Acaba de ocurrir, la semana pasada, algo sin precedente. Un grupo de 11 migrantes indocumentados negoció exitosamente su desistimiento de una demanda contra ICE (Immigration and Customs Enforcement) que es la autoridad policial de inmigración de más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, a quien habían demandado por violaciones a la Constitución cometidas durante una de las redadas típicamente practicadas por los agentes de ICE en los barrios habitados por familias de migrantes, en muchas de las ciudades donde hay concentraciones de población de origen mexicano en Estados Unidos. (Sobre estas redadas y las violaciones constitucionales que en ellas se cometen, escribí un artículo en inglés publicado por la Universidad de Georgetown, del cual mandaré una copia a quien me lo solicite a: jbustama@nd.edu). En el caso de la redada que dio lugar a la demanda, sucedió que, en la casa que fue allanada con violencia por los agentes de ICE, vivían varios indocumentados que eran estudiantes de leyes de la Universidad de Yale, por lo tanto, muy conscientes de sus derechos constitucionales. Como quien dice, los agentes de ICE se encontraron con la horma de sus zapatos. Como de costumbre, los agentes irrumpieron en esa casa con sus pistolas desenfundadas y, a gritos, con epítetos racistas, despertaron a todos los que ahí habitaban, jalando las cobijas de los que aun dormían, empujándolos a medio vestir mientras los esposaban, para luego transportarlos a vehículos policiales, ante los gritos y los llantos de los niños sobresaltados que también dormían en esa casa, espantados por la escena de hombres desconocidos que empuñando pistolas empujaban a los adultos hacia fuera de la casa y se los llevaban esposados, a pesar de sus protestas, como en una película de las redadas de la Gestapo en contra de los judíos en la Alemania nazi. Más tardaron en ser liberados por los estudiantes y profesores de una clínica de asistencia legal de la Universidad de Yale, que en interponer una demanda en contra de los agentes de ICE. Pues bien, éstos se dieron cuenta de lo bien fundada que estaba esa demanda y de sus probabilidades de éxito, que prefirieron proponer un desistimiento a cambio de una indemnización de 350 mil dólares que se repartirán entre los 11 que demandaron a los agentes de ICE, en lugar de esperar a que se decidiera la demanda que pudo haberlos condenado a penas mayores. Además de la indemnización mencionada, los demandantes, víctimas de la redada, obtuvieron un permiso para quedarse en Estados Unidos como residentes legales durante los próximos cuatro años, tiempo en que los demandantes calculan que terminarán sus carreras de abogados y pudieran alcanzar los beneficios de la esperada aprobación del Dream Act como lo esperan muchos jóvenes en Estados Unidos, sobre todo si se reelige Barack Obama.
En fin, que esta historia, que parece un cuento de hadas, ocurrió realmente y cambió la vida de 11 migrantes indocumentados, que fueron arrestados junto con otros 30 en aquella redada ocurrida en junio de 2007 en un barrio de la ciudad de Fair Haven, Connecticut, quienes después interpusieron una demanda en octubre de 2009 contra los agentes de ICE, según fue narrado por los periodistas Christopher Peak y Ben Prawdzik del diario Yale Daily News, en una nota publicada por ese diario el pasado 15 de febrero de 2012. Según se menciona en esa nota periodística, ésta ha sido la primera vez que los agentes de ICE tienen que aceptar el pago de una indemnización como la señalada de 350 mil dólares, por hechos iguales a los que han cometido impunemente en contra de miles de inmigrantes indocumentados mexicanos que acabaron en la cárcel o expulsados después de haber sufrido vejaciones iguales a las padecidas por estos 11, que han ganado quedarse en Estados Unidos, además de un dinerito con el que financiarán su estancia legal allá, por los próximos cuatro años. Sólo me queda espacio para agregar que, ahora se sabe, la redada de esta historia fue una venganza de los agentes de ICE por el involucramiento de los estudiantes de la clínica de asistencia legal de Yale, en una campaña, que resultó exitosa, para que el municipio de Fair Haven, Connecticut, expidiera tarjetas de identificación a quien se las solicitara, independientemente de su condición migratoria. Solo que esta vez, a los agentes de ICE les salió el tiro por la culata.
