Cuando el Congreso tiene que juzgarse a sí mismo por violaciones constitucionales graves, surge uno de los dilemas más peligrosos de la democracia mexicana. Este artículo examina un caso concreto: la aceptación de la renuncia del Fiscal General de la República sin justificación legal adecuada, y cómo el sistema de Juicio Político—que debería garantizar la rendición de cuentas—se convierte en una herramienta que termina protegiéndose a sí misma.
La paradoja se resume en una pregunta incómoda: ¿Puede existir verdadera responsabilidad cuando los propios legisladores que cometieron la falta son los encargados de juzgarse a sí mismos?
- ¿Por qué la renuncia del Fiscal General importa?
La Fiscalía General de la República (FGR) es un órgano constitucional independiente. Por eso, la Constitución establece que el Fiscal General debe servir nueve años sin interrupciones, para protegerlo de cambios políticos repentinos. Esta estabilidad es deliberada: evita que los gobiernos de turno remuevan al Fiscal cuando se vuelve incómodo.
Sin embargo, si el Senado acepta la renuncia del Fiscal sin que exista una razón legal válida, estaría violando este principio fundamental. Y aquí está el problema: cuando el Legislativo viola la Constitución al tomar decisiones sobre sus propias funciones, debería existir un mecanismo para responsabilizarlo.
Teóricamente, ese mecanismo existe: el Juicio Político.
- Cómo funciona el Juicio Político contra legisladores
El proceso tiene varias etapas importantes:
Cualquier ciudadano puede denunciar a un legislador por violaciones graves a la Constitución. La denuncia se presenta ante la Cámara de Diputados, que actúa como investigadora y acusadora. Posteriormente, la Cámara de Senadores actúa como tribunal de sentencia.
El proceso requiere evidencia clara y sigue procedimientos estrictos: investigación de treinta días, presentación de pruebas, derecho de defensa, etc. Si todo se prueba correctamente, el Senado puede destituir e inhabilitar al legislador por un máximo de veinte años.
En teoría, todo esto suena equilibrado. En la práctica, no lo es.
III. La trampa del «Sí, pero No»
Aquí está el verdadero problema:
El «Sí»: Legalmente, es absolutamente correcto que se puede iniciar un Juicio Político contra los legisladores que aceptaron la renuncia irregular del Fiscal. La violación a la Constitución es real y comprobable.
El «No»: Políticamente, es casi imposible que estos legisladores sean condenados, porque son juzgados por sus propios compañeros.
¿Cómo ocurre esto?
- Los legisladores definen qué se considera «grave»
La Constitución dice que los legisladores pueden ser juzgados por actos que causen «perjuicios graves» a la república. Pero ¿quién decide qué es grave? El propio Congreso.
Esto significa que la mayoría parlamentaria que aprobó la renuncia irregular puede argumentar que su decisión fue «políticamente conveniente» o «dentro de sus facultades,» aunque viole la Constitución. En otras palabras, pueden cambiar la definición de «grave» para protegerse a sí mismos.
- Se necesita una mayoría extraordinaria para condenar
Para destituir a un legislador, se requiere que dos terceras partes del Senado voten a favor. Esta es una barrera extraordinariamente alta.
Si la misma coalición política que aprobó la renuncia irregular del Fiscal también controla el Senado (o algo cercano a una mayoría de dos tercios), es prácticamente imposible alcanzar los votos necesarios para la condena.
En otras palabras: los legisladores se condenan a sí mismos.
- Las decisiones del Congreso no pueden ser revisadas
Una vez que el Senado decide si condena o absuelve, su decisión es definitiva e inapelable. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede revisar si la decisión fue correcta.
La Corte solo puede verificar que el procedimiento haya sido justo y que se respetaran los derechos del acusado. Pero no puede obligar al Senado a condenar si considera que la prueba es suficiente. En pocas palabras: el Poder Legislativo actúa como juez de sus propios actos, sin revisión externa.
- Una disfunción democrática sistémica
Lo verdaderamente preocupante es que esta disfunción refleja una tendencia más amplia:
El Congreso, en años recientes, ha buscado de múltiples formas blindarse contra la responsabilidad y los controles externos. Ha intentado proteger las reformas constitucionales de las impugnaciones judiciales, ha desconocido órdenes de tribunales, ha restringido el acceso a mecanismos de amparo.
En el caso del Juicio Político, esta lógica se perfecciona: los legisladores no solo escriben las reglas que los protegen, sino que además son los únicos jueces de su propio comportamiento.
Esto crea un círculo vicioso:
- El Legislativo viola la Constitución (como al aceptar la renuncia del Fiscal sin justificación).
- Técnicamente, se puede iniciar un Juicio Político.
- Pero como son los propios legisladores quienes juzgan, se absuelven a sí mismos.
- El sistema quedó intacto, y la próxima violación es aún más fácil.
- ¿Cuál es la solución?
Este es quizá el aspecto más importante: el diseño del Juicio Político necesita cambiar.
Un verdadero mecanismo de rendición de cuentas requeriría:
Que la sentencia no dependa solo de políticos. Si se mantiene la acusación en la Cámara de Diputados, la sentencia debería corresponder a un órgano técnico e imparcial—como la Suprema Corte de Justicia o un tribunal constitucional especializado—no a los propios colegas del acusado.
Que exista revisión judicial. Las decisiones en Juicios Políticos deberían poder impugnarse cuando violen normas constitucionales básicas.
Que se limite la discrecionalidad política. Si la ley estableciera criterios claros sobre qué se considera «grave,» habría menos espacio para que los legisladores cambien las reglas según les convenga.
Sin estos cambios, el Juicio Político permanecerá como lo que es actualmente: una herramienta que existe en el papel pero que no funciona en la práctica cuando se trata de legisladores.
Conclusión
El dilema del «Sí, pero No» en el Juicio Político refleja una contradicción fundamental del sistema: existe un mecanismo de responsabilidad que, en teoría, es robusto; pero en la práctica, es prácticamente inútil contra el mismo poder que lo creó.
Mientras el Legislativo continúe siendo juez de sus propios actos, mientras no exista revisión externa de sus decisiones, y mientras se permita que la política prevalezca sobre la ley, el Juicio Político seguirá siendo lo que es hoy: una promesa de rendición de cuentas que termina siendo simplemente una promesa incumplida.
Preguntas de Reflexión
- ¿Es posible una verdadera rendición de cuentas cuando los mismos legisladores que violan la Constitución son quienes las juzgan?
- Si las decisiones del Congreso en estos procesos no pueden ser revisadas por ningún otro poder, ¿cómo se garantiza que la Fiscalía mantenga su independencia frente a decisiones políticas arbitrarias?
- ¿Debería la función de sentencia en el Juicio Político trasladarse a un órgano judicial independiente, en lugar de permanecer en manos de los propios legisladores?
¿Y usted qué opina?
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José Alejandro García Galván
El Colegio de la Frontera Norte, Dirección General de Asuntos Académicos.
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