Desde 2019, la temática laboral ha ido cobrando importancia. Eventos como el incremento salarial, la reforma laboral de 2019, la firma del TMEC, los efectos laborales del COVID19, la regulación del outsourcing y las diferentes movilizaciones laborales, lo convirtieron en tema central de discusión. Distintos indicios muestran que, en el año 2021, el trabajo cobrará aún más relevancia derivado de modificaciones en aspectos vinculados con lo laboral como serían: la implementación de la Nueva Ley laboral, especialmente en los aspectos relacionados con el TMEC, el incremento salarial, las nuevas regulaciones desprendidas del trabajo en casa durante la epidemia y las respuestas que los trabajadores estarían dando a estas implementaciones y cambios.
En cuanto a la implementación de la Nueva Ley Federal del trabajo, ésta no ha sido fácil. La instrumentalización de la nueva maquinaria, aparte de costosa, se menciona que, para la implementación de la primera fase del nuevo sistema laboral, el Congreso aprobó un total de 2382 millones de pesos en 2020; ha avanzado muy lentamente por la pandemia, recién entre noviembre y diciembre de 2020, 22 entidades han creado sus Centros de Conciliación, que serán los encargados de dirimir conflictos. La mayor parte de estos nuevos organismos están en el centro y sur del país, en el Norte, solo Baja California ha manifestado estar listo. El retraso que se ha dado en resolución de asuntos laborales, acentuados por la pandemia, es preocupante. Entre estos atrasos están las demandas por titularidad de contrato colectivo, aspecto central para la democracia sindical, algunos presentados desde 2019. A eso habría de aunar los cientos de demandas generadas por despido o no cumplimiento de medidas laborales durante el COVID. Empero, lo que más preocupa a los gobernantes y empresarios, es la presión que desde Estados Unidos se está haciendo para implementar de manera acelerada las medidas referentes en materia de libertad sindical y derecho a la contratación colectiva. La elección de Joe Biden, y su apoyo a los sindicatos, indica que esta presión se acentuará en cuanto inicie la nueva administración gubernamental de Estados Unidos. Richard Trumka, dirigente de la AFLCIO, ha manifestado que en cuanto Biden asuma la presidencia, se presentará una controversia internacional contra México por no cumplir lo acordado en materia laboral el TMEC. El gobierno mexicano deberá estar preparado para mostrar las acciones y estrategias que ha realizado en materia laboral para responder a estos cuestionamientos.
El cumplimiento en materia laboral, en esta la etapa del TMEC, estará siendo seguida por diferentes instancias, para ello el gobierno de Estados Unidos, a través de diferentes organismos, está dedicando un gran presupuesto para financiar proyectos que se encarguen del monitoreo laboral de México, lo mismo están realizando otras organizaciones sindicales y laborales de Estados Unidos. La supervisión laboral de México es adecuada, sin embargo, llama la atención acentuada que se está poniendo en el comportamiento laboral de México y la menor atención en Estados Unidos y Canadá, los otros participantes del TMEC, como si en estos países las situación laboral no tuviese problemas, cuando aspectos como la ratificación de acuerdos laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia sindical y de contratación colectiva, no ha sido ratificada por Estados Unidas, y uno de los sectores con mayor demandas laborales, en los últimos tiempos, han sido las mineras canadienses. Un monitorio laboral más equitativo en los tres países resulta central.
Recientes medidas laborales, complejizan el panorama del trabajo en México. La primera es la referente al aumento salarial. El cuál ha sido fijado en 15%, a partir del 1 de enero de 2021, quedando en 213.39 pesos para la frontera norte, y en 141.70 pesos en el resto del país. El sector empresarial ha manifestado su descontento porque estimarlo un incremento demasiado alto. La decisión fue tomada por mayoría. Las cámaras empresariales estiman que este aumento desembocará en un número empleo de despidos. Lo que agudizaría el nivel de desempleo acumulado durante el COVID 19. A pesar de ser un aumento sustancial, el incremento no recupera el poder adquisitivo de los trabajadores, dado que los productos y servicios básicos han empezado a incrementarse. Basta ir de compras a cualquier tienda de conveniencia o centro comercial para darse cuenta de que lo que normalmente adquiría uno con determinada cantidad, se ha incrementado al menos entre el 20 o 30%. Mientras no haya un control de precios, cualquier aumento salarial se pulverizará. El segundo aspecto, es la regulación sobre el teletrabajo que el gobierno federal proclamo en 11 de enero de 2021, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609683&fecha=11/01/2021, y que entró en vigor a partir del 12 de enero. En donde los empleadores se obligan a dotar de insumos y equipo electrónico necesario para realizar sus actividades laborales a distancia. Las modificaciones aún son confusas en algunos aspectos, por ejemplo, se menciona la celebración de un contrato de trabajo, con estas especificaciones, sin embargo, lo que está aconteciendo en la pandemia, a pesar de su extensión temporal, es un algo coyuntural, por lo que articular regulaciones establecidas en un contrato previo y las actuales, habrán de ser definidas de manera más puntual.
Algunas respuestas por parte de los trabajadores, a estos cambios recientes, ya empiezan a surgir, especialmente en espacios con trayectoria de movilización laboral, como el caso de Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, en fecha reciente, volvió al escenario nacional, no solo por haber sido la ciudad en donde se constato el primer caso de la nueva cepa de COVID sino porque desde principios de enero, sus trabajadores, principalmente, en el sector maquilador, se han comenzado a movilizar con la exigencia de un pago por poco más de 10,000 pesos para cada trabajador, derivado de un acuerdo existente en los contratos colectivos, del principal sindicato de Matamoros. Así como por la exigencia del incremento salarial del 15% que ha marcado el gobierno federal. Habría que recordar que, en año de 2019, Matamoros tuvo una movilización que involucró casi a 60,000 trabajadores, exigiendo un incremento salarial del 20% y un bono de poco más de 32,000 pesos, demandas que consiguieron. Dado ese triunfo, un porcentaje de trabajadores en Matamoros, tienen un salario superior al mínimo, el fijado actualmente por el gobierno federal es el que ellos obtuvieron en 2019, por lo que el reciente aumento los colocaría en alrededor de 257 pesos por día, más el pago único de 10,000 que recibirían. Un beneficio importante para los trabajadores que cuenta con el acuerdo en sus contratos colectivos. El pago por 10,000 ya ha sido logrado en varias plantas, el porcentaje salarial está siendo discutido. Algunas plantas ya han pactado un incremento salarial del 9%. El día clave será el 25 de enero, fecha límite de la negociación contractual del mayor porcentaje de maquiladoras que están negociando, en el que se decidirá si se va a huelga o se logra negociar. La interrogante central es: ¿este movimiento logrará integrar a los trabajadores que no tienen este acuerdo en sus contratos? Hace dos años, la fuerza de la movilización lo consiguió. La participación de activistas, como la abogada Susana Prieto resultó central. Esta vez, la abogada continúa su apoyo de manera virtual, debido a la prohibición, que le dictaminó un juez de estar en territorio tamaulipeco, y apoyada en el SNITIS, sindicato que se conformó a raíz del movimiento de 2019, denominado movimiento 20/32. A pesar de la ausencia, de la abogada, la movilización sigue viva, así lo demostró la concentración de decenas de trabajadores, que se realizó el 9 de enero en la plaza principal de Matamoros, para celebrar el segundo aniversario de la movilización de 2019, y al parecer para prepararse para una nueva movilización. Matamoros parece reafirmar lo central y controversial que será este 2021 en materia laboral.
Dra. Cirila Quintero
El Colegio de la Frontera Norte
