El gobierno mexicano ha asumido que promoviendo la convivencia social fortalecerá el tejido social y creará una especie de escudo frente a la presión de la delincuencia por hacerse de nuevos integrantes para sus intereses.
Según el diagnóstico del Gobierno Federal, la delincuencia organizada, a la manera de un ejército, ha ido ganando terreno; apropiándose de espacios que antes eran de la ciudadanía, reduciendo los lugares seguros de convivencia, orillando a los habitantes a refugiarse en sus casas.
Se pretende que con espacios nuevos o renovados, las familias salgan de su encierro y llenen plazas y parques, porque éstos cumplirían con demandas básicas de las comunidades. Pero estos espacios por sí mismos no garantizan un mejoramiento de la convivencia, es importante que las autoridades mantengan un gran esfuerzo para volver más seguros los espacios públicos y evitar el miedo que se sigue reproduciendo, porque los crímenes se mantienen en las calles, parques y plazas.
No pueden solamente reconstruir una plaza o mejorar los campos deportivos o realizar una inversión millonaria, y olvidarse después del espacio público renovado. Es necesario que el esfuerzo sea cotidiano y permanente, y que los organismos municipales encargados de realizar la tarea de mantenimiento y la promoción de los espacios públicos sean fortalecidos y se les posibilite mantener un acercamiento constante y recíproco con los vecinos y ciudadanos en general.
Además, que se atiendan las necesidades elementales y diarias de los espacios como el alumbrado, la limpieza y seguridad de calles y parques, etcétera. Hasta ahora el descuido de muchos años y el abandono de los espacios públicos por parte de las autoridades han sido atendidos por medio de programas de excepción y con recursos monetarios especiales, extraordinarios (como el programa Hábitat; el de Rescate de Espacios Públicos, entre otros), sobre todo cuando se trata de espacios ubicados en sectores marginados de la sociedad.
El incentivo y el argumento de las autoridades es el de contener el avance territorial de la delincuencia, pero no necesariamente el de mejorar la calidad de vida de la población. Si el objetivo principal fuera el de construir espacios públicos urbanos que permitieran una vida digna a la población, los gobiernos hubieran generado estas estrategias antes de que la violencia llegara a este nivel. En el caso de Monterrey, durante muchos años, las autoridades se han dedicado a destruir estas bases de convivencia.
Recuérdese la privatización de las canchas de futbol en el río Santa Catarina: el abandono completo del parque La Pastora, el del parque Canoas y ahora la privatización creciente del Parque Fundidora. Lo más triste del asunto es que al parecer a las autoridades les gusta destruir árboles, solamente basta darse una vuelta al río La Silla y al Parque Fundidora para constatar esta destrucción. Como dice una canción pop de los años sesenta, si la situación sigue así, solamente vamos a poder tener contacto con los árboles en los museos.
