México enfrenta una paradoja: exporta manufacturas, pero importa buena parte de los componentes, la maquinaria y la tecnología que necesita para producirlas. Esa dependencia se vuelve más riesgosa ante los aranceles, la rivalidad entre Estados Unidos y China y la reorganización de las cadenas de suministro. La revisión del T-MEC en 2026 hizo visible esa incertidumbre: Washington decidió no prorrogar el tratado en sus términos actuales, aunque este sigue vigente. En este contexto, confiar únicamente en la apertura comercial y dejar el futuro industrial del país sujeto a decisiones externas resulta cada vez más arriesgado. La pregunta central es qué produce México y qué capacidades desarrolla dentro del T-MEC. Cuando las plantas ensamblan bienes con componentes importados y recurren a pocos proveedores nacionales, las exportaciones pueden crecer sin que aumente en la misma proporción el valor agregado generado en el país. Como explicó Nicholas Kaldor, la expansión manufacturera puede elevar la productividad mediante el aprendizaje y los rendimientos crecientes a escala. Para que esos beneficios se extiendan al resto de la economía, las empresas nacionales deben suministrar insumos, participar en el diseño de procesos y fabricar maquinaria y equipos. Sin esos vínculos productivos, los enclaves industriales modernos seguirán coexistiendo con regiones rezagadas. Durante décadas México tuvo una industrialización dirigida por el Estado. El crédito público, la protección y la sustitución de importaciones impulsaron fábricas y empleo. Ese modelo tuvo límites: dependencia de divisas y maquinaria importada, y empresas protegidas que innovaban poco. La crisis de la deuda de 1982 exigía corregirlo. La liberalización unilateral de mediados de los ochenta lo desplazó como estrategia nacional; el TLCAN, vigente desde 1994, consolidó el giro hacia el libre comercio. Persistieron apoyos sectoriales, pero se abandonó un proyecto industrial y de desarrollo nacional. El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE, 1984–1988) buscó combinar el impulso a las exportaciones con la sustitución selectiva de importaciones, el desarrollo de proveedores nacionales y la producción de bienes de capital. Su propósito era aliviar la escasez de divisas y fortalecer las cadenas productivas internas mediante protección selectiva, crédito y apoyo tecnológico. Sin embargo, la crisis de la deuda, la austeridad impuesta por el FMI y el avance de la apertura comercial impidieron consolidar esa estrategia. El Plan México, presentado en 2025, propone atraer inversión, fortalecer el mercado interno, sustituir importaciones y elevar el contenido nacional de las cadenas productivas. Para ello, contempla polos de desarrollo, infraestructura, formación e incentivos fiscales a la inversión y la innovación. También busca ampliar la participación de proveedores mexicanos en las industrias automotriz, electrónica y farmacéutica. Por ahora, se trata de objetivos, no de resultados logrados. Su eficacia se medirá por el número de empresas nacionales que obtengan contratos, eleven su productividad y paguen mejores salarios. El PRONAFICE y el Plan México comparten el objetivo de aumentar la participación de insumos y conocimientos nacionales en la producción, pero responden a contextos distintos. El primero se diseñó para una economía con mayor protección y presencia de empresas públicas; el segundo opera bajo el T-MEC, en cadenas productivas dominadas por empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. Las reglas de origen del tratado permiten utilizar componentes de cualquiera de los tres países, por lo que cumplirlas no garantiza compras a proveedores mexicanos. Del mismo modo, sustituir importaciones procedentes de China por insumos de Estados Unidos o Canadá no equivale a producirlos en México. El Plan México debe convertir sus metas generales en proyectos industriales con financiamiento, plazos y compromisos verificables. La banca de desarrollo puede financiar a proveedores nacionales; las compras públicas pueden generar demanda, y las instituciones científicas del país, fortalecer las capacidades de ingeniería y producción de maquinaria. Los apoyos deben condicionarse a avances medibles en contenido nacional, aprendizaje tecnológico, productividad y empleo, y someterse a evaluaciones públicas periódicas. Para que estos proyectos lleguen a las regiones rezagadas, también es necesario ampliar allí la infraestructura de agua, energía y transporte. Reindustrializar a México exige recuperar la capacidad del Estado para orientar la inversión y coordinar a las empresas con las instituciones científicas del país, en un contexto internacional en el que el acceso a los mercados es cada vez más incierto. Tras cuatro décadas en las que la industrialización dejó de ocupar un lugar central en la política económica, el país necesita una nueva política industrial como eje del desarrollo. Solo así el crecimiento de las exportaciones podrá fortalecer a los proveedores nacionales y traducirse en mejores condiciones de vida para la población.
Cuauhtémoc Calderón Villareal
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Económicos.
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