Hacia finales de la primera quincena de diciembre pasado se dio a conocer la noticia, proporcionada por las autoridades federales de salud, de que se pondrá en marcha un programa piloto para la formalización del sistema único de salud en el país. Se informaba que el programa iniciará con la participación de las instituciones de salud de los estados de Baja California y Yucatán. Se apuntaba que la finalidad del programa era la creación de “…un sistema de referencia para realizar las cirugías que requieran los pacientes en cualquiera de los hospitales públicos disponibles y en el menor tiempo posible” (La Jornada 14/12/11). Es indudable que en México, ante la evidente desigualdad social que existe y que se refleja también en el acceso a los servicios salud, se necesita un sistema único de salud, público y de cobertura universal.
Sin embargo, la propuesta actual para el establecimiento de un sistema único de salud parte de la Reforma de Salud de 2004 que estableció el Sistema de Protección Social en Salud dirigida a la población no asegurada, representada entonces por el 50% de la población total en el país. Con la Reforma de 2004 se establecieron nuevos criterios para el financiamiento tanto de los servicios de salud pública como los servicios dirigidos a la comunidad. Estos últimos fueron abordados por la figura del Seguro Popular de Salud (SPS), financiado por recursos federales, estatales y por una prima aportada por los usuarios en los que teóricamente un 20% de las familias más pobres quedaban exentas de pago.
Por otra parte, se habían llevado a cabo modificaciones a la Ley del IMSS en 1995 y posteriormente en 2007 a la Ley del ISSSTE que cambiaron los servicios ofrecidos por esas instituciones de una concepción constitucional, pública, solidaria e integral de la seguridad social a otra individual con fuerte tendencia privatizadora. Como resultado tenemos ahora que ambas instituciones se encuentran inmersas en una crisis de inversión que les impide cumplir cabalmente con sus funciones.
En relación con la construcción de un sistema único de salud el problema empieza cuando se pretende equiparar a la población atendida en el SPS con la población atendida por las instituciones de seguridad social. Para empezar, el Seguro Popular es voluntario mientras que la seguridad social es obligatoria, lo cual hace una gran diferencia entre usuarios y entre instituciones que les prestan los servicios de salud. No obstante lo anterior, la Reforma de 2004 lejos de hacer esa diferencia termina integrándolos bajo un discurso que proponía cambiar de un sistema de salud vertical y compuesto de fragmentos a un sistema horizontal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y con un financiamiento basado en transferencias financieras del nivel federal al estatal, y acotando la inversión a un paquete de servicios. La pregunta a responder es si ¿es posible llamar a los resultados de la Reforma de 2004 como sistema único de salud?
