Es indudable que el Sistema Nacional de Salud en México se encuentra en crisis. Las propuestas de los diferentes candidatos a la Presidencia de la República, en el área de salud, así lo demuestran, pues todos proponen hacerle mejoras. Recientemente Arena Electoral, como proyecto de la Fundación Ethos, ha realizado una evaluación de las propuestas de los candidatos en los diferentes temas de interés social y político, incluyendo el área salud (Excélsior, 30/05/2012). De acuerdo con este proyecto, el punto de partida para el mejoramiento de la atención a la salud de la población es asegurar el derecho de las personas a la salud establecido en el artículo 4 de la Constitución. Aquí la pregunta es ¿cómo hacer efectivo el derecho constitucional a la salud?
La Ley General de Salud (LGS) de 1984 definió lo que debe ser entendido por el derecho constitucional a la salud, pero ya no como un derecho universal, sino como el acceso a la salud a través de un sistema que ya existía de facto, que se fue conformando después de la Revolución Mexicana y que ante sus disímiles instituciones, era necesario reglamentar. De esta manera llegamos a un sistema de salud fragmentario que proporciona una atención diferencial a la salud. Ello lo convierte en un sistema ineficiente, con duplicidad de funciones.
Cuando se analiza el sistema de salud en el nivel regional en la frontera norte de México se encuentran expresiones muy claras de la ineficiencia del sistema. Un estudio en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, mostró que la infraestructura, el personal, los insumos y el equipo son insuficientes para la atención de la población, no sólo en el IMSS, sino también en el ISSSTE.
Se ha observado también que ha habido una intensa gestión por parte de las autoridades locales del IMSS, del ISSSTE, de organizaciones patronales como la Canacintra, de la participación de derechohabientes y de otros actores sociales, ante las autoridades estatales y federales para la solución de los problemas descritos sin obtener respuesta alguna. Estos resultados son congruentes con las políticas públicas en salud como lo fueron las reestructuraciones del IMSS en 1995 y del ISSSTE en 2007 mediante sus correspondientes nuevas leyes que en lugar de beneficiar económicamente a esas instituciones, las han depauperado.
Otro problema de importancia es la amplia descoordinación entre las diferentes instituciones que prestan atención a la salud en el municipio. La LGS establece que la Secretaría de Salud, a través de su figura local que es la Jurisdicción Sanitaria, tiene el papel coordinador de las diferentes instituciones del sector salud, pero en el nivel regional no se observa liderazgo alguno en la solución de los problemas intersectoriales que aquí se han presentado. Para hacer efectivo el derecho a la salud, tanto en el nivel nacional como regional, es necesario conocer la historia de la conformación del sistema de salud y proponer cambios radicales que no queden en meros parches, como los que se han venido zurciendo en los últimos 30 años.
