La pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué le da a GM el derecho a entrar en una comunidad y usar la energía de nuestra gente durante veinte, treinta o cuarenta años, contaminar nuestra agua y envenenar nuestro aire, y luego, cuando terminen con nosotros, desecharnos tan fácilmente como tiraríamos una cáscara de naranja?
—Ed Cray
El pasado 29 de julio, Nissan anunció que cerraría su planta en el parque industrial CIVAC de Cuernavaca Morelos, después de casi 60 años de estar en Morelos, de aquí a marzo de 2026, 2400 trabajadores permanentes perderán su empleo. Esta decisión tendrá un impacto directo en el mercado laboral y en la rama industrial del Estado debido a la alta dependencia que otras actividades industriales, comerciales y de servicios tienen con NISSAN. Particularmente, en el empleo no solo serán afectados los trabajadores con estabilidad laboral, NISSAN también empleaba un número considerable de empleados temporales, en especial cuando iniciaba una nueva línea o bien un incremento de producción, recientemente, había anunciado el empleo de 1400 eventuales para una nueva actividad. Asimismo, habría que recordar que, de acuerdo a estimaciones de los economistas, por cada empleo formal en la industria, se generan otros dos indirectos, ya sea en servicios y comercio, o bien la misma rama industrial, como sería el caso de NISSAN que tiene varias pequeñas y medianas plantas que dependen de su actividad, considerando esto, cabe esperar una crisis acentuada en el mercado laboral y en la industrialización del estado.
La gobernadora morelense ha manifestado su decisión de platicar con los inversionistas japoneses para que la planta permanezca, estos intentos, aunque loables, muestran un desconocimiento de las lógica y prácticas transnacionales. Estas empresas, más allá del país de origen, se mueven por la búsqueda continua de localidades que mantengan o incrementen su tasa de ganancia, y que emigran cuando el territorio ya no les da ganancias o enfrentan problemáticas con su mercado, en este caso los aranceles del presidente Trump a las empresas automotrices, parecen constituir un factor relevante en la decisión. Resulta importante recordar que las plantas trasnacionales no se comprometen con los territorios y las comunidades donde llegan, salvo contadas excepciones, lo que buscan es el aprovechamiento de recursos humanos y materiales para sus actividades. El que se comprometan y dejen a las localidades más que empleos y salarios que pagana dependería de los requerimientos y exigencias gubernamentales, los cuáles deberían ser planteados cuando se instalan; si no les pide nada, y se le concede todo, como acontece, los inversionistas no darán nada a las comunidades, salvo los salarios que paguen, y las derramas que de ellos se deriven, pero no ayudaran a la transformación local o a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.
En ese sentido, los impactos positivos que tienen las empresas trasnacionales en un espacio como sería la creación de empleos, estimulo de otros sectores, son bastante frágiles dado que sujetan estos beneficios a sus ciclos productivos en el contexto internacional, por el contrario, los gobernantes enlazan el desarrollo presente y futuro de la localidad a estas empresas, y lejos de moderar y limitar estos enlazamientos o buscar contrapesos a la relevancia de una sola planta, los favorece, al otorgar beneficios a las empresas y servicios que se unan a este desarrollo industrial frágil, que depende de empresas que se mueven por la búsqueda de una mayor tasa de ganancia en un mundo globalizado, en donde el mejoramiento social local y nacional, pierden relevancia.
Para el capital no existen fronteras, todos los países se abren a nuevas inversiones, sin restricciones, en tanto que a los gobiernos les cuesta trabajo elaborar políticas sociales que acompañen las políticas de atracción de inversiones, en donde se busque un desarrollo social aparejado al desarrollo industrial de estas empresas., con el temor de que se vayan o no lleguen nuevas inversiones se renuncian a su responsabilidad de exigir un compromiso de las inversiones con sus territorios. La renuncia a estas exigencias hace que cuando estas inversiones emigren serán los trabajadores y las comunidades las que asuman de la irresponsabilidad gubernamental de no haber exigido el compromiso social de la empresa, más aún, más allá del apoyo discursivo, los gobiernos difícilmente implementan problemas que aminoren el impacto negativo en los trabajadores y su familia. En el pasado, la afectación y los costos de la emigración de inversiones parecía recaer en los países en desarrollo, sin embargo, desde los años sesenta del siglo XX con la deslocalización productiva de ramas como la electrónica, la textil, y a partir de los ochenta de la rama automotriz, los costos sociales son absorbidos por los trabajadores y comunidades tanto de países en desarrollo como desarrollados. La historia reciente de la industria automotriz, sector clave en la economía actual, tiene decenas de historias de localidades que han quedado devastadas cuando se va una trasnacional que parece estar arraigada, y comprometida, con la localidad. Historias como la de NISSAN-Morelos, pueden ser escuchadas en ciudades como Cleveland en Estados Unidos o bien Oshawa en Canadá, que experimentaron la movilización de inversiones primero entre sus fronteras y luego fluyendo hacia México u otros países. Así pues, la movilización de inversiones, sin responsabilidad alguna hacia los territorios que abandonan, y sin políticas nacionales que sancionen estos comportamientos, es una lección que los gobernantes se niegan a aprenden, situación queo que beneficia a las empresas transnacionales que siguen usando y desechando trabajadores y comunidades según les convenga, sin que ninguna instancia nacional o internacional les ponga un freno.