Andrés Manuel López Obrador ha rendido su segundo informe de gobierno, como lo estipula el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero el protocolo dista mucho del “día del presidente”, como lo llamaban, durante las décadas de los mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional.
El segundo informe de AMLO, en realidad, es el sexto informe de actividades a la ciudadanía mexicana y mantiene el estilo del informe presentado hace un año: se entrega un documento formal al Congreso de la Unión y se emite un mensaje general a la nación.
El contenido central del informe y su mensaje a la nación se advirtió, desde días previos, en los breves spots difundidos por el propio Presidente de México, a través de sus redes sociales, y que destacan los logros alcanzados y los compromisos de campaña cumplidos. Nada desconocido para la ciudadanía que atiende las conferencias mañaneras del Presidente y las conferencias vespertinas de diversos servidores públicos de gobierno federal.
Por ello, lo más destacable de la presentación del segundo informe son los elementos adyacentes. Esto es, el informe se presenta en medio de una doble crisis –sanitaria y económica- debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 que ha trastocado al mundo entero, durante el 2020.
En México, las consecuencias de la pandemia han provocado que, a la par que entra en vigor el T-MEC, se restringe el acceso de personas, a través de las fronteras mexicanas con Guatemala y Estados Unidos, algo que parecía inimaginable de concretarse, al menos de manera pacífica.
Este segundo informe tiene, como telón de fondo, la extradición de España a México de Emilio Lozoya Austin, la solicitud formal del gobierno de Estados Unidos para extraditar a México a César Horacio Duarte Jáquez y la detención, en los Estados Unidos, de Genaro García Luna.
Estas detenciones han hecho que la mirada de México, y el mundo, se fije en la corrupción y la impunidad que caracterizó a las gestiones de los predecesores de Andrés Manuel López Obrador y en la labor que realizan la Fiscalía General de la República y el poder judicial en México y Estados Unidos.
Por ello, no es de extrañar que el mensaje a la nación de AMLO empezara afirmando que “Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”. Esa es la encomienda que llevan a cuestas los servidores públicos de la llamada Cuarta Transformación.
El segundo informe de AMLO también se da, en el marco de la bien sabida animadversión de varios gobernadores hacia la política del gobierno federal. Esto ha llevado a una abierta confrontación de cinco de los seis gobernadores fronterizos –con excepción de la gobernadora de Sonora que ha sabido aliarse con el gobierno federal.
Los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, junto con los de Jalisco, Durango, Michoacán, Guanajuato, Colima y Aguascalientes, se han autodenominado “Alianza Federalista” y, en los últimos días, han amenazado con abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores, decisión final que tomarán el próximo 7 septiembre, justo el día que inicia el proceso electoral 2020-2021.
El gobernador de Baja California no se ha sumado a la Alianza Federalista pero ha mantenido su propia confrontación con el Presidente de México que, por ser del mismo partido político, pareciera que busca protagonizar un típico pleito interno partidista que se dirime en tribunales, para delimitar el ámbito de competencia de cada uno.
La postura de los gobernadores fronterizos en el marco del segundo informe de gobierno de AMLO, ha traído a mi mente, el primer informe de gobierno del tamaulipeco (y fronterizo) Emilio Portes Gil que, en 1929, ante el Honorable Congreso de la Unión, inició su mensaje afirmando que el ejecutivo “ha mantenido relaciones cordiales con los gobiernos de los Estados, salvo el caso del de las entidades federativas de Sonora, Chihuahua y Durango, que en el mes de marzo del corriente año se rebelaron en contra del Gobierno Federal (…) pero una vez concluida y dominada por el propio Gobierno tan antipatriótica e injustificada rebelión, y nombrados los gobernadores provisionales de acuerdo con ley, fueron restablecidas dichas relaciones dentro de un amplio espíritu de cooperación y buen entendimiento”.
Historia no es destino pero de la historia debe aprenderse. El Presidente de México lo tiene muy claro. Ya veremos si también los gobernadores de los estados fronterizos.
Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
