El sistema de transporte público urbano de esta metrópoli es uno de los más caros del país. Con el reciente incremento, la tarifa ordinaria dobla la del transporte equivalente en el Distrito Federal, y es un 71% superior para el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Incluso la tarifa preferencial de la tarjeta Feria se sitúa un 45% y 24% arriba de las tarifas en el DF y la ZMG, respectivamente. Con el deslizamiento mensual de cuatro centavos previsto por las autoridades del estado para la tarifa de esta tarjeta, el usuario estará pagando a fin de año un 5% adicional sobre los porcentajes anteriores.
La transparencia y la planeación son primordiales en un servicio como este, del que dependen cerca de millón y medio de personas para su movilidad urbana. Si se considera, como reportan algunos medios, que un 70% aproximado de la población usuaria aún no posee la tarjeta Feria, el aumento de dos pesos significará, en un escenario conservador de un viaje redondo diario sin transbordos, un ingreso superior a los cuatro millones de pesos diarios.
El posible destino de este recurso abre interrogantes: ¿Existen programas de parte de los concesionarios del servicio para mejorarlo? O más aún, ¿cuentan las autoridades con un plan integral que obligue a los primeros a reemplazar o rehabilitar las unidades en mal estado; poner en práctica programas de contratación de choferes con criterios más estrictos; desarrollar cursos de entrenamiento y actualización para éstos; mejorar las condiciones de seguridad en las unidades, así como establecer vías de información y atención al público más accesibles y eficientes?
Todo esto no está fuera del alcance de los responsables del servicio. En el Distrito Federal por ejemplo, y ante las protestas del público usuario por el reciente aumento a las tarifas, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) se comprometieron a llevar a cabo un programa de inversiones por 3 mil millones de pesos en 11 proyectos de mejora del servicio, incluyendo la adquisición de 45 trenes nuevos y la rehabilitación de otros 105.
Las autoridades detrás del transporte público en la ZMM tienen que hacer mejoras en sus procedimientos. El hecho de que este servicio esté mayormente en manos de particulares les impone una responsabilidad adicional, pues no está en el interés del concesionario privado el beneficio social en sus cálculos y planes. El reciente anuncio de la instalación de sistemas de seguridad en un grupo de unidades parece estar en la dirección correcta, pero no puede tratarse de una medida aislada; además, si realmente se espera ofrecer resultados a la ciudadanía en un tiempo razonable, ésta deberá acompañarse de un seguimiento sistemático de su cumplimiento por parte de los responsables directos y de las autoridades estatales.
