Esta semana ha vuelto a la actualidad el muro de Estados Unidos en su frontera con México… Perdón, ¿he dicho Estados Unidos? Más bien debería decir Texas; no porque se localice en ese estado, que también, sino porque lo construye el gobierno texano. Como anunció el gobernador Greg Abbott (republicano), él tiene la intención de continuar y completar el muro iniciado por el ex presidente Trump (republicano). Para dar el banderazo al proyecto, este miércoles ambos visitaron la frontera, en Rio Grande Valley. De hecho, el Valle se ha vuelto un escenario habitual en los tours políticos desde que el entonces presidente George W. Bush, también texano y republicano, lo visitara en 2006 para anunciar… adivinen ¿qué? la construcción del muro fronterizo.
A pesar del discurso de continuidad que quiere darle Abbott, su muro y el de Trump son muy distintos: no por aspectos técnicos, sino por los actores que los promueven. De hecho, el muro que construye Texas nos ofrece una evidencia más de los cambios geopolíticos que se están produciendo.
Conviene recordar cuáles son los principios de la soberanía territorial, doctrina hegemónica en los dos últimos siglos. Según esta doctrina, los únicos actores con legitimidad y capacidad para actuar en la arena internacional son los estados nacionales, a la par que cada uno puede actuar como le plazca dentro del territorio sobre el que es soberano. En la práctica no siempre se ha cumplido, como ocurre con todo lo que no sean las leyes físicas, pero en las últimas décadas la realidad la ha resquebrajado cada vez más. ¿Y qué es la realidad en este caso? La intervención de actores diferentes al estado nacional, con o sin su beneplácito, tanto en asuntos internos como externos. Y las fronteras nos ofrecen un laboratorio único, ya que son un espacio a la vez interno y externo.
El muro que actualmente podemos ver arranca en 1994, erigido en tres momentos distintos. La administración del entonces presidente Clinton (este, demócrata) construyó uno en la frontera de California, frente a Tijuana. Le siguió el ya mencionado Bush, que entre 2006 y 2008 cercó cerca de mil kilómetros, la mayor parte en la frontera terrestre; es decir, desde El Paso, Texas, hasta San Diego, California. Y por último tenemos a Trump que, como todos saben, prometió un muro de un extremo a otro, desde el Golfo de México al Océano Pacífico. No lo consiguió y finalmente su proyecto se quedó en la modernización de los tramos ya existentes, y en la construcción de unos pocos centenares de millas.
Lo notorio es que ese muro existe por decisión del gobierno federal; es decir, el único con legitimidad y capacidad de acuerdo a la doctrina de la soberanía territorial. Se trataba de un asunto interno, en tanto que el suelo sobre el cual se erige es territorio de Estados Unidos, a la vez que externo dado que su función es detener lo que considera como amenazas externas (el narcotráfico y la inmigración irregular).
Esto ha cambiado en apenas dos años, tanto por parte de actores privados como de actores públicos subnacionales. Vayamos por orden cronológico, sin más afán que el de ordenarlos de alguna manera.
Primero, en 2019 una constructora privada (Fisher Industries) y una organización civil (We Build The Wall) construyeron un muro en la frontera entre Nuevo México y Chihuahua, frente a Juárez. Poco después, un segundo en la frontera de Texas, cerca del límite entre McAllen y Reynosa, concluido en 2020. No se trata de empresas que el gobierno federal hubiera contratado para ello, sino de una iniciativa totalmente privada, con dinero procedente de donaciones privadas y en suelo de propiedad privada. Tampoco se buscaba bardear una propiedad privada, sino erigir una barrera para detener la inmigración. Ante ello, ¿qué hizo el Estado nacional? En general, no supo cómo reaccionar, salvo Trump y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que lo acogieron con gusto y posteriormente los gratificaron.
La segunda evidencia es el muro del gobierno de Texas, cuyas obras empezaron el lunes en un terreno cercano a Eagle Pass, frente a Piedras Negras, de propiedad estatal y con financiamiento estatal y donaciones privadas. El objetivo es el mismo, pero en este caso se está llevando a cabo de espaldas a la administración federal, que en febrero paralizó el proyecto de Trump. De momento, sin embargo, Biden (demócrata) no se ha pronunciado al respecto. Este silencio ¿refleja la incapacidad del gobierno federal para responder a este desafío a la soberanía territorial?
Lo que nos muestran estos casos es que la gestión de las fronteras ya no es un asunto exclusivo de los estados nacionales, lo que abre muchos interrogantes. Así, por ejemplo, el gobierno de México ¿ante quién puede protestar? Cuando lo construye el gobierno de Estados Unidos lo hace ante él, pero ¿qué ocurre cuando es un privado o un gobierno subnacional? De momento tampoco se ha pronunciado.
Dr. Xavier Oliveras González
El Colegio de la Frontera Norte
