En los próximos días se discutirá en el pleno del Senado de Estados Unidos la iniciativa de reforma migratoria S.744, “Acta de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria”. Esta versión incluye las enmiendas a la propuesta original aprobada por el Comité Judicial de esta Cámara en mayo.
La S. 744 contiene cinco capítulos principales. En el primero están los requisitos y condicionantes para avanzar la reforma migratoria, la mayoría referidos a la frontera sur y su “endurecimiento”. El segundo capítulo desarrolla los temas relativos a la seguridad fronteriza. Incluye además un capítulo relativo a visas de inmigrante, donde se puntualizan los temas sobre registro provisional y ajustes de estatus, el programa de trabajadores agrícolas (blue card status, corrección de números de seguridad social, programa temporal de trabajadores agrícolas—no inmigrantes), la futura inmigración (sistema de méritos, eliminación del sistema de diversidad, reclasificación de categorías elegibles, excepciones, visas V) así como la integración plena de los inmigrantes a la sociedad mediante la ciudadanía.
Continúa la propuesta con el capítulo sobre vigilancia interior, el cual abarca temas sobre empleo (e-verify, protección a trabajadores domésticos, temas sobre asilo y refugio, cortes migratorias, cambios, prevenir tráfico de personas, reducir abusos a trabajadores reclutados en el exterior y medidas de vigilancia interior (criminalización). Finalmente, el último capítulo es el relativo a las reformas para programas de visas de no-inmigrantes (H1B, H2B, W, INVEST).
En general, esta propuesta legislativa pretende una visión integral del fenómeno migratorio, es decir, busca resolver la situación de disfuncionalidad que prevalece actualmente para las personas no documentadas, junto con la prevención y combate de sus causas y consecuencias a futuro. Claro está, esa visión corresponde a la perspectiva de los Estados Unidos. Por consiguiente, se explica que entre las soluciones propuestas se encuentra fortalecer el muro y los sistemas de vigilancia en la frontera con México.
No obstante, es valioso que la reforma reconozca la necesidad de regularizar a los más de once millones de indocumentados en el sentido amplio del término, lo cual ocupa el rubro central de la iniciativa y es el asunto que mayor polémica levanta. El Senador Schumer lo resumió muy bien cuando declaró en el Comité del Senado que discutió las enmiendas: «si no tenemos un camino a la ciudadanía no hay reforma, esa es la clave del asunto” (junio 6, 2013).
La S. 744 tiene como característica particular la diferenciación entre los distintos grupos de inmigrantes, lo que a su vez conduce a diferentes caminos para la regularización y naturalización. La propuesta define a tres grupos preferenciales: primero, los migrantes calificados (con estudios de posgrado en Estados Unidos en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, o personas destacadas en otras áreas); segundo, quienes hayan llegado a Estados Unidos como menores de edad; y tercero, los trabajadores agrícolas.
La decisión de distinguir a estos grupos obedece a dos rasgos esenciales de la migración en Estados Unidos: lo económico y lo político. Por el lado económico, la presión de la industria agrícola y de la industria tecnológica sin duda influyó en la separación de los respectivos grupos de inmigrantes conforme a su mayor interés. En cuanto al aspecto sociopolítico, el grupo de los jóvenes dreamers se ganó a pulso la distinción como grupo especial en la iniciativa. Los dreamers son, sin duda, el actor político más novedoso, activo y creativo en la lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados. La clase política norteamericana se ha visto forzada a abrirles espacios y a concederles derechos que antes les había negado y que aún hoy sigue regateando.
Por otro lado, entre las principales modificaciones al sistema de inmigración se encuentra la eliminación del sistema de visas de diversidad; la propuesta incluye ahora un sistema de méritos. Otra modificación relevante es la cancelación de la posibilidad de pedir visa para hermanos de residentes o ciudadanos y además para los hijos mayores de 31 años. Ambas medidas están pensadas para obstaculizar futuras tendencias de inmigración.
Los republicanos que han aceptado la propuesta de reforma lo han hecho estableciendo como contrapeso que se refuerce y garantice la seguridad de la frontera sur. El senador de Tennessee, Lindsey Graham—del grupo de los 8, promotores de la iniciativa—declaró en la sesión de discusión de la S. 744 que él no estaría a favor de regularizar a once millones de “ilegales” (sic) sin la existencia de seguridad fronteriza.
La ruta legislativa de la propuesta ha reflejado puntos políticos extremos. Por ejemplo, ante la posibilidad de llegar a la ciudadanía para los inmigrantes, en el debate el Senador Cruz argumentó la inelegibilidad a la ciudadanía para cualquier persona que hubiera estado de manera ilegal y por propia voluntad en los Estados Unidos. Esta propuesta, junto con algunas otras enmiendas presentadas, acepta la regularización de quienes se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero sin que se les otorgue ningún tipo de derecho social y político. Afortunadamente, tanto la enmienda Cruz como otras similares fueron rechazadas en el Comité Judicial del Senado.
Cabe añadir que en estas sesiones también se aprobaron una buena cantidad de enmiendas favorables a los inmigrantes indocumentados. Destacan las presentadas por la Senadora Mazie Hirono, de Hawaii, quien introdujo las propuestas más progresistas y humanitarias. Estas fueron la enmienda 23, “Protect Family Values at the Border Act”, que tiene por objeto evitar que las familias sean separadas, otorgando facultades al Department of Homeland Security (DHS) para mantener a las familias juntas en caso de procesos de remoción. La enmienda 24, propuesta también por la Senadora Hirono, establece un Ombudsman para el DHS, cuyo titular deberá tener antecedentes en inmigración y en derechos humanos y civiles. Ambas enmiendas fueron aceptadas. Adicionalmente, se aceptó la enmienda 6 de la Senadora de California, Dianne Feinstein, que requiere que el DHS establezca estándares que aseguren condiciones humanitarias para los niños que estén bajo la custodia de la patrulla fronteriza.
En contraste, la misma Senadora Feinstein presentó una serie de enmiendas que refuerzan las tareas de vigilancia migratoria, como la enmienda 1 que justifica criminalizar a la migración indocumentada, la cual fue aprobada. Esta enmienda amplía hasta el 2015 el programa SCAAP (Programa Estatal de Asistencia Criminal). Además, la senadora Feinstein impulsó la enmienda 8, que aprueba recursos a la Border Patrol (CPB) para tareas de vigilancia fronteriza en el mar, así como la enmienda 7 que amplía los fondos para la Operación Stonegarden, dedicada a extender las tareas de vigilancia fronteriza a las autoridades locales, otorgándoles más recursos económicos.
El detallado debate legislativo y las 303 enmiendas presentadas por los senadores a la versión inicial de la S. 744 demuestran la dificultad que tiene los senadores para conciliar la realidad de millones de migrantes viviendo en Estados Unidos y, del otro lado, su expectativa de respeto a la ley. Esta paradoja enmarca el debate sobre la reforma migratoria y posibles políticas públicas federales y locales que emerjan finalmente. El proceso sigue en curso y el debate intenso.
