obsequios, el trabajador asistía a estos eventos a la fuerza y con la amenaza de sanciones e incluso de perder el trabajo si no asistía. Los encargados del acarreo eran líderes sindicales. La misma práctica se realizaba en las colonias populares por los líderes de colonias. El acarreo era una práctica antidemocrática en la que se sustentaba el voto corporativo.
Durante los gobiernos panistas, la práctica disminuyó, sin que haya desaparecido. En los estados con alternancia política, como Baja California, me tocó observar como los líderes desligaban a los trabajadores del apoyo a los gobernantes y realizaban sus concentraciones en lugares alternos, algún sindicato o bien en un espacio de algún dirigente. Sin embargo, aún dentro de estos gobiernos, ni los Presidentes, ni los Gobernadores, emanados de otro partido, se confrontaron con las centrales sindicales o con los dirigentes. Incluso no pocas veces asistieron a los eventos sindicales a los que fueron invitados, el temor a la fuerza numérica y capacidad de movilización, ficticia o real, de los dirigentes de los trabajadores, era una fuerza que preferían no desafiar.
El pago por este acarreo era el otorgamiento de cargos políticos para los dirigentes. Diputaciones, Senadurías, y otros cargos, eran repartidos como pago a estos servicios. Así pues, aunque los diputados y Senadores podrían ser del sector obrero, no se trataba realmente de una representación de los trabajadores, que buscará su mejoramiento, sino un pago a la capacidad para movilizar, y controlar a los trabajadores, por parte de los trabajadores. Hubo excepciones de líderes que se negaron al apoyo o acarreo, que fueron duramente sancionados. En los años ochenta, cuando un partido opositor ganó en Matamoros, se le inquirió al dirigente: ¿porque los trabajadores no habían votado por el PRI? Simplemente, contestó “yo no puedo obligar a que los trabajadores por alguien”. El mismo dirigente se negó a acatar los pactos económicos, argumentando que él “no había firmado ningún pacto”. Su rebeldía, le costó la cárcel por supuesta malversación de fondos, otros líderes fueron removidos por sus cuestionamientos.
Mientras el acarreo y el pago con curules políticos a los dirigentes era bastante visible, había otras prácticas que eran manejadas de manera más oculta y poco visible para los trabajadores como era el descuento de algún día de salario o el recorte de otro pago para costear algún evento político. Lo que de entrada era una violación constitucional dado que, de acuerdo a ésta, los salarios, y demás prestaciones no son susceptibles de descuento alguno. También otra práctica generalizada fue el pago a los líderes sindicales, o abogados, “para arreglar” conflictos laborales en antiguas juntas locales de conciliación y arbitraje. Acuerdos que generalmente en nada favorecían a los trabajadores sino solo a los abogados y los líderes. En síntesis, era el aprovechamiento absoluto de sus derechos y prestaciones, en favor de políticos y dirigentes sindicales.
A casi un cuarto de siglo de la remoción del PRI del poder, estas prácticas deleznables que muchos consideraban erradicadas dada la alternancia política que tenemos desde los ochenta en el ámbito estatal y el 2000 a nivel federal, siguen por demás vigentes. El tema de descuento a trabajadores, ya había emergido desde el 2013 en el Estado de México, https://contralacorrupcion.mx/las-pruebas-del-diezmo-de-delfina-a-morena/, y resurgió en el 2017, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/delfina-gomez-aclara-descuentos-a-trabajadores-en-municipio-de-texcoco/, en ambos, estuvo involucrada la actual gobernante mexiquense, quien aceptó haber hecho los descuentos, pero “fueron voluntarios”. Sin embargo, el INE comprobó no solo el descuento sino el desvío de otros recursos para eventos proselitistas o visitas presidenciales por los que se sancionó a MORENA en el Estado de México. La entidad no es la única, varios trabajadores, e incluso funcionarios, de distintas entidades han experimentado estos descuentos.
El acarreo, usando el tema laboral o los trabajadores, tampoco ha terminado. En diciembre pasado, fui invitada a una supuesta conferencia sobre temas laborales que dictaría la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas en Matamoros, dirigida a mujeres. Dado ser mi temática, asistí a la “conferencia”, la cual en realidad se trataba de un evento propagandístico para la Secretaría del Trabajo que busca ser Senadora por Morena en Tamaulipas. En una presentación de aspectos laborales que no duró más de 15 minutos, lo demás fueron sobre las actividades de la Secretaría y sus supuestos logros, se concentraron a mil mujeres, de los más variados sectores, convocados por los funcionarios públicos de distintas áreas: salud, cultura, educación, etc, a la más pura usanza priísta. La misma funcionaria “impartió” la misma conferencia en las instalaciones del principal sindicato de Matamoros. En donde cientos de trabajadores, mayormente delegados, fueron concentrados. En ese momento, como analista, me preguntaba: ¿en dónde está el cambio? ¿la transformación?Así pues, lo divulgado esta semana sobre el descuento de indemnizaciones de los trabajadores de Notimex para la precampaña de la candidata presidencial de Morena, no debería sorprendernos sino más bien preocuparnos, de que estas prácticas tan censurables sigan vigentes, https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/08/politica/lo-que-hay-detras-del-conflicto-en-notimex-6340. Más preocupante, aún, resulta que los funcionarios y abogados encargados de la implementación de la nueva reforma laboral sean aludidos como actores centrales en la continuidad de estas prácticas. Anteriormente, en otros artículos, he mencionado como la burocracia de los nuevos centros de conciliación y registro, ha sido uno de los mayores obstáculos para el reconocimiento registro de sindicatos y nuevos contratos colectivos, el que ahora se mencione los arreglos en huelgas y liquidaciones de trabajadores en un sistema que buscaba terminar con ello, resulta muy preocupante, no solo porque la política sigue usando a los trabajadores y sus recursos para fines políticos sino porque desligan los acuerdos laborales de la voluntad y movilización de los trabajadores, lo que frena cualquier posibilidad de avanzar en la democracia sindical.
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
