Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (del campus de Nuevo Laredo) pone de manifiesto las deficiencias existentes en el estado en relación a las áreas naturales protegidas. Entre los hallazgos debe destacarse la ausencia de una reglamentación ambiental eficiente y, sobre todo, la falta de su implementación, tanto a nivel estatal como municipal. A ello se le debe sumar la escasa financiación y capacidad técnica para cumplir con los objetivos de la preservación ambiental.
A la luz de lo sucedido recientemente, me parece que la situación es aún peor de lo que en aquel estudio se concluye. No sólo no existen los mecanismos adecuados para hacer efectiva la protección de las áreas naturales, sino que además se dan procesos en dirección contraria, tendientes a la destrucción de lo protegido. El verano que acabamos de dejar atrás nos ofrece dos ejemplos de ello, uno en el área natural “Laguna La Escondida”, en Reynosa, y otro en “Laguna Madre y delta del río Bravo”, en Matamoros. ¡En dos de las ocho áreas naturales protegidas de Tamaulipas! Empecemos.
A principios de agosto se detectó la mortandad de una parte importante de la fauna lacustre de La Escondida, especialmente peces y tortugas, cuyas causas aún no se habían determinado para mediados del presente mes. Como atestiguaron los medios de comunicación que cubrieron el suceso, junto a los cadáveres se encontraba una gran cantidad de residuos, tanto en las orillas de la laguna como en sus aguas (bolsas de plástico, láminas, cartón, llantas, etc.). Asimismo, días antes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa había detectado varias descargas de aguas residuales. Muy probablemente el origen de todos esos residuos sean las colonias aledañas (por lo que los vecinos no contribuyen mucho, que digamos, a su preservación), aunque no se descarta que también procedan de la cercana planta de Pemex. Lo más sorprendente es que hacía justo un año que el gobernador del estado, en un acto multitudinario, había dado por concluida la restauración ecológica de la laguna, después de años de ser un vertedero a cielo abierto y protegida, teóricamente, desde 1997. En todo caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se ha hecho cargo de determinar las causas y, si corresponde, establecer responsabilidades. Otra cosa será que esas responsabilidades se asuman.
Más o menos por esas mismas fechas y unos 120 kilómetros al este, la PROFEPA estaba realizando una revisión rutinaria por el litoral del Golfo cuando, de pronto, se topa con operarios de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros descargando aguas residuales en la Laguna Mar Negro. Esta laguna constituye uno de los espacios más importantes a nivel ecológico del delta del río Bravo, al albergar el único manglar del delta, y que ha sido objeto de restauración desde que fuera protegida en 2005. Según los operarios, las aguas abocadas procedían de los sanitarios y regaderas públicas de playa Bagdad, que también se halla dentro de los límites del área protegida. Ante ello, la PROFEPA procedió a presentar una denuncia penal por un delito contra el medio ambiente. Por el momento, el Ayuntamiento de Matamoros se ha deslindado de cualquier responsabilidad, argumentando que la JAD subcontrata a empresas externas para que se encarguen del tratamiento de las aguas residuales. Ironías del destino -o maniobras de contra propaganda-, escasos días después que fuera anunciada la denuncia, el gobierno municipal organizó un evento para la limpieza de playa Bagdad, en el marco del programa binacional de limpieza de playas. Lo peor del caso no es que el evento se publicitara por doquier, sino que se viene realizando desde hace algunos años. Uno esperaría que, a estas alturas, ya hubieran desarrollado una verdadera conciencia ambiental.
Pero las autoridades de Tamaulipas pueden estar tranquilas, porque por suerte no son las únicas que desprotegen las áreas naturales. Semanas atrás el gobierno municipal de Juárez, Chihuahua, aprobó la recalificación de un área cercana al cruce fronterizo de San Jerónimo: de reserva ecológica pasó a ser suelo industrial. Obvio, dicen, ante el futuro desarrollo económico que implicará la “ciudad binacional” Santa Teresa-San Jerónimo, la protección ambiental es un obstáculo.
El Dr. Xavier Oliveras González es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente en El Colef Matamoros.
