El sábado 1 de septiembre inició el último trimestre del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Ese día envió al Congreso su sexto informe de gobierno. Trascendió que el PAN buscaba que el presidente acudiera a la sede del Poder Legislativo y con ello tratar de dar una imagen positiva de salida. Es la añoranza también por revivir las viejas glorias del presidencialismo omnipotente.
Efectivamente, al inicio del periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras, el 1 de septiembre de cada año, los presidentes acudían a ser reverenciados por sus correligionarios. Eran unas ceremonias faraónicas donde en interminables sesiones, Luis Echevarría llegó a pronunciar discursos de 6 horas, se auto vanagloriaban por sus sabias decisiones. Todo era perfección y elogios para el jefe del Ejecutivo. Las calles aledañas al recinto se cubrían de serpentinas y toneladas de papelillos de colores se esparcían al paso de la caravana presidencial.
La alternancia y los gobiernos divididos anunciaron nuevos tiempos: se empezó a cuestionar el sentido de las ceremonias anuales que sólo servían como burla a la ciudadanía: el país no era perfecto como los presidentes querían, y siempre debido a sus buenos oficios. En 1997 se configuró el primer gobierno dividido y empezó a discutirse la viabilidad de cambiar la normatividad para evitar “el día del presidente”.
El acicate para la reforma que permitiera prescindir de la absurda ceremonia tuvo lugar aquel aciago 1 de septiembre de 2006, cuando los representantes populares impidieron a Vicente Fox pronunciar su discurso y tuvo que contentarse con entregar el informe por escrito a una comisión que lo recibió en el lobby de la sede del Congreso. Dos años después, en agosto de 2008, se aprobaba la reforma constitucional que prescindía de la obligatoriedad del mandatario de presentar personalmente el informe anual.
El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó redactado de la siguiente manera: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Esto significa que puede enviarlo con mensajero, aunque bien podría entregarlo de manera personal pero arriesgándose a ser increpado en cadena nacional. Por cierto en el recuento de mensajeros del sexenio que agoniza destacamos a cinco secretarios de Gobernación. En 2007 fue Francisco Ramírez Acuña; en 2008 Juan Camilo Mouriño; en 2009 Francisco Gómez Mont; en 2010 y 2011 Francisco Blake Mora y en 2012, Alejandro Poiré Romero, seguramente en la entrega más rápida que se recuerde.
A Felipe Calderón ya no le tocó la ceremonia fastuosa dentro del recinto; por ello decidió hacerla en otro lugar invitando sólo a los cuates y afines. Así se evitaría los gritos y sombrerazos. En ese recinto alterno se revive esa festividad donde todo gira en torno a las proezas presidenciales. No fue la excepción este último año. Dos días después de la entrega formal del informe, el lunes 3 convocó a un número reducido de amistades y funcionarios a la sede del Palacio Nacional. Sabía que sería la última ocasión del sexenio en la que toda la atención sería para su persona. En su discurso se dedicó a enumerar los que para él son los grandes logros de su gobierno. Pero en ese rosario de buenas noticias, destacó el tema que ha subordinado toda su gestión: la guerra contra el crimen organizado. Destacó el papel patriótico de las fuerzas armadas, de los sacrificios necesarios de la población para dar la batalla; del heroísmo y ejemplo de las fuerzas federales, y un largo etcétera. Nada dijo de los costos de su guerra: aumento del consumo de drogas, de las adicciones, de los miles de muertos y desaparecidos, amén de la violación a los derechos humanos. Tampoco que el fracaso de la estrategia se puede medir porque el costo económico de las drogas se ha mantenido, lo que indica que la circulación no se redujo.
Esperemos que los tres meses que quedan de un gobierno que entrega malas cuentas al país transcurran rápido. Su partido se lo va a agradecer y pronto se lo va a demandar. La responsabilidad del gobierno calderonista incluye la debacle de su partido en las pasadas y próximas elecciones.
