Cuando un periodista o un activista social es asesinado, no solo se arranca la vida a una persona, se agrede a la sociedad, dado que se atenta contra uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de expresión. El asesinato de periodistas es una acción que lástima la vida social de los ciudadanos, sumiendo a la ciudadanía en el enojo, la impotencia y la zozobra. Por eso duele la muerte de activistas como Samir Flores en Morelos, en 2019, opositor a proyectos gubernamentales que afectarían el agua de las comunidades morelenses, como duele el asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, por luchar por sus derechos. Más duelen las muertes que se pudieron prevenir como la de Lourdes Maldonado y Maricela Escobedo, activista asesinada en diciembre de 2010, mientras buscaba a su hija. Ambas mujeres habían denunciado los hostigamientos que estaban sufriendo y solicitaron la protección gubernamental, pero esta no llegó o fue mínima. Las paradojas de sus muertes se registran cuando las instancias que las debían haber protegido o castigado a sus agresores parecen estar vinculadas con sus asesinados. El caso extremo de Marisela Escobedo asesinada a las puertas del palacio gubernamental de Chihuahua es por demás simbólico.
México es desde hace varias décadas, para ser exacto desde los años ochenta, un país peligroso para ejercer el periodismo, para la libertad de prensa, situación que lo coloca en el lugar 143 de una lista de 180 países, es decir, parecido a las muertes de periodistas en países en guerra. De acuerdo a un informe de Reporteros sin Fronteras, en el año 2021 fueron asesinados siete periodistas, y de 2016 a 2021, 47 periodistas han sido asesinados. Un número bastante preocupante para un país democrático como México, y más aún cuando en el castigo a los responsables no existe la certidumbre de estar realmente castigando a los culpables, sino inculpando a personas que no son las culpables.
El norte de México es quizá la zona más peligrosa para ejercer la profesión de periodista, en esta región se entretejen el autoritarismo gubernamental, la corrupción y la fortaleza del crimen organizado. Así pues, la muerte de Maldonado debe verse, desde una perspectiva histórica, como el resultado de una desatención a una problemática social regional que se inició a mediados de los ochenta, que no fue atendida y por el contrario se recrudeció. Desde esta mirada histórica, el asesinato de Maldonado, no es sino un eslabón más de esta cadena de asesinatos, que se iniciaron en 1986, con el asesinado de Norma Moreno, una joven periodista de 25 años, en Matamoros, Tamaulipas, el cuál ha sido considerado como el primer crimen periodístico por denunciar la corrupción gubernamental, y ha continuado creciendo con crímenes a lo largo del norte como Saúl Tijerina en Ciudad Acuña, Coahuila y Miroslava Breach en Chihuahua en 2017. Muchos de los cuáles no han sido sancionados o bien se ha dado un viraje diferente a su tarea periodística, asociando sus muertes a otros causales. Argumento cuestionable cuando la mayor parte de ellos cubría aspectos de corrupción, denuncia de autoridades o narcotráfico.
Particularmente, para Baja California, la agresión contra periodistas parte del emblemático asesinato de Héctor Félix Miranda, el Félix el Gato, en abril de 1988, en Tijuana, nuevamente asociado, igual que en el caso de Norma, con la corrupción de gobernantes locales, y sin una resolución clara en torno a haber castigado a los verdaderos culpables. Las dos muertes consecutivas de periodistas, acontecidas en Tijuana, en este primer mes del año: la del fotógrafo Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, son elementos suficientes para encender las alarmas de protección para los periodistas, no solo en Baja California sino en todo el país. Una tarea que corresponde a las autoridades de los tres niveles. De no tomarse, las medidas necesarias, nuevos eslabones se unirán a esta cadena de asesinatos, muchos de ellos impunes, lo que debería preocupar a las autoridades porque las colocará aún más en la mirada internacional como uno de los países más violentos contra periodistas, y en donde ejercer esta profesión puede costarles la vida.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
